Borràs tira de victimismo para justificar su obediencia a la justicia en el Parlament

La presidenta del Parlament rehúye de la autocrítica un año después de su inflamado discurso soberanista, tras tomar el mando de la Cámara catalana: "Se han buscado muchas culpas, incluso queriendo asignar culpas a quien no las tiene"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, en su comparecencia por el primer aniversario de su mandato frente a la Cámara catalana

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Primer año de Laura Borràs frente al Parlament de Cataluña. La presidenta ha aprovechado su comparecencia pública del aniversario para exculparse de las cuantiosas polémicas que la aquejan, como la inhabilitación del diputado de la CUP, Pau Juvillà, algo que choca con su discurso inflamado tras tomar posesión de su cargo.

Borràs defendió en marzo de 2020 que el único límite que tendría su parlament, en un discurso duramente soberanista y que rompía con la línea más apaciguada de Roger Torrent, que «el único límite» de la Cámara catalana era «la aspiración de los ciudadanos de Cataluña que representamos»: «Llegaremos donde ellos, democráticamente, nos lleven».

La presidenta de la segunda institución autonómica ha rehuido las culpas, tras las críticas recibidas por su gestión del caso Juvillà para, finalmente, terminar obedeciendo a la JEC: «Se han buscado muchas culpas y se ha apuntado en la dirección equivocada, incluso queriendo asignar culpas a quien no las tiene».

Borràs, que hizo bandera de defender la soberanía del Parlament frente a la acción de la justicia, ha asegurado que la culpa de su obediencia a la ley es de la»represión», «que, en esta ocasión, ha adoptado el rostro de la Junta Electoral Central (JEC) y del Código Penal«, y que ha provocado el «desenlace».

Además, ha vinculado la inhabilitación de Quim Torra por negarse a retirar simbología independentista en campaña electoral con el caso del exparlamentario de la CUP: «El Estado, envalentonado por el precedente anterior que comportó la inhabilitación de todo un presidente de la Generalitat, la primera autoridad del país, ha vuelto a hacer de las suyas».

Borràs achaca sus «limitaciones» a la «gestión» del Parlament

Incluso, ha cargado contra el resto de sus colegas parlamentarios en el fracaso de la gestión del caso Juvillà: «No puedo dejar de mostrar mi sorpresa y mi decepción por el hecho que la defensa de los derechos de un parlamentario no interpele directamente a los 135 diputados de esta cámara al completo», y les acusa de miopía, al asegurar que estos ataques «castigan a la democracia».

La presidenta de la Cámara ha asegurado que la situación de Juvillà le ha servido para «aprender lecciones durísimas», que «tensó humanamente y profesionalmente a los trabajadores del Parlament». «Como dejé dicho el primer día, mi dedicación al frente del Parlament la decidí con la profunda determinación de continuar trabajando al servicio del mejor proyecto».

«Soy más consciente que hace un año de las limitaciones y de las complejidades de la gestión de esta cámara, pero también de las capacidades y del papel clave que juega en la resolución de los problemas del país y en la definición de su horizonte nacional», ha defendido la presidenta, tras asegurar que está «más determinada que nunca» a ejercer su cargo.

Borràs, que ha incidido en un relato de supuesta «demofobia» española, ha aprovechado para cargar contra los partidos no independentistas por su «judicialización de la política, con con la aceptación a trámite de los tres recursos de amparo en el Tribunal Constitucional por la delegación de voto de Lluís Puig presentados por el PSC, PP y Cs.

«Es inaceptable y no podemos normalizar que el Tribunal Constitucional tutele la actividad parlamentaria y dictamine y delimiten las cuestiones sobre los cuales se puede debatir en el Parlament. De hecho, nosotros en esta legislatura ya hemos debatido estas cuestiones y lo continuaremos haciendo si así consideran los diputados que hay que proceder», ha explicado.

Las polémicas por las ‘licencias de edad’ y las dietas de los diputados

Borràs también ha disparado contra medios de comunicación y partidos por las polémicas licencias de edad, ya eliminadas. La presidenta ha socializado las responsabilidades, al asegurar que esta cuestión era conocida desde el año 2009, «tal y como se puede comprobar en la publicación de artículos periodísticos de la época».

Según ha explicado la presidenta, este beneficio laboral para los trabajadores del Parlament ha supuesto un gasto total de 14.399.822€ –entre los años 2009 y 2021–, del que se han beneficiado un total de 55 personas. Además, defendió su primera propuesta, que consistía en que esta norma se fuera eliminado de forma progresiva, «consensuada con los trabajadores».

También, ha hecho referencia a la polémica por las dietas de los parlamentarios: una parte de ellas no están sujetas a las retenciones, mientras que las otras se cobraban con independencia de si los parlamentarios se desplazaban o no. «En tiempo de postpandemia, y cuando hemos comprobado que el Parlament puede funcionar, no es aceptable».

Además, ha urgido a los grupos parlamentarios a forjar una «unidad sin reproches», para construir consensos como una ley electoral propia, que permitiría tener una sindicatura electoral diferenciada de la JEC, o la reforma del reglamento que impulsa Junts para salvaguardar a Borràs por su causa judicial en el presunto troceo de contratos.

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