Los altos inspectores educativos del Gobierno: solo dos para toda Cataluña

El PP prevé impulsar una ley para fortalecer a este cuerpo funcionarial mientras Aragonès moviliza a sus trabajadores públicos para que vigilen el cumplimiento escrupuloso de la inmersión lingüística, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Manifestantes de naranja protestan contra la aprobación de la Ley Celaá, que suprime el castellano como lengua vehicular / EFE

Un instituto de Manresa se niega a impartir el 25% de clases es castellano por «indicaciones» del Govern. / EFE

La Generalitat pretende aumentar los controles en los colegios para exigir el cumplimiento de la inmersión lingüística a partir del aumento de las inspecciones del cuerpo autonómico. Una situación que se da ante la pasividad del Estado, que guardia silencio a la espera de los pasos que dé el Govern, y porque no cuenta con infraestructura para que se cumpla la ley.

La alta educación del Estado solo cuenta con dos altos cargos dependientes de la Delegación Del Gobierno en Cataluña, que son un director de Alta Inspección y un Alto Inspector de Educación. Aunque desde la delegación insisten que es una situación que lleva muchos años así y que ambos cuentan con un equipo de funcionarios que realiza «trabajo administrativo».

Una situación que dibuja una realidad: la falta de presencia del Estado en las CCAA, pese a que es el Ministerio de Educación quien ordena y establece cuál es la programación general de la enseñanza en todo el país, así como cuáles son las condiciones para la obtención de un título. Las autonomías tienen competencias ejecutivo-administrativas transferidas.

La propia Constitución marca como competencia exclusiva del Estado en su artículo 149 el desarrollo de las «normas básicas para el desarrollo» del del derecho a la educación, recogido en el artículo 27, donde en su punto octavo se hace referencia a que los «poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes».

Un control que solo se está ejerciendo desde el cuerpo de inspecciones autonómico, mientras que la Alta Inspección tiene un marco de efectividad difuso. Una cuestión que desde entidades a favor del bilingüismo piden que se refuerce, como fórmula para que el Estado haga cumplir la ley en zonas como Cataluña, donde la Generalitat plantea una desobediencia a la inmersión.

El PP quiere fortalecer la alta inspección con una nueva ley

La propuesta para fortalecer la alta inspección se ha convertido en una de las obsesiones del PP. El líder de la formación conservadora, Pablo Casado, aprovechó una visita a Barcelona con entidades a favor de la conjunción lingüística en los colegios de Cataluña para poner sobre la mesa el fortalecimiento de un órgano abandonado tanto en gobiernos de PP como de PSOE.

«Hemos registrado una proposición de ley para la creación del cuerpo de alta inspección educativa, que garantice el fin del adoctrinamiento y la libertad lingüística. Con esta ley se evitaría la ineficacia de la alta inspección educativa, garantizando la autonomía de las competencias de los gobiernos autonómicos», sostuvo Casado en una rueda de prensa posterior.

Los populares han puesto en marcha finalmente su proyecto de ley en el Congreso este viernes. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recordado que el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con la ley vigente, «no puede decidir si lo hace o no», teniendo en cuenta que el modelo educativo legal en Cataluña es el de conjunción lingüística.

Mientras tanto, la Generalitat se prepara para fortalecer su sistema de inspectores para presionar a favor de que se mantenga la inmersión lingüística en los centros. El presidente de la Generalitat, tras reunirse con el frente a favor del monolingüismo escolar, anunció su ofensiva: vigilar con más intensidad a los centros para que persista la exclusión del castellano.

El presidente ha dado órdenes a la Inspección de Educación de la Generalitat para que «intensifique la supervisión de los proyectos lingüísticos vigentes y garantizar su cumplimiento». Además, para apoyar las tesis del retroceso del catalán y la necesidad de mantener la inmersión, ha encargado un estudio a la Universitat de Barcelona.

La Generalitat moviliza funcionarios para vigilar que se cumpla la inmersión

La ofensiva de la Generalitat también plantea fórmulas para sortear la obligación de impartir un 25% de la enseñanza en castellano en aquellos centros donde se ha impuesto por imperativo legal. El conseller de Educación, Josep González-Cambray, prevé que en las aulas haya dos docentes: uno de los cuales, para dar atención en catalán a los alumnos que lo deseen.

Aunque la medida prevé «reducir el impacto» del 25% escolar, Cambray ha asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio que el objetivo no es segregar a los estudiantes que pidan castellano, y deja en manos de los centros gestionar al profesor extra: «Las aulas catalanas nunca separarán a los alumnos por ningún motivo».

«Estoy convencido de que la inmensa mayoría de las familias tienen claro que en las escuelas catalanas no hay un conflicto de lengua. Se lo inventan partidos políticos que viven de este conflicto», ha defendido el conseller de Educación, después de que entidades en defensa del bilingüismo notaran un aumento de peticiones tras el caso del niño acosado en Canet de Mar.

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