El Gobierno acelera la reforma del Poder Judicial para frenar los nombramientos

Partido Socialista y Unidas Podemos sacan adelante el trámite de urgencia en la Mesa del Congreso para evitar la designación de jueces por parte del CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner fin a los nombramientos de los nuevos jueces que está poniendo en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de trabajar en funciones. El Partido Socialista y Unidas Podemos han logrado este miércoles la tramitación de urgencia de su proyecto de ley para reformar el órgano de gobierno de los magistrados.

Los votos de las dos formaciones de la coalición en la Mesa del Congreso permitirán reducir a la mitad el tiempo para sacar adelante la reforma, con la que aspiran a limitar la capacidad de tomar decisiones del CGPJ, una vez que se haya concluido el periodo constitucional de su mandato.

A pesar de las prisas por sacar adelante la ley, el debate parlamentario todavía podría continuar alargándose con la presentación de enmiendas por parte de la oposición. Un escenario que parece evidente, después de que tanto el Partido Popular como Vox hayan mostrado su rechazo al trámite de urgencia.

El Gobierno pretende acortar los plazos para frenar los nombramientos de los nuevos jueces que el Poder Judicial prepara desde finales de año en un tira y afloja constante con Pedro Sánchez. Este miércoles han retomado las entrevistas con los candidatos a ocho puestos en audiencias provinciales.

El órgano que dirige el magistrado Carlos Lesmes se ha declarado en rebeldía contra el Ejecutivo y se ha negado a esperar la renovación de sus vocales que nunca llega para empezar a tramitar la designación de los magistrados. Un pulso para el que cuenta con la mayoría de apoyos en el seno de la institución.

La renovación del CGPJ sigue en punto muerto

El Gobierno quiere frenar los nombramientos de nuevos jueces pero todavía no ha logrado desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que pueda llevarse a cabo. Su mandato finalizó en 2018 pero permanece en funciones, debido a la falta de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para lograr la mayoría necesaria.

Pedro Sánchez y Pablo Casado llegaron a sentar las bases de un principio de acuerdo en una llamada telefónica durante el verano, pero finalmente los populares se echaron atrás, en respuesta a los ataques de Unidas Podemos contra la independencia política del rey Felipe VI. Sus diferencias con la posición del vicepresidente Pablo Iglesias ha impedido que se reactive.

Algunos miembros del Partido Popular han llegado incluso a plantear que el bloqueo continuará si el Ministerio de Justicia aprueba definitivamente un indulto para los doce políticos de la cúpula independentista que están en prisión por el delito de sedición del 1-O.

Ante esta situación, el Gobierno quiere vetar la posibilidad de que el Consejo siga teniendo capacidad para nombrar cargos importantes como los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, tras dos años actuando de forma interina.

La reducción de la mayoría cualificada está en el cajón

La falta de consenso con el Partido Popular ha llevado al Gobierno incluso a plantear una reforma legal para reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar al CGPJ. Quieren rebajar el requisito de los tres quintos en el Congreso de los Diputados para poder eludir el bloqueo de la oposición.

La medida recibió fuertes críticas en el sector de los jueces e incluso en el entorno europeo por el riesgo que supone para la politización de la justicia en España. Ya no sería necesario contar con un acuerdo con la oposición para colocar a los jueves en puestos estratégicos.

La presión forzó al Partido Socialista y a Unidas Podemos a enterrar la propuesta en un cajón y a optar por una reforma que plantee únicamente la prohibición de nombrar jueces de forma interina. Una medida de presión para los populares en el inicio del segundo año de legislatura.