El Gobierno de Sánchez recurrirá la ley catalana de alquileres

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la decisión después de que los magistrados hayan aceptado otro recurso planteado por el Partido Popular

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el 23 de marzo de 2021 | EFE/JCH/Archivo

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el 23 de marzo de 2021 | EFE/JCH/Archivo

El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de los alquileres que se aprobó en el mes de septiembre. En plena fase de negociación sobre los indultos y la mesa de diálogo, Pedro Sánchez ha optado por llevar a la Justicia una de las medidas estrella que el Parlament sacó adelante con el apoyo de Esquerra, Junts, la CUP y los comunes.

La medida se ha planteado después de no haber logrado alcanzar un acuerdo con la Generalitat para modificar el texto legal y adaptarlo a los artículos recogidos en la Constitución. La decisión saldrá aprobada previsiblemente en la próxima reunión del Consejo de Ministros que tendrá lugar el martes que viene, según ha publicado El Periódico.

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya dejó caer este miércoles en el Congreso de los Diputados su predisposición por plantear la apelación. “Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso”, expuso el dirigente socialista.

“No puedo mirar hacia otro lado”

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial

El Gobierno ha decidido dar un paso al frente para no quedarse atrás en la batalla jurídica de la vivienda, después de que el Tribunal Constitucional aceptara en enero otro recurso planteado contra la ley por parte del Partido Popular. La formación de Pablo Casado contrató entonces al bufete de abogados del que es socio Albert Rivera para preparar el texto legal.

La denominada Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas de los contratos de arrendamiento de viviendas entró en vigor el pasado 22 de septiembre en Cataluña, en plena pandemia de coronavirus. La normativa obliga establece un límite en los precios del alquiler en las zonas de la comunidad que tengan un mercado tensionado, lo que afecta a más de 60 municipios con más de 20.000 habitantes.

La ley catalana contempla sanciones de entre 3.000 y 90.000 euros para los arrendatarios que la incumplan y ha sido criticada con fuerzas por las patronales del sector inmobiliario que temen que termine provocando una paralización de la actividad y una reducción de la oferta de pisos.

El Gobierno veta la ley catalana sin terminar su alternativa a nivel nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido acudir a los tribunales para intentar impugnar la ley catalana de vivienda, a pesar de no haber sido capaz de alcanzar un acuerdo interno para desbloquear su propia normativa estatal en lo que va de legislatura. Precisamente las diferencias en la regulación del alquiler son las que han dividido al bloque del Partido Socialista y de Unidas Podemos.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firma en el Ayuntamiento de Ibiza un protocolo de colaboración. EFE
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firma en el Ayuntamiento de Ibiza un protocolo de colaboración. EFE

La nueva ley de vivienda era uno de los grandes objetivos políticos de Pablo Iglesias mientras era vicepresidente segundo, pero abandonó la política antes de lograr limar sus asperezas con el ministro socialista, José Luis Ábalos. Las dos partes han rechazado en varias ocasiones las propuestas presentadas, lo que puede abocar a que su presentación no se materialice hasta después del verano.

Mientras que Unidas Podemos se ha enrocado en su iniciativa para regular directamente el mercado del alquiler, el bloque socialista ha apostado por una fórmula de incentivos fiscales que permita acometer una bajada del precio para los usuarios pero que no perjudique a los propietarios de las viviendas.