Varias turistas toman fotografías este miércoles en Valencia, en un verano inusual debido a la pandemia provocada por la COVID-19 / EFE

Seis de cada diez empresas cobran tarde sus facturas

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Un estudio refleja que la situación económica general es el principal problema al que se enfrentan las empresas, mayor preocupación que el año pasado

Economía Digital

Varias turistas toman fotografías este miércoles en Valencia, en un verano inusual debido a la pandemia provocada por la COVID-19 / EFE

13 de agosto de 2020 (17:44 CET)

Los impagos se ha instalado en la nueva realidad post-Covid-19. Seis de cada diez empresarios ha reconocido que ha recibido retratos en los pagos de sus facturas desde el inicio de la pandemia, después de que el comportamiento del pago empeoró en España el año pasado, con 2,5 más, hasta los 90,63 días de media. 

El estudio editado en libro Análisis del comportamiento de pago empresarial sobre la situación de los pagos en las empresas española que ha publicado Informa D&B, filial de Cesdce. El documento ha reflejado que la situación económica general sigue siendo el principal problema que enfrentan las empresas, pero con una mayor preocupación que el año pasado, al pasar del 29% al 66%, seguido por la morosidad, con cerca del 20%. 

El 91% de las empresas confirmaba que había recuperado su actividad habitual. Según el estudio recogido por Europa Press, un 37% ha opinado que la principal razón de los retrasos en los pagos es la intencionalidad, seguido por los problemas financieros de los encuestados (32%) y los administrativos (28%).

La situación es muy diferente a la del año pasado. En ese periodo, para el 38% la primera causa del retraso en los pagos era financiera el, un 29% lo achacaba principalmente a problemas administrativos y un 23% los empresarios opinaba que se trataba de demoras intencionadas.

Larga tendencia

La directora del Departamento de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha explicado que el comportamiento en los pagos de las empresas españolas comenzó a empeorar en el último trimestre de 2017 y ha seguido esta tendencia para cerrar 2019 con un retraso medio de 14,12 días, casi un día más que los 13,30 del año precedente y que la media europea que terminó el año en 13,17 días. El retraso medio español había superado siempre al europeo hasta 2016 para volver a igualarse en 2018 y estar por encima desde entonces.

De igual forma, aumenta el porcentaje de impagados, con un 61% que reconoce haber sufrido impagos a lo largo de los últimos doce meses, cuando esta cifra era del 55% el año anterior, al tiempo que se eleva el importe de los impagados, siendo inferior al 5% de la facturación de la compañía en el 70,5% de los casos, cuando un año antes lo era en el 91%.

También ha aumentado el número de empresarios que aplica intereses de demora, que pasan del 14% al 27%, y, entre los encuestados, el 40% opina que la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago, como la medida que más favorecería un cambio de comportamiento, seguida por mejorar las ayudas con un 37%.

Retrasos en empresas

En 2019, el plazo medio pactado para abonar las facturas subió más de 1,5 días, hasta los 76,51 pagos, y el periodo medio de pago efectivo aumentó casi 2,5 días, hasta los 90,63 días. En conjunto, los retrasos de las empresas suponen un coste directo para el tejido empresarial de 1.728 millones de euros solo en los tres últimos meses del año.

Los resultados del análisis muestran que los pagos puntuales han ido disminuyendo en España, bajando del 55% a finales de 2017 al 47% al termino de 2019 y los pagos a más de 90 días suben por encima del 4%. Más del 50% de las empresas presentaba al cierre de 2019 un riesgo alto o medio alto de impagados.

El estudio también concluye que España mantiene una dicotomía en el comportamiento de pago de las empresas entre norte y sur, con una diferencia de 16,12 días en el retraso medio en los pagos entre la comunidad que mejor se comporta, Navarra con 9,86 días, y la que peor, Ceuta con 25,98 días, si bien el retraso medio se incrementa en la mayor parte de las autonomías desde hace un año.


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