El Gobierno enmienda al TS con el impuesto de las hipotecas. El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, durante la clausura del XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Valencia, el 30 de octubre. Foto: EFE/KF

Sánchez, rehén del Congreso, afianza su favor al separatismo

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El cambio de criterio de la Abogacía del Estado puede traer graves consecuencias en la crisis catalana, en el PSOE y en la diplomacia extranjera

Carlos Carnicero

El Gobierno enmienda al TS con el impuesto de las hipotecas. El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, durante la clausura del XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Valencia, el 30 de octubre. Foto: EFE/KF

Madrid, 03 de noviembre de 2018 (20:00 CET)

Aclaremos definitivamente algo importante: la Abogacía del Estado es una institución que depende directamente de la Administración; es decir, del Gobierno. No tiene más remedio que seguir las instrucciones que este le dé. Y es esa clave en la que hay que analizar su cambio de criterio.

No solo ha desestimado la acusación de rebelión, sino que ha reducido lo sucedido en Cataluña a un mero problema de orden público. No se pronuncia una sola vez la palabra violencia para calificar lo sucedido hace un año cuando se atentó contra la Constitución y se proclamó una república catalana independiente de España.

Hay que disociar el honesto debate jurídico que discute si se dan todas las condiciones tipificadas en él delito de rebelión, pensado para las asonadas del pasado, de la claudicación de quienes han cambiado de criterio por oportunismo político.

Entramos en una deriva desintegradora de los valores de la convivencia que no será fácil de corregir

Reducir a la condición de altercados de orden público lo que fueron acciones premeditadas desde las instituciones para acabar con la Constitución, separarse de España, apoyados con hechos tumultuarios, impulsados desde las mismas instituciones es, sobre todo, un acto estúpido e irresponsable.

Hacerlo además en beneficio propio para perpetuarse en el poder inhabilita para siempre a quien lo haya ejecutado. Y la guinda de este papel es la acusación en los tribunales del jefe de los Mossos d'Esquadra que establece la complicidad, al menos por pasividad, de este cuerpo policial del estado en todos los sucesos del año pasado.

Es difícil no observar un cierto grado de complicidad del Gobierno con quienes han querido malversar nuestra Constitución, que favorece a que otros sigan por ese camino. Sobre todo, porque al final de este camino emprendido por Pedro Sánchez casi se promete un indulto.

Vayamos por partes para analizar los hechos y las graves consecuencias que pueden acarrear en el futuro.

El interés personal de Sánchez

El interés personal del líder del PSOE es algo que no se puede refutar. Carmen Calvo nos lo aclaró con su juego malabar para distinguir entre el secretario general del partido y el presidente de Gobierno. Confirmó que el ciudadano Sánchez, en el mes de mayo, estaba firmemente convencido que en Cataluña había ocurrido un delito de rebelión.

La vicepresidenta Calvo, con la habilidad que le caracteriza, dijo que lo que había motivado el cambio de criterio de Sánchez era su actual condición de presidente del Gobierno. Eliminó la posibilidad de que su cambio de convicción tuviera raíz jurídica. Ha sido una decisión netamente política.

No existe otra explicación que la necesidad de los votos de los separatistas para aprobar el Presupuesto. El error de cálculo de Sánchez fue que el cambio de criterio de la Abogacía del Estado no ha sido suficiente. Muchos indicios de que el Gobierno intentó cambiar el criterio de la Fiscalía y al final no pudo hacerlo, o que el miedo a una revuelta de fiscales le animó a desistir.

Las secuelas en el extranjero

Las consecuencias internacionales son muy graves. Las tesis defendidas por el Gobierno dan la razón a la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein que solo concedió la extradición de Carles Puigdemont por el delito de malversación.

La decisión de Sánchez dificulta cualquier recurso ante el tribunal de derechos humanos europeo, toda vez que en esa instancia no tiene parte la Fiscalía y sí la Abogacía del Estado. En un hipotético recurso, en el caso de que los procesados fueran condenados por rebelión, no es fácil que la parte española defienda la condena por un delito que no cree que se haya producido.

Necesariamente tiene que haber estupor en muchas cancillerías e instituciones europeas que apoyaron incondicionalmente a España, para defender la Constitución, que ahora observan que el criterio del Gobierno actual es que solo hubo altercados de orden público.

Los votantes del PSOE

En espera de conocer encuestas distintas a las de la "cocina de Tezanos", es presumible que dentro del potencial electorado socialista haya cuanto menos desconcierto por el cambio de actitud del gobierno de Sánchez. De ahí el desesperado intento de presentar el cambio de actitud de la Abogacía del Estado como una decisión autónoma, ajena a las indicaciones del Gobierno.

El ardid tiene sustento lógico. Habrá ciudadanos que no quieran establecer una relación directa entre el papel de la Abogacía con el intento de Sánchez de contentar a los secesionistas catalanes.

La respuesta la tendremos en las elecciones andaluzas. Una comunidad autónoma extraordinariamente sensible a los valores constitucionales y a la creencia de que todas las comunidades autónomas tienen que tener los mismos derechos y obligaciones.

Sánchez se queda sin presupuestos

El intento de Sánchez de satisfacer a los secesionistas catalanes para garantizar su apoyo a los presupuestos es, previsiblemente, inútil. No es suficiente porque ellos exigían como mínimo un cambio en la acusación de la Fiscalía.

Todo queda en manos de Oriol Junqueras, cuyo papel, paradójicamente, se ha revalorizado en la disputa por la hegemonía del nacionalismo catalán.

De él depende, seguro que, en una valoración de conveniencias para su proyecto, la posición de ERC frente a los presupuestos en función de si le conviene más provocar la caída del gobierno de Sánchez o su permanencia como rehén de los apoyos que necesita.

Una crisis incalculable

La conjunción del debilitamiento del Poder Judicial con las decisiones de Sánchez y la ofensiva contra la institución de la Monarquía —que junto a la Justicia han sido muro defensor frente a los ataques a la Constitución— abren una crisis de incalculables consecuencias.

Pedro Sánchez está desmantelando el papel histórico que ha jugado el PSOE en la vertebración de España. Una deriva que no es nada fácil de corregir. Lo único que tiene a su favor para mantenerse en el poder es la radicalidad reiterada de las críticas del Partido Popular en este asunto que le condenan a perder eficacia como fuerza de oposición.

Todavía existe en España un temor a ser considerado de derechas por el solo hecho de discrepar de las prácticas de este socialismo en el poder. Tal vez esa es la razón de fondo por la que un comunicador de televisión, en prime time, se pueda permitir el lujo de menospreciar la bandera de todos los españoles desde una cadena de televisión.

Probablemente hemos entrado en una deriva desintegradora de los valores esenciales de la convivencia que no será nada fácil de corregir.

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