Òmnium cobra 1.200 euros a los cines por proyectar 8 películas en catalán

La plataforma independentista que preside Jordi Cuixart hace caja a favor de la inmersión lingüística en Cataluña

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en sesión plenaria de Somescola.cat que evalúa el impacto de la sentencia del 25% de castellano / Somescola.cat

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La plataforma Òmnium Cultural que preside Jordi Cuixart, condenado por sedición tras el 1-O, pasa a la acción para incrementar la inmersión lingüística en Cataluña en detrimento del castellano y, de paso, hacer caja mediante la proyección de películas en catalán en salas y espacios de proyección que se han adherido a la causa denominada ‘Circuito Cinexic’ por toda Cataluña. En concreto, Òmnium llegará a cobrar hasta 1.200 euros el tercer año de cuota a estos espacios por proyectar ocho películas en catalán.

Esta acción se suma en ayuda al llamamiento realizado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para impulsar una nueva etapa de política lingüística que tiene como objetivo «la plena normalidad social de la lengua catalana», según reconoce estos días la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga.

La plataforma independentista siempre contribuye a ejecutar las políticas dictadas desde el Govern y, en este caso, se trata de un programa que «impulsa la difusión de cine infantil europeo en catalán» dirigida a «un público familiar de entre 3 a 12 años». «Los niños son unos grandes espectadores y el mejor baluarte del futuro para la lengua», admite Cuixart.

Desde Òmnium ya han conseguido que hasta 38 espacios (salas de cine, auditorios de bibliotecas, cineclubs, salas de teatro, cooperativas) se sumen a esta causa y comiencen este mismo mes de diciembre a proyectar películas «a favor de la lengua y la promoción del uso social del catalán».

Pero todo tiene una contraparte y Òmnium también sacará rédito de la inmersión lingüística. Así y tal y como consta en el programa de la plataforma y en la web de los Ateneos de Cataluña, el cobro anual por parte de Òmnium a estos espacios es el siguiente, pudiendo elegir estos espacios entre cuatro u ocho proyecciones:

  • 1er año : cuota anual para 8 películas: 800€ (para 4 películas: 400€)
  • 2º año : cuota anual para 8 películas: 960€ (por 4 películas: 480€)
  • 3r año : cuota anual para 8 películas: 1.200€ (por 4 películas: 600€)

La plataforma independentista abrió la convocatoria en noviembre e hizo un llamamiento también a las salas que todavía no cuentan con equipamiento completo para ofrecerles, por el mismo precio, «asesoramiento para que puedan ofrecer cine en las mejores condiciones», señalan.

La cuota incluye el «diseño de la programación», es decir Òmnium escoge los contenidos en catalán que visualizarán las familias y niños; la «gestión de derechos y copias»; «el transporte de la copia por servicio de mensajería»; «el material de comunicación físico y digital»; el «asesoramiento técnico inicial» y la formación a los voluntarios.

Asimismo, desde la plataforma de Cuixart se comprometen con estos espacios a que darán un «gran eco en redes» sociales y «promoción a través de los canales de Òmnium».

Control «para que se hable menos español»

Desde Òmnium señalan que ésta actividad se encuadra en un proyecto mayor a favor de la inmersión lingüística en favor del catalán y «para que se hable menos español», señalan desde la plataforma sin pelos en la lengua.

Ésta podría ser una de las «acciones coordinadas» para minar el castellano que la Generalitat se encuentra elaborando para firmar con el resto de formaciones el Pacto por la Lengua en enero.

Tal y como publicó Economía Digital, Pere Aragonès reunió a todos las consejerías para dar la orden de «multiplicar la acción de normalización lingüística» y estudia sanciones para las escuelas y universidades que no cumplan.

El presidente catalán, Pere Aragonès, durante una comparecencia en el Palau de la Generalitat. Foto: EFE/Marta Pérez.

El Pacto Nacional por la Lengua es la siguiente medalla que quiere ponerse Aragonés tras la desobediencia al Tribunal Supremo, negándose a cumplir el 25% de clases en castellano en las escuelas de Cataluña.

Se trata de una hoja de ruta que, según las fuentes de ERC consultadas, se diseñó junto con Junts y la CUP para terminar blindando por ley la lengua catalana “independientemente de quien gobierne”.

El partido de Aragonès tenía todo planeado desde el inicio, cuando arrebató a Junts la cartera de Cultura, de la que pende la Secretaría de Política Lingüística, para poder desarrollar una acción coordinada de arrinconamiento del castellano.

Así lo expresan las fuentes conocedoras y para ello y desde Presidencia de la Generalitat consideran “necesario” que el PSC y Los Comunes entren en este juego y firmen el pacto que, presumiblemente, Aragonès presentará en enero.

De ahí que estas semanas y a modo de prueba para defender la inmersión lingüística ya están comenzando a implantar un sistema de control contra el español. Estas acciones se suceden entre la delación a profesores, el espionaje en las aulas, la realización de encuestas a niños sin permiso paterno o la desobediencia para mantener la inmersión. Son algunas de las prácticas que desde la Generalitat quieren imponer por ley con sus correspondientes sanciones.

PP, Cs y Vox reprochan al Gobierno su inacción

Las fuerzas constitucionalistas despertaron este jueves tras los sucesivos ataques del Govern contra el Tribunal Supremo y a favor de minar el castellano en Cataluña.

Así, los distintos responsables de PP, Vox y Ciudadanos cargaron este jueves contra el Ejecutivo por lavarse las manos ante el «atropello» que sufre el castellano en Cataluña y el acoso que padecen las familias que demandan el derecho a que un 25% de la enseñanza se realice en esta lengua.

A estas acusaciones contra el Ejecutivo, se une además que la asociación Hablamos español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de diversos mensajes de Twitter dirigidos a la familia de un alumno que pidió que se cumpliera la ley.

El partido de Inés Arrimadas incluso ha acudido este jueves al Defensor del Pueblo para presentar una queja por la “vulneración sistemática” de los derechos de los catalanes,según ha señalado el portavoz del grupo en el Parlament, Nacho Martín Blanco. En su opinión, el nacionalismo ha montado una campaña contra aquellas familias “que se atreven a exigir el cumplimiento de ese 25%”.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha preguntado dónde está el Gobierno y si «va a seguir permitiendo este odio«. En un mensaje a través de Twitter, también ha anunciado que los populares exigirán al Gobierno de Pedro Sánchez acciones en la próxima sesión de control al Gobierno.

Mientras que Vox, su portavoz en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, considera que el acoso a este menor es un “síntoma de lo enfermo que está este Gobierno que no es capaz de defender a un niño y a un niño ademas a cuyos padres han dado la razón”. Además, considera que este caso da la medida de «lo mal que está España cuando en una parte de España no se puede enseñar a los niños en español ni siquiera el 25 % del horario lectivo».

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