El Gobierno rechaza la ley de Amnistía que pide Pere Aragonès

Moncloa asegura que no contempla "ninguna amnistía a la carta", tal y como solicitan las formaciones independentistas

El Gobierno rechaza la ley de Amnistía que pide el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. Así lo han confirmado este miércoles fuentes gubernamentales tras la propuesta registrada en el Parlament de Catalunya por JxCat, ERC y CUP que pide aprobar una Ley de Amnistía para todos los encausados por el procés.

Moncloa considera que la solución pasa por el “diálogo” y no contempla “ninguna amnistía a la carta”, tal y como solicitan las formaciones independentistas.

Fuentes gubernamentales han ‘quitado hierro’ a la propuesta de los independentistas asegurando que se trata de “una mera declaración política que no se llevará al Congreso”, al menos no antes de las elecciones autonómicas.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, clarificó más el mensaje del Gobierno al asegurar este miércoles que lo que reclaman los políticos presos “no cabe” en la Constitución.

 “Hemos dicho siempre que no cabe la amnistía en nuestra Constitución”, aseveró Lastra para frenar en seco los discursos organizados de varios dirigentes independentistas en este sentido. 

Dirigentes de las tres fuerzas independentistas – JxCat, ERC y CUP – hacen estos días llamamientos a la sociedad catalana a “movilizarse y dar apoyo a una amnistía que permita la liberación” de los políticos presos, “el retorno de los exiliados y el fin de todas las causas abiertas por estos motivos”, junto a un “acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos cívicos y políticos”.

Desde ERC citan como precedente la ley de amnistía de 1977 aprobada en la Transición, que permitió liquidar condenas impuestas por el franquismo a los presos políticos de la dictadura e incluso a miembros de ETA, pero aquello fue previo a la Constitución de 1978 que ya dejó cerrada esa puerta al regular las funciones del Poder Judicial y las condiciones de cumplimiento de las sentencias.

Presión por los indultos

Unidas Podemos todavía no se ha pronunciado sobre la Ley de Amnistía propuesta por los partidos independentistas.

Sin embargo, sigue presionando al ministro de Justicia para que acelere el trámite sobre los indultos a los políticos presos. 

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem, Jaume Asens, ha defendido este miércoles que los indultos a los presos del 1-O deberían llegar antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero, y ha afeado al PSOE que se estén tramitando de forma “deliberadamente” lenta.

Unas declaraciones que, según ha podido saber Economía Digital, han molestado profundamente al PSC. El diputado del PSC-Units en el Parlament Ferran Pedret aseguró este miércoles no compartir las palabras de Asens y cree que no tiene elementos de juicio para pronunciarse en este sentido.

“No compartimos este punto de vista, pero tampoco tenemos elementos de juicio para formarnos una opinión al respecto, como tampoco creo que los debe tener Asens”, aseguró en el Parlament.

Pedret no ha sido el único molesto con las palabras de Asens y más diputados del PSC expresaron en privado su enfado por las presiones de Podemos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre este asunto. 

Fuentes jurídicas consultadas explican a ED que en estos momentos el Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso y ha solicitado a la Fiscalía del alto tribunal que presente su informe sobre la necesidad de concederles o no el indulto que un letrado pidió en nombre de todos los políticos presos. 

Para que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, pueda pronunciarse sobre la medida de gracia, es imprescindible que la Fiscalía y el Supremo, en este caso, presenten sus propios informes al respecto.

Ambos son preceptivos, pero no vinculantes, es decir, que una vez recabados y solo entonces, el Gobierno puede decidir lo que considere más oportuno, aunque esto suponga un considerable desgaste si finalmente se les concede, con ambos dictámenes en contra.