Estado de alarma hasta el 9 de mayo

El Consejo de Ministros aprueba un toque de queda a las once de la noche y permite a las comunidades llevar a cabo confinamientos perimetrales

El Consejo de Ministros ha aprobado este domingo un nuevo estado de alarma para activar las medidas restrictivas contra el coronavirus que se prolongará durante seis meses, hasta el 9 de mayo. La herramienta jurídica tendrá que ser ratificada por el Congreso de los Diputados tras los primeros 15 días. Es el resultado de varias horas de debate en el seno del Gobierno que se ha reunido de urgencia a las 10 de la mañana para buscar una solución a la escalada de casos de Covid-19. 

La medida supondrá el establecimiento de un toque de queda en toda España desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, cuando todos los ciudadanos deberán permanecer en sus domicilios. El Gobierno facilitará a las comunidades autónomas la posibilidad de adelantar o atrasar esta franja horaria pero no podrán eliminarla. La única región que se salva del confinamiento nocturno es Canarias, que no tendrá que aplicar esta restricción por el escaso impacto del coronavirus en su territorio. 

Además, también permitirá a las comunidades autónomas que tengan potestad para confinar perimetralmente sus regiones o sus municipios. Una medida que ya han empezado a poner en marcha algunos territorios. Si se aisla una zona, solo se podrá viajar por razones justificadas como motivos laborales o la asistencia a centros de salud. También tendrán respaldo jurídico para limitar las reuniones sociales a un máximo de seis personas. 

“El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas y la situación que vivimos es extrema. Es la emergencia sanitaria más grave vivida por España desde la aprobación de la Constitución”, ha explicado el presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. 

El presidente del Gobierno ha insistido en que la potestad para dirigir la estrategia contra la pandemia continuará residiendo en los gobiernos autonómicos y que responde a una “petición mayoritaria de las comunidades autónomas” en el último encuentro del Consejo Interterritorial de Salud. 

No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma, pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos más protegidos estaremos y más protegeremos al conjunto de la ciudadanía”, ha aclarado Sánchez. 

El Gobierno negocia la prórroga con el Partido Popular

La declaración del estado de alarma ya cuenta con el visto bueno de Ciudadanos que se ha comprometido a secundar la medida en el Congreso de los Diputados con sus 10 escaños. Una fórmula que ya funcionó de forma repetida durante la primera oleada de contagios, cuando España estuvo casi tres meses bajo un confinamiento domiciliario.

Falta por ver cuál será la respuesta definitiva del Partido Popular, la principal formación de la oposición. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lleva días advirtiendo que el apoyo de Pablo Casado es fundamental para garantizar la extensión de la medida, transcurridos los primeros 15 días.

“Solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario la semana que viene”, ha expresado Pedro Sánchez. El presidente ha admitido que ya ha mantenido un primer contacto telefónico con el líder de los populares, Pablo Casado. 

Pedro Sánchez decidió convocar de urgencia el Consejo de Ministros a última hora del sábado para tratar de aprobar una medida que permitiese articular una respuesta contra el coronavirus en todo el país, ante el aumento exponencial de casos positivos. Ya se había puesto en alerta a todos los ministros para que estuviesen disponibles para citarse. 

El objetivo es reducir la incidencia acumulada de la enfermedad por debajo de los 25 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los próximos meses. Un objetivo lejano, teniendo en cuenta que el ritmo de positivos contagios se encuentra actualmente en 368 casos. 

Las peticiones de las comunidades fuerzan un Consejo de Ministros extraordinario

La decisión se produce tres días después de que los responsables sanitarios de las comunidades autónomas se citasen en el Consejo Interterritorial de Salud. Un encuentro en el que hasta diez regiones pidieron esta medida drástica para poder aplicar restricciones de movilidad en sus territorios.

País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares son algunas de las que precisan esta herramienta jurídica para contener la evolución de la Covid-19. Las regiones gobernadas por el Partido Popular todavía no se han posicionado.

Algunos gobiernos autonómicos como el de Valencia y el de Castilla y León no han querido esperar a que entre en marcha el estado de alarma y han decretado por su cuenta toques de queda nocturnos para impedir la movilidad de sus ciudadanos por las noches, cuando deberán permanecer en sus casas.

Son las últimas restricciones en una cascada de nuevas medidas que se ha ido reproduciendo por todo el país. Las limitaciones de las reuniones sociales, el aforo de los establecimientos o el horario de cierre de bares y restaurantes son algunas de las más comunes.

España atraviesa el peor momento de la segunda oleada de contagios

Las nuevas restricciones responden a una oleada de contagios que ha ido creciendo en las últimas semanas en España que ya ha superado el millón de casos positivos y que ha registrado 34.752 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En los últimos días la incidencia de la enfermedad se ha disparado hasta los 368 contagios por cada 100.000 habitantes.

Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla y León son las regiones que más preocupan después de superar ampliamente el umbral de los 500 positivos por cada 100.000 ciudadanos en el acumulado de los últimos 14 días.

Se trata del tercer estado de alarma planteado por el Gobierno desde que se inició la pandemia de coronavirus en España. El primero se declaró en marzo y fue prorrogado hasta en seis ocasiones gracias al apoyo parlamentario. El segundo hace dos semanas para asegurar el cierre perimetral de Madrid y se llevó a cabo de forma unilateral.