Rajoy atornilla a Mas con un plan para controlar en qué se gasta cada euro

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El Gobierno da 3.034 millones a la Generalitat para que los destine "exclusivamente" a pagar las facturas de sanidad, educación y servicios sociales

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

en Barcelona, 20 de noviembre de 2015 (22:57 CET)

Mariano Rajoy le aprieta las tuercas a Artur Mas. Y lo hace donde más le duele: en el bolsillo. El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un plan para evitar que la Generalitat se gaste los recursos públicos en embajadas, publicidad, subvenciones o en la creación de nuevas estructuras de estado y destine los fondos de que dispone a pagar las facturas de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La idea del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es seguir sufragando a Cataluña, que ya no tiene acceso a los mercados después de que sus títulos se desplomasen a la calificación de bono basura, pero evitar al mismo tiempo que la Generalitat despilfarre el dinero público. En otras palabras, el Gobierno central ha intervenido financieramente al Ejecutivo catalán.

Pagos directos a los proveedores

Hacienda ha acordado dar otros 3.034 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, pero cada uno de esos euros será fiscalizado para que se "desembolse directamente en favor de los proveedores". "Los pagos se destinarán exclusivamente para pagar los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales)", según hizo saber el Ministerio en un comunicado.  

Montoro justifica su decisión en varios hechos ocurridos las últimas semanas. Además de la calificación de la deuda catalana como bono basura, el ministro recuerda que la Generalitat ha declarado "el impago de la deuda con las farmacias" y que algunos miembros del Govern han anunciado públicamente, en el marco del proceso independentista, "su voluntad de incumplir las leyes".

Autorización para cualquier otro gasto

En consecuencia, el Gobierno central cree que en Cataluña "se ha puesto en riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas". Por eso, si la Generalitat quiere atender algún pago que no sea uno de los que estrictamente le señale el Ministerio tendrá que "solicitar autorización" y, además, deberá "motivar las razones por las que no puede atender esos servicios con el resto de recursos".

Pero los mecanismos de control aún van más allá. La Generalitat deberá registrar todas sus facturas y ponerlas en conocimiento del Gobierno a través de un registro. Y también "deberá informar diariamente del estado de tramitación de cada factura". En paralelo, Hacienda exigirá a la Conselleria de Economia un certificado en el que se constate que el dinero del FLA no se ha utilizado "para contravenir la Constitución o las leyes".

Amparo a los funcionarios

Por último, el Estado se ha preocupado de que los funcionarios que sigan sus directrices no se vean en un problema con las autoridades catalanas. Por eso, prestará "amparo" a los funcionarios públicos que prestan servicios en la comunidad autónoma en relación al acuerdo de intervención de las finanzas de la Generalitat.

Al Govern no le ha hecho ni pizca de gracia el anuncio de Hacienda y no ha tardado en reaccionar. El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ha anunciado que demandará al Ejecutivo de Rajoy si condiciona los préstamos del FLA por cuestiones políticas: «No conozco todavía los detalles exactos, pero lo miraremos, y si la condicionalidad incluye criterios políticos lo denunciaremos en todas las instancias donde lo podamos denunciar», ha subrayado el conseller.

Mas-Colell ha añadido que el Gobierno "está aplicando de forma encubierta el artículo 155 de la Constitución" y ha acusado al ministro de intentar "colapsar administrativamente" a Cataluña.        

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