Ayuso estudia recurrir el “impuesto a la solidaridad” y cifra en 1.000M el perjuicio a los madrileños
La Comunidad de Madrid asegura que se trata de un gravamen para castigar a las CCAA del PP y cree que es inconstitucional e invade competencias autonómicas
Isabel Díaz Ayuso y Nadia Calviño, reunidas este miércoles. EFE
Isabel Díaz Ayuso se ha erigido en la gran opositora a Pedro Sánchez, también, en lo que se refiere a las políticas impositivas. La Comunidad de Madrid abrió la veda de la competencia fiscal y ahora, tras las medidas del Gobierno para gravar más a las rentas altas, está decidida a combatirlas, si hace falta, en los tribunales.
El gobierno autonómico asegura que el llamado “impuesto a la solidaridad”, también conocido como a las grandes fortunas, es ilegal, invade competencias y persigue a las CCAA del PP, en especial a la capital española, a cuyos ciudadanos costará unos 1.000 millones de euros. Por todo ello, cuando conozca toda la letra del nuevo gravamen, estudiará recurrirlo a la justicia.
La Comunidad de Madrid difundió este jueves una primera valoración de las medidas fiscales presentadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además de invadir competencias e “ir solo a por las CCAA del PP”, el impuesto a la riqueza “es arbitrario y autoritario, como todo lo que hace Sánchez”, lamenta el gobierno de Ayuso.
Tal como Montero ha configurado el nuevo impuesto, y esquivar el escollo de gravar dos veces lo mismo, los contribuyentes que paguen Impuesto de Patrimonio, apenas se verán afectados por la nueva figura fiscal. Por ello, Ayuso denuncia que va a por las CCAA del PP, que son las que han decidido bonificar Patrimonio: Madrid, Andalucía y Galicia (en este caso, el 25% en 2022 y el 50% en 2023).
Con estos datos, la comunidad estima que el impacto del “impuesto a la solidaridad” en el bolsillo de los madrileños rozará los 1.000 millones de euros. Será, así, una parte importante de los 3.144 millones que Hacienda pretende recaudar en dos años. “Por tanto, se ya se podría concluir cuál es el objetivo de la norma”, añade el comunicado, en clara referencia a un agravio hacia los madrileños.
La Comunidad de Madrid cree que el impuesto a la riqueza es inconstitucional porque deja sin efectos las deducciones autonómicas en Patrimonio
La Comunidad de Madrid ve numerosas ilegalidades en la nueva medida fiscal. Asegura que no puede crearse nuevo impuesto en la Ley de presupuestos, que “no pueden crearse tributos ex novo por Decreto Ley”, solo podría tramitarse por ley ordinaria durante el mismo ejercicio 2023, con una tramitación de urgencia y concretando el gravamen con el País Vasco y Navarra.
Además, Ayuso tiene claro que invade competencias autonómicas, pues de facto anula la potestad de las CCAA para decidir sobre el Impuesto de Patrimonio. Las comunidades son las que deciden sobre el Patrimonio, sus exenciones, tarifa, deducciones y bonificaciones. Pero como el impuesto a las grandes fortunas deja sin efecto todas esas decisiones, “podría ser inconstitucional e incurrir en un fraude de ley”, pues dejaría a las CCCAA «sin capacidad normativa”.
