Denuncian a un colegio de Cataluña ante la Alta Inspección Educativa por una ‘estelada’ en el patio

'S'ha Acabat!' denuncia la "presencia inequívoca de simbología política" en un centro público: "El gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado y desamparando a los constitucionalistas catalanes"

Mural independentista de la Escuela Barnola, que S’ha Acabat! ha denunciado frente a la Alta Inspección Educativa en Cataluña

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Nuevo caso de simbología independentista escolar. Si hace unas semanas saltó la polémica por la aparición de carteles a favor de la inmersión lingüística en las fachadas de varios colegios, ahora S’ha Acabat!, la principal entidad juvenil constitucionalista, ha llevado a un centro ante la Alta Inspección Educativa a la Escola Barnola de Avinyó (Barcelona) por un mural con la estelada.

La asociación hace referencia a un documento donde se puede ver un mural de la escuela sobre cultura catalana. Nada raro hasta ahí, aunque el problema viene cuando la bandera que corona un dibujo sobre los castellers es una ‘estelada’. Un símbolo independentista en un centro educativo, sin respetar la neutralidad institucional.

En la denuncia presentada por S’ha Acabat! ante la Alta Inspección Educativa se refleja que «se hace patente la presencia de simbología política como es una bandera ‘estelada’, símbolo inequívoco del independentismo catalán, cuya pretensión consiste del deseo de secesión de una parte del territorio nacional español como es Cataluña».

En dicho escrito, registrado el pasado 12 de febrero, la entidad exige a la Alta Inspección Educativa que «investigue si la presencia de simbología política y partidista en el patio de un centro educativo pudiera ser constitutivo de una falta administrativa o un incumplimiento del deber exigido a todas las administraciones públicas de España».

La organización juvenil constitucionalista también ha pedido a la Dirección General a la que se dirige la denuncia, que «haga las comprobaciones pertinentes respecto a la cuestión planteada y, en caso de poder verificar los hechos, los ponga en conocimiento de la Fiscalía».

«El gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado»

«Uno de estos colaboradores, que es profesor, puso en nuestro conocimiento esta situación anómala de adoctrinamiento escolar. Decidimos requerir la actuación de la Alta Inspección Educativa del Ministerio de Educación porque un colegio no es lugar para la exhibición de esteladas, lazos amarillos o pancartas de la ANC y Som Escola», explica la presidenta de S’ha Acabat!, Júlia Calvet.

La líder de la organización juvenil constitucionalista espera que desde el Ministerio se tomen medidas contundentes: «Esperamos que de una vez por todas el Estado ponga los medios a su alcance para garantizar la neutralidad ideológica de los centros educativos en Cataluña, y más aún cuando se trata de menores».

«El gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado y desamparando a los constitucionalistas catalanes como está haciendo con la sentencia del mínimo de horas de español en las aulas», lamenta en referencia a la inacción del Gobierno de España con la sentencia que obliga a un 25% de castellano.

Dos altos inspectores para toda Cataluña

La alta educación del Estado solo cuenta con dos altos cargos dependientes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que son un director de Alta Inspección y un Alto Inspector de Educación. Aunque desde la delegación insisten que es una situación que lleva muchos años así y que ambos cuentan con un equipo de funcionarios que realiza “trabajo administrativo”.

Una situación que dibuja una realidad: la falta de presencia del Estado en las CCAA, pese a que es el Ministerio de Educación quien ordena y establece cuál es la programación general de la enseñanza en todo el país, así como cuáles son las condiciones para la obtención de un título. Las autonomías tienen competencias ejecutivo-administrativas transferidas.

La propia Constitución marca como competencia exclusiva del Estado en su artículo 149 el desarrollo de las “normas básicas para el desarrollo” del del derecho a la educación, recogido en el artículo 27, donde en su punto octavo se hace referencia a que los “poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”.

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Sergi Ill

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