Un manifestante ante unos contenedores en llamas en las proximidades de la Consejería de Interior de la Generalitat. /EFE/Andreu Dalmau

La quema de contenedores en Barcelona triplica los daños del 1-O

stop

La factura de los contenedores quemados en Barcelona sube a 820.000 euros, casi el triple de los 314.000 euros en daños causados por la Policía el 1-O

Josep Maria Casas

Economía Digital

Un manifestante ante unos contenedores en llamas en las proximidades de la Consejería de Interior de la Generalitat. /EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 17 de octubre de 2019 (21:00 CET)

En los dos últimos días han quemado cerca de 650 contenedores de basura en el centro de Barcelona durante las protestas por la sentencia del procés: 250 durante los disturbios de la noche del martes y otros 400 en la del miércoles.

El Ayuntamiento de Ada Colau valora el importe de los contenedores de basuras siniestrados durante estos dos días de protestas callejeras en 820.000 euros. La factura superará los 1,1 millones de euros si se suman los destrozos en el resto del mobiliario urbano: semáforos, señales, papeleras, bancos, ... y lo que costará reponer el asfalto. La combustión de los contenedores de plástico abrasa el pavimento.

No se han calculado los desperfectos que han sufrido los particulares. Entre estos destaca una decena de vehículos calcinados. La mayoría estaban estacionados en la calle Roger de Flor.

Por poner un ejemplo, el importe de los contenedores quemados en las protestas por la sentencia del procés en Barcelona casi triplican los desperfectos causados por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de octubre (1-O) de 2017.

El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cifró los desperfectos provocados por policías nacionales y guardias civiles en 314.000 euros. Este es el importe que constaba en un informe de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat sobre los daños registrados en los colegios electorales de toda Cataluña durante el 1-O.

El costo de los contenedores quemados en Barcelona en los dos últimos días es 2,6 veces superior a los desperfectos causados en los colegios de toda Cataluña aquel 1-O. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona clamaron contra la violencia de la actuación policial, por el número de heridos y también por los daños causados en los centros. El gobierno de Colau se querelló entonces contra los agentes.

Calma en el Ayuntamiento

Cuando se producen actos vandálicos contra el mobiliario urbano como en los dos últimos días, el Ayuntamiento ejerce la acusación de oficio tal como establece el protocolo  de actuación en estos casos, según informan fuentes municipales. El problema es que los alborotadores detenidos –casi un centenar desde el lunes– lo fueron por atentar contra agentes del orden público y no por quemar contenedores o romper mobiliario.

Algunos partidos políticos y asociaciones empresariales piden más contundencia al gobierno de Colau. La concejal de Ciudadanos Luz Guilarte reclamó que el Ayuntamiento actúe como acusación participar. El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, aseguró en el parlamento catalán que “los líderes del Tsunami responderán ante la justicia y pagarán de sus bolsillos los graves destrozos”.

El Gremio de Restauradores, que agrupa a propietarios de bares y restaurantes, también exige al Ayuntamiento que ejerza la acusación popular por los disturbios. Califican de “inadmisible” el destrozo de sillas y mesas de las terrazas. Los alborotadores las utilizaron para atacar a los agentes. Además, recuerdan que las imágenes de violencia que se reproducen en medios de todo el mundo generarán cancelaciones de reservas y reducen el consumo.

La Generalitat pide la libertad para los detenidos

En cambio, el gobierno de Quim Torra no es partidaria de la mano dura judicial (otra cosa es la policial) contra los detenidos. Los abogados de la Generalitat pidieron “libertad bajo fianza mínima” para cuatro de los detenidos durante los disturbios del martes frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña. La juez de guardia rechazó la petición de la Generalitat y aceptó la de la fiscalía, que propuso prisión provisional sin fianza.

La alcaldesa Colau adoptó este jueves una actitud contemporizadora. Atribuyó los altercados a una “minoría”. Señaló que la ciudad “casi” ha recuperado la normalidad. Indicó que algunas calles del centro seguían cortadas porque “se quemaron contenedores y el plástico quemado daña el pavimento”. Brigadas de operarios trabajaron este jueves en la reposición del asfalto.

Los incidentes se reprodujeron en la noche de este jueves (todavía están pendientes de evaluación) y se prevé que continúen este viernes con motivo de la huelga general. 

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad