Barcelona acumula una morosidad de casi 600M€ en la etapa Colau

Desde el 2015, el consistorio de la capital catalana tiene un 60% de insolvencia en los tributos y un 83,4% en multas

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona / Barcelona en Comú

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El Ayuntamiento de Barcelona no hace los deberes en materia de control de las sanciones. Desde 2014 hasta la actualidad, no se han cobrado el 83,40% de las multas impuestas en la capital catalana. El periodo coincide, en gran parte, con la etapa de Ada Colau al frente del consistorio. 

Los cálculos proceden de la documentación publicada por el Instituto Municipal de Hacienda y la gerencia de presupuestos del ayuntamiento. Aparte de las multas, el gobierno municipal también registra un 60% de insolvencia en el capítulo de tributos. La memoria de la intervención general del consistorio de Colau y Collboni recoge cómo, a 31 de diciembre del año 2021, el ayuntamiento se ha visto obligado a computar 571.950.049 millones de euros como “un cobro dudoso”. 

El origen de las multas

El grupo municipal de Valents en el Ayuntamiento de Barcelona ha requerido al ejecutivo de Ada Colau que desglose el concepto de todas las multas impuestas en los dos mandatos de la dirigente de los Comunes. “Sospechamos de que las sanciones se han producido por incivismo o la venta ambulante, pero exigimos una explicación oficial”, afirma Rodrigo Martínez, consejero del distrito Sarrià-Sant Gervasi y miembro del equipo económico de la formación de Eva Parera. 

Por lo que respecta al capítulo de los tributos, el porcentaje de impagos es del 60%. En este sentido, Valents reconoce que se debe situar la cifra en el contexto de la pandemia, dónde las administraciones han fraccionado o aplazado el cobro de algunos impuestos. Precisamente, el condicionante del COVID-19 es la justificación que la intervención general utiliza para no computar en los balances, gran parte de los impagos de tributos. 

Pérdida de 11M€ por el Estado de Alarma

Durante el 2021, una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminó que el primer Estado de Alarma del Gobierno de Pedro Sánchez, decretado el 14 marzo del año 2020, fue ilegal. Durante la citada etapa excepcional, el Ayuntamiento de Barcelona impulsó unas 25.600 denuncias. 

En la misma etapa, en el conjunto del territorio catalán se registraron 170.000 multas. La Generalitat sólo ha cobrado el 19% de las sanciones establecidas dentro de sus competencias, una cifra que asciende a poco más de 5,2 millones de euros. El 90% de los expedientes en Barcelona no se llegaron a ejecutar, porque antes llegó el dictamen del organismo judicial. Si el consistorio de Ada Colau hubiera llegado a cobrar todas las denuncias, las arcas municipales habrían ingresado 11 millones de euros.

Por seis votos a cinco, los magistrados del Tribunal Constitucional entendieron que el decreto del ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para controlar la pandemia iba más allá de una limitación de derechos fundamentales como la libre movilidad. La ponencia del juez Pedro González-Trevinajo apuntó como el confinamiento domiciliario se utilizó con criterios propios de un estado de excepción. 

Colau, detrás del PSC y ERC en las encuestas electorales

Los números del Ayuntamiento de Barcelona llegan pocos días después de una encuesta que rebaja el liderazgo de Ada Colau. PSC y ERC empatarían en las elecciones municipales de 2023 en Barcelona, puesto que obtendrían entre once y doce ediles. Mientras que los socialistas lograrían entre un 22,5% y un 23,5% de los votos, los republicanos se moverían en una horquilla del 22% al 23%, según la valoración de Gesop.

Sin embargo, Barcelona en Comú, el partido de la actual alcaldesa, Ada Colau, se situaría en la tercera posición, con entre siete y ocho concejales, ya que tan solo conseguiría entre el 16% y el 17% de los votos, cuatro puntos por debajo de su resultado en 2019.

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