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Trapero, Sánchez (ANC) y Cuixart (Òmnium) vuelven a declarar este lunes en la Audiencia Nacional por el informe de la Guardia Civil que les acusa de sedición

Josep Maria Casas

Economía Digital

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a su llegada a la Audiencia Nacional el 6 de octubre pasado. Este lunes declarará de nuevo ante la jueza Carmen Lamela. /EFE

Barcelona, 16 de octubre de 2017 (04:55 CET)

Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d’Esquadra, comparece este lunes por segunda vez ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Se le investiga por sedición. No sólo se juega una posible petición de pena de quince años de cárcel, con la que se castiga los delitos de sedición, sino el futuro de los Mossos. Si la magistrada le impone medidas cautelares, el Gobierno de Mariano Rajoy tendría el camino expedito para tomar el control de la policía catalana si finalmente aplica el artículo 155 de la Constitución.

En la primera declaración del 6 de octubre pasado, no se impusieron medidas cautelares a Trapero, ni a la intendente Teresa Laplana, ni tampoco a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ahora la situación ha cambiado. Los interrogatorios de este lunes se centrarán en un demoledor informe de la Guardia Civil que apunta a Trapero, Sánchez y Cuixart como ejecutivos de un supuesto plan secesionista. En los círculos judiciales madrileños se apunta que, si la jueza no actúa contra los investigados, "dejará en mal lugar” a la Guardia Civil.

El informe menciona en una decena de ocasiones al mayor Trapero. Le sitúa en el “comité ejecutivo” que supuestamente lidera el plan secesionista. En opinión de la Guardia Civil, está “totalmente involucrado”. Incluso se recoge una conversación de Jordi Sánchez en la que éste indica a un agente de la Guardia Civil que está en continuo contacto con el mayor de los Mossos y que si quería se lo ponía al teléfono. Esta conversación está fechada el 20 de septiembre, precisamente el día en que la detención de altos cargos de la Generalitat ​desembocó en una concentración multitudinaria frente a la consejería de Economía.

Conversaciones comprometedoras

En su informe, la Guardia Civil apunta a la creación de un “comité estratégico”, en el que estarían Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y un “comité ejecutivo”, en el cual incluyen a Sánchez, Cuixart y también a Trapero. El informe mantiene que los Mossos proporcionaron “seguridad” a los miembros del gobierno catalán para protegerlos ante las investigaciones de las que pudieran ser objeto. Incluyen una conversación telefónica entre el director de Seguridad de la Generalitat, Pere Soler, y uno de los altos cargos detenidos el 20 de septiembre, Francesc Sutrias, en la que le indica que han “aumentado la contravigilancia” a los que estaban “más expuestos”. La incontinencia verbal de algunos cargos políticos ha puesto a los Mossos a los pies de los caballos.

Trapero: la Guardia Civil lo señala por sedición, delito penado con quince años de cárcel

Lamela también preguntará a Trapero por la actuación de la policía catalana en el referéndum del 1 de octubre. La Guardia Civil la acusa de “inacción”. Como defensa, Trapero puede exhibir el informe que presentaron hace unos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los Mossos acreditan con atestados cerca de 6.700 actuaciones en los días previos al 1-O y, durante aquella jornada, impidieron la votación en 446 colegios electorales y decomisaron unas 400 urnas.

La declaración de Sánchez y Cuixart también es de alto voltaje. En una carta dirigida a los simpatizantes de la ANC, Sánchez advierte que este lunes será “un día determinante”. No sólo por las comparencias previstas en la Audiencia nacional, sino porque Rajoy espera antes de las diez de la mañana la respuesta de Puigdemont sobre la independencia. Sánchez pide a los independentistas que están “atentos a los canales de comunicación” habituales ante posibles movilizaciones. No descarta convocar este mismo lunes nuevos paros de país, como denominan a las huelgas en protesta contra las actuaciones del Estado.

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Referéndum 1-O
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