Ciudadanos apoyará la reforma laboral del Gobierno si el texto se mantiene íntegro

Edmundo Bal ofrece el voto de los 10 diputados de su grupo si no se acepta ninguno de los cambios que han exigido ERC, PNV y EH Bildu

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el Congreso. EFE/Fernando Alvarado

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Ciudadanos se ha colocado como un actor clave para desencallar la votación sobre la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. El partido liberal se ha comprometido a respaldar el decreto ley que ha negociado el Gobierno de Pedro Sánchez con los agentes sociales, siempre y cuando no sufra ninguna modificación en su tramitación parlamentaria.

El portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, ha puesto sobre la mesa las condiciones, un día después de que Inés Arrimadas adelantase su posible apoyo a la nueva normativa que sustituirá a la ley de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. El principal requisito es que no se acepte ninguna de las propuestas que han exigido Esquerra Republicana (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu para ofrecer su voto a favor.

«Queremos evitar que el Gobierno de España ceda, como viene haciendo desde el principio de la legislatura a las presiones de los nacionalistas, los separatistas, los independentistas«, ha explicado Bal en rueda de prensa tras la última reunión de la Junta de Portavoces.

El diputado de Ciudadanos ha remarcado que este paso adelante es un gesto de «responsabilidad» ya que no se trata de la reforma que ellos habrían impulsado. Este giro de guion le permite marcar distancias con el Partido Popular que ha anunciado su rechazo al texto, a pesar de que cuenta con el respaldo de los empresarios. La formación recuperaría así su rol como bisagra que ya ejerció en el debate presupuestario de 2020 o en los acuerdos para impulsar el estado de alarma.

«Ciudadanos está aquí para evitar los desmanes»

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

En todo caso su apoyo tampoco sería decisivo. El voto a favor de los 10 diputados de Ciudadanos en el Congreso permitiría elevar los apoyos de la coalición hasta los 165 escaños, pero todavía se queda lejos del umbral de la mayoría absoluta establecido en 176. Esta condición obliga al Gobierno a seguir recabando algunos apoyos externos más, por lo menos en forma de abstención.

El apoyo de Ciudadanos sí que le permitiría al Gobierno evitar problemas con la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha mandado varios mensajes de advertencia. Si el texto acordado con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tras nueve meses de negociaciones se modifica, se levantarán de la mesa colectiva para futuras conversaciones.

El PSOE recoge el guante de Ciudadanos

Aunque tanto el Gobierno como Ciudadanos han expresado en varias ocasiones que no se ha producido ninguna negociación expresa por la reforma laboral, las palabras de Bal demuestran la sintonía en este asunto. El guante ya ha sido recogido por el PSOE, que ha abierto la puerta a cualquier apoyo que venga desde la oposición para salvar la reforma laboral.

El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, ha vuelto a tender la mano a los liberales para sumarse al acuerdo. «Formaciones políticas que, aunque no apoyaron la investidura tienen esa responsabilidad, evidentemente, si deciden abstenerse o votar a favor pues bienvenido sean por el bien de nuestro país y por contar con sentido de Estado», ha señalado en una entrevista en Televisión Española.

Más reticentes al acuerdo están siendo los miembros de Unidas Podemos que han capitaneado las negociaciones de la reforma laboral de la mano de la vicepresidenta, Yolanda Díaz. La formación morada cree que el giro de guion de Ciudadanos responde solo a una estrategia electoral de Inés Arrimadas para ganar votos en las elecciones autonómicas de Castilla y León.

La formación morada sigue aferrándose a un acuerdo in extremis con sus socios por excelencia, aunque las posiciones están enquistadas. Tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco han exigido que se introduzca en el texto la prevalencia de los convenios autonómicos. Una condición que la patronal ya ha marcado como una línea roja.

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