El Gobierno rechaza investigar los símbolos independentistas en un colegio de Cataluña

El Ministerio de Educación emplaza a S'ha Acabat! a dirigirse a la Generalitat: "Corresponde a la Inspección educativa de su comunidad velar por el cumplimento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones"

Mural independentista de la Escuela Barnola, que S’ha Acabat! ha denunciado frente a la Alta Inspección Educativa en Cataluña

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De poco ha servido la denuncia de S’ha Acabat! a la Alta Inspección Educativa por un mural pintado con una bandera independentista en un colegio de Cataluña. El Ministerio de Educación ha declinado tomar acción alguna, escudándose en una cuestión competencial, e insta a la organización juvenil constitucionalista a llevarlo ante los inspectores de la Generalitat.

«Este Ministerio, en base a la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, con fundamento legal en la Constitución y los Estatutos de Autonomía, vigila la normativa que las CCAA aprueban en cumplimiento de lo establecido en la legislación básica, sin posibilidad de intervención directa por no permitir el ordenamiento jurídico una relación jerárquica», recoge la respuesta a la que ha tenido acceso Economía Digital.

La respuesta remarca que «corresponde a la Inspección educativa de su comunidad velar por el cumplimento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que afecten al sistema educativo, así como supervisar el funcionamiento de los centros educativos, la práctica docente y la función directiva».

Emplazan a recurrir a la consellería de Educación

La gestión directa de los centros públicos correspondería, en todo caso, a la Generalitat de Cataluña y, más concretamente, a la consellería que dirige el polémico Josep González Cambray. Debería ser el cuerpo funcionarial autonómico, bajo las órdenes del departamento que quiere impedir que se cumpla el 25% de castellano, el que diera solución a esta queja.

«Agotada, en su caso, la vía administrativa, si procede, sus derechos también pueden ser tutelados en vía jurisdiccional», recoge la respuesta firmada por la Subdirección General, Inspección y Programas. El ministerio que dirige Pilar Alegría emplaza a recurrir a los órganos autonómicos y, en última instancia, abrir la vía judicial.

La organización juvenil constitucionalista había llevado a la Escola Barnola de Avinyó (Barcelona) ante la Alta Inspección Educativa por un mural con la estelada. S’ha Acabat criticó que se tratara de un «símbolo inequívoco del independentismo catalán, cuya pretensión consiste del deseo de secesión de una parte del territorio nacional español como es Cataluña«.

En dicha denuncia, registrada el pasado 12 de febrero, la entidad exige a la Alta Inspección Educativa que «investigue si la presencia de simbología política y partidista en el patio de un centro educativo pudiera ser constitutivo de una falta administrativa o un incumplimiento del deber exigido a todas las administraciones públicas de España».

La situación de Alta Inspección en Cataluña

La alta educación del Estado solo cuenta con dos altos cargos dependientes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que son un director de Alta Inspección y un Alto Inspector de Educación. Aunque desde la delegación explicaron que se trataba una situación que lleva muchos años así y que ambos cuentan con un equipo de funcionarios que realiza “trabajo administrativo”.

Una situación que dibuja una realidad: la falta de presencia del Estado en las CCAA, pese a que es el Ministerio de Educación quien ordena y establece cuál es la programación general de la enseñanza en todo el país, así como cuáles son las condiciones para la obtención de un título. Las autonomías tienen competencias ejecutivo-administrativas transferidas.

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