El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha firmado la ley del referéndum, junto a todos los diputados soberanistas. EFE/Andreu Dalmau

Puigdemont rompe con todas las garantías democráticas

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Puigdemont defiende saltarse los controles democráticos tras la aprobación de la reforma del reglamento del Parlament para facilitar la “desconexión” con España

Manel Manchón

Economía Digital

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha firmado la ley del referéndum, junto a todos los diputados soberanistas. EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 27 de julio de 2017 (05:55 CET)

“¿Qué garantías tendremos si no llevamos a cabo el proyecto que hemos iniciado?” Es la pregunta retórica que formuló el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la oposición para justificar la reforma del reglamento del Parlament, que permitirá sacar adelante la ley de “desconexión”, o ley de transitoriedad jurídica, sin el concurso del resto de grupos parlamentarios, y por vía de urgencia, rompiendo, precisamente, con todas las garantías democráticas.

Lo que se preguntaba Puigdemont es que, en aras del proyecto soberanista, que, inicialmente, constituía un plan para forzar una posterior negociación con el Gobierno central, es preferible saltarse las garantías democráticas, porque “no se espera nada” del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Esa es la idea que maneja el bloque soberanista, que ha colocado la quinta marcha en su camino hacia el referéndum del 1 de octubre, con pasos que están incitando a una reacción de Rajoy, para poder tomar nuevas acciones.

Puigdemont dice que no espera nada de Rajoy y que por eso avanza sin controles democráticos

La argucia, en todo caso, se aplica, y sin concesiones. El pleno del Parlament aprobó la reforma del reglamento de la cámara con los votos de Junts pel Sí y la CUP, 72, frente a toda la oposición, 63 diputados. Lo que implica esa reforma es que se podrá tramitar y debatir por el procedimiento de urgencia –algo que por sí mismo ya tienen otros parlamentos-- una ley si lo pide un solo grupo parlamentario, y no la totalidad de los grupos, como sucede ahora.

Pero esa reforma se ha aprobado únicamente para aprobar, en el pleno del 6 de septiembre, sin debate y sin las enmiendas del resto de grupos, la ley que dará cobertura al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. También está pensada para aprobar la ley de transitoriedad jurídica, o ley de la desconexión, que no tiene fecha todavía, con discrepancias internas entre el Pdecat y ERC sobre si debe ser aprobada junto a la ley del referéndum o después del 1 de octubre.

El procedimiento implica que se pueden incluir esas mismas leyes, para someterlas a votación, una vez iniciado el pleno, si que se deba incluir en el orden del día, buscando que no pueda ser recurrida de forma automática. También se ha buscado, con esa reforma, que las leyes no puedan someterse a un informe del Consejo de Garantías Estatutarias, algo a lo que tiene derecho la oposición. Todo está pensado para caminar de forma veloz, y permitir un calendario apretado, y, de forma casi clandestina, convocar el referéndum con el argumento de que se hace a través de una ley aprobada por un parlamento autonómico, y que tiene, a juicio del bloque soberanista, “toda la legitimidad”.

El objetivo es aprobar de forma acelerada y sin controles la ley del referéndum el 6 de septiembre

La reforma incluye que el periodo de sesiones pueda avanzarse al 16 de agosto y no, como hasta ahora, iniciarlo el 1 de septiembre. Con ello se pretende agilizar todos los trámites para sacar adelante la ley el 6 de septiembre.

Puigdemont fue taxativo con esa idea de que seguirán adelante, porque no hay ninguna garantía de que, respetando las leyes, el Gobierno de Mariano Rajoy se avenga a negociar. El problema es que el Gobierno central no se moverá hasta el 2 de octubre, y, además, querrá otros interlocutores, según fuentes del PP, porque no podrá dialogar con quien ha vulnerado la ley.

El Gobierno central tendrá este viernes esa reforma del reglamento del Parlament sobre la mesa. El consejo de ministros podría decidir la presentación de un recurso. Pero, por sí misma, según el diputado de Junts pel Sí, Roger Torrent, la reforma no sería inconstitucional. Hay otras interpretaciones, porque deja en fuera de juego a la oposición. Pero, en todo caso, el gran órdago es el propósito que se persigue con esa reforma, que vulnera todas las garantías democráticas.

El Gobierno puede recurrir este mismo viernes la reforma del reglamento del Parlament

El Govern de Puigdemont llega a finales de julio con los deberes hechos. La reforma del reglamento del Parlament acerca al soberanismo a la recta final.

El objetivo es que sea el Gobierno de Mariano Rajoy el que impida el referéndum, y, por tanto, se pueda convertir el 1 de octubre en una gran exhibición del independentismo en favor “de la democracia”, pero que, en realidad, sea el primer acto electoral de cara a unas elecciones autonómicas, que se querrán convertir en unos comicios “constituyentes”.  

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