El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, en una comparecencia en Bruselas el 26 de junio de 2019. Foto: EFE/EG
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La Generalitat organiza una campaña internacional de descrédito contra Borrell, al que acusa de "espiar" la actividad de sus delegaciones en el extranjero

Iván Vila

Economía Digital

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, en una comparecencia en Bruselas el 26 de junio de 2019. Foto: EFE/EG

Barcelona, 10 de julio de 2019 (20:36 CET)

"Una cuestión marginal". A ese grado rebajó la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la carpeta del independentismo catalán en su agenda como futuro Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea (UE).  Empeñado en desmentirle, el gobierno de Quim Torra activó este jueves una campaña de acoso y derribo contra él en clave internacional. Esta vez, tras conocerse la existencia de informes del ministerio de Exteriores que detallan el uso que el govern da a sus delegaciones en el extranjero para promover la causa independentista.

La Generalitat ha elevado el asunto a la categoría de "espionaje" y, además de pedir la dimisión de Borrell, ha anunciado que enviará una carta firmada por Torra y el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, a todos los eurodiputados y a las cancillerías "europeas e internacionales" para denunciar lo que el govern considera "un escándalo democrático", en palabras de Bosch.

Los frutos de la vigilancia, según informaron eldiario.es y TV3, se incluyen en la documentación que Exteriores remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para solicitar el cierre de las delegaciones de la Generalitat en Londres, Ginebra y Berlín, tres de la docena de las también conocidas como "embajadas catalanas" que el ejecutivo de Quim Torra reabrió tras el fin de la aplicación del artículo 155. Durante la intervención, el gobierno de Mariano Rajoy había desmantenado todo el aparato paradiplomático de la Generalitat.

Borrell y las embajadas de Torra

La documentación remitida al TSJC incluye "información reservada" según la cual, los tres delegaciones y sus responsables se extralimitan en sus funciones y maniobran en busca de apoyos a la causa independentista y fomentando el descrédito de las instituciones españolas. Entre los episodios que se recogen, están mensajes confidenciales de la Generalitat y también unas supustas instrucciones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras —ahora en prisión preventiva a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés—, para que las delegaciones busquen en el seno de la Iglesia apoyo internacional a los líderes independentistas encarcelados.

El ministerio de Exteriores alegó en un comunicado que forma parrte de su cometido "vigilar de cerca" cualquier actividad destinada a llevar a término los planes independentistas del govern y "detectar el uso indebido de fondos y recursos públicos para menoscabar la imagen de España e intentar consumar el proyecto separatista", como a su jucio han hecho algunas de las delegaciones en el exterior.

En la Generalitat hablan en cambio de un caso de "espionaje político" y de persecución de las opiniones, una operación "escandalosa e impropia de un Estado de derecho democrático", según recalcó el ejecutivo de Torra en una nota de prensa. El caso, para el gobierno de JxCat y ERC, no es más que "un paso más en la deriva represiva del Estado español y un nuevo ejemplo de las formas autoritarias de un ministro que ahora quiere ser el máximo responsable de la diplomacia y la seguridad común europeas".

De hecho, los grupos de ambas formaciones independentistas en el Congreso ya han solicitado la comparecencia del ministro en un pleno extraordinario para que aclare si se espió a las delegaciones, según informa EFE.

Además de la petición de comparecencia, ERC y JxCat han registrado una batería de preguntas para que el Gobierno conteste por escrito sobre aspectos como cómo se financió esa vigilancia, desde cuándo se puso en marcha y si Borrell o el presidente, Pedro Sánchez, tuvieron conocimiento de la misma.

Torra y la cortina de humo

La andanada es el último episodio de la enconada guerra entre el independentismo y Borrell, que pese a que permitió la reapertura de las embajadas, ya ha recurrido al TSJC contra varias de ellas y a final de junio anunció que también lo haría contra la apertura de las que la Generalitat prevé estrenar próximamente en Túñez, México y Buenos Aires.

El nuevo frente abierto coincide con el inminente nombramiento de la bestia negra del separatismo en que se ha convertido Borrell, catalán para más inri, como jefe de la diplomacia europea, con lo que la cruzada contra él se enmarca en la estrategia de -en palabras de Carles Puigdemont-  "internacionalización del conflicto". Pero además, el asunto se encabalga igualmente con la mayor crisis entre JxCat y ERC desde la de los diputados suspendidos en el Parlament.

Los dos integrantes del govern Torra siguen a la greña por los pactos posteriores a las elecciones municipales en los que se han ninguneado mutuamente, tanto en numerosos ayuntamientos como en la Diputación de Barcelona (Diba), donde el viernes los posconvergentes anunciaron un acuerdo con el PSC que dejaba de lado a Esquerra, lo que provocó un incendio que, a pocas horas del pleno constitutivo de la Diba de este jueves a mediodía, sigue descontrolado. Pese a lo cual, la Generalitat pone sordina.

Este miércoles, el gobierno catalán escenificaba un gabinete de crisis integrado por dos miembros del gobern de JxCat, el propio president Torra y la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, y dos de ERC, el vicepresident Pere Aragonès y el conseller Bosch. Pero no, no se trataba de una cita para despachar sobre el encontronazo por los pactos, sino para hablar del episodio del espionaje y consensuar la campaña europea contra Borrell.

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