Puigdemont se arruga y rechaza convertir a los Mossos en la policía de la independencia

El equilibrio entre Junts pel sí y la CUP es cada vez más difícil. El pacto entre ambas formaciones, que ya se generó con tensión y obligó a Artur Mas a dar un «paso al lado», pende de un hilo. Las discrepancias entre la coalición de Carles Puigdemont, que engloba a CDC y ERC, y los anticapitalistas de Anna Gabriel se han intensificado este martes a raíz de una moción presentada por los cuperos, que se votará el jueves en el pleno del Parlament.

Con esa moción, la CUP pretende que Junts pel sí reitere su compromiso con la llamada declaración del 9 de noviembre. Aquel día, los votos de ambas formaciones permitieron la aprobación de una resolución por la que se daba el pistoletazo de salida a la nueva república catalana, se desconectaba de España y se acordaba hacer caso omiso de la legalidad española y de las resoluciones del Tribunal Constitucional.   

Rechazo de la oposición

El Gobierno central recurrió esa declaración y en diciembre, en una sentencia exprés, el Tribunal Constitucional la anuló y la dejó sin efecto. Pero la CUP no quiere escuchar a los jueces e insiste en sus postulados independentistas y de insumisión a las resoluciones de los tribunales españoles. Por eso, presentó la moción, que negoció durante todo el martes con Junts pel sí y que provocó desde un primer momento el rechazo del resto de partidos: Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es pot.

Tras un día de intenso tira y afloja en el Parlament, Junts pel sí y la CUP consensuaron un texto de ocho puntos para esa moción. No obstante, fuentes de CDC explican que su coalición votará en contra de los apartados tres y cuatro. ¿Qué dicen esos puntos? El primero invita «a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado español».

Evitar el choque de trenes

El segundo, insta «al Govern a desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática del Estado español y, en consecuencia, a que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra no los ejecute como policía nacional».

Así, ni CDC ni ERC quieren ir directos al choque de trenes y rechazan, por tanto, una insumisión directa. Tampoco se comprometen, como pretendía la CUP, a convertir a los Mossos en la policía de la independencia. Para tomar esta decisión ha sido capital la intervención de los convergentes, que han convencido a los republicanos de la inoportunidad de enfrentarse al Estado de forma tan abierta.

Desafío al Constitucional

No obstante, los seis puntos restantes de la moción vienen a reiterar otros aspectos de la declaración del 9 de noviembre que anuló el Constitucional. En consecuencia, su aprobación, si finalmente se produce el jueves, puede situar a los parlamentarios que la voten a favor en una posición incómoda por no decir ilegal.

En el primero de esos apartados se «ratifica la firme voluntad» del Parlament «de seguir llevando a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas para conseguir y culminar democráticamente la independencia de Cataluña». En el texto final de la moción, tras la transacción entre Junts pel sí y la CUP se especifica que «el Parlament reitera los objetivos contenidos en la declaración del 9-N».

«La aprobación de ese punto es un desafío en toda regla al Constitucional, ya que la resolución fue anulada por Tribunal. Supondría, por tanto, incurrir en la ilegalidad y el desacato», indican fuentes del PP en el Parlament.

Presupuesto para redactar la constitución catalana

Además, la moción pretende que la Cámara legislativa catalana muestre «su máximo apoyo a los ayuntamientos investigados y criminalizados» por haber apoyado esa declaración. El documento insta también al Govern a que en un máximo de 60 días presente un informe sobre las actuaciones que ha realizado de cara a declarar la independencia de Cataluña.

Por último, la moción de la CUP prevé que se acelere el proceso para redactar la nueva constitución de la república catalana e insta al conceller de Economia, Oriol Junqueras, a que incluya en los presupuestos de la Generalitat para este año, que aún no se han redactado, una partida «para fomentar la participación ciudadana en el citado proceso constituyente».