El Congreso se divide ante la legitimación de los órganos reguladores del Estado

El Congreso se divide ante el informe que revisa las funciones de órganos reguladores como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para reforzar su independencia.

El PP, Vox, Ciudadanos y el PNV se han posiocinado en contra de un texto elaborado por el PSOE y Más País que, en la opinión de los primeros grupos parlamentarios citados, cuestiona la legitimidad de estas instituciones del Estado.

El texto será aprobado, previsiblemente, esta semana en la subcomisión parlamentaria, ya que cuenta con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más Madríd. Con la aprobación de este documentos, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instará que los mandatos de los altos cargos de los órganos reguladores sea de seis años o que el máximo cargo de las instituciones sea aprobado por mayoría cualificada.

¿Por qué se han posicionado en contra?

Los votos particulares, a los que ha tenido acceso EFE, critican que el documento deje entrever la injerencia del Gobierno y atribuye a estos organismos un carácter de excepcionalidad respecto al normal funcionamiento democrático de las instituciones «olvidando que no puede haber déficit democrático allí donde el legislador ha querido que existan», señala el Partido Popular en su voto.

«El informe parte de una premisa de ilegitimidad, desconfianza y sospecha en la existencia y labor de las autoridades independientes que resulta inaceptable en forma y fondo», incide el voto en contra de Ciudadanos.

Mientras que el del PNV se remonta años atrás para argumentar su oposición al documento.»Por momentos parece como si el documento se hubiera elaborado en los años noventa del siglo pasado cuando estuvieron vigentes objeciones constitucionales«, señala.

El partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo y el partido que lidera Santiago Abascal, critican que es un texto «politizado por los partidos de izquierda» y coinciden en que no impulsa la independencia y transparencia sino que ve a las autoridades administrativas independientes como una fragmentación del poder público administrativo.

«Se mantiene la pretensión de interferencia en su independencia», afirman los populares, que consideran que el informe pone en duda el encaje constitucional de las autoridades independientes, plantea el establecimiento de límites, e incluso su existencia.

Colisión ficticia entre el Gobierno y las administraciones públicas

Por otro lado, todos los partidos que han registrado votos particulares coinciden en que en el informe hay una colisión ficticia de legitimidades entre Gobierno y administraciones públicas, cuando ambas son igualmente respetables.

«Esta propuesta abre la puerta a su efectivo desmantelamiento como autoridades independientes, a una creciente politización de su actividad y a su sometimiento a los intereses partidistas de quienes coyunturalmente se encuentren ostentando el poder», recalca la formación que preside Inés Arrimadas.

El PNV reprocha que sea el Gobierno el que proponga al candidato, en vez de Consejos técnicos o de expertos, con el argumento de transferirles «su legitimación democrática como representante de la ciudadanía».

Desde Ciudadanos señalan que, en la práctica, supone permitir que la mayoría parlamentaria pueda someter la actuación de las autoridades independientes a su voluntad.

Por su parte Vox incide en que debería evitarse que «un excesivo control de la labor de estos organismos pueda privarles de su independencia y autonomía» y propone que sea un órgano específico e independiente, elegido por el Congreso, el que se encargue de la selección y nombramiento de estas entidades.