El Gobierno ‘seca’ la hucha de las pensiones e inyectará fondos por primera vez en 13 años

Las pensiones se ajustarán también al IPC, aunque aún no se conoce la cifra exacta hasta noviembre. Calculan que rondará el 8,5%

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

La nueva ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), además de ser la que más destina en partidas sociales con 266.189 millones de euros, tiene una particularidad que no se daba en las cuentas públicas desde hace 13 años, según lo expuesto este martes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: por vez primera desde 2010, el Gobierno inyectará 2.957 millones al fondo de reserva, conocido popularmente como la hucha de las pensiones.

El movimiento, uno de los más particulares de los PGE para 2023, se encuadra en un mensaje de «tranquilidad a los mayores y abunda en la sostenibilidad de nuestras pensiones, sin incrementar el déficit de este sector», ha explicado Montero. De hecho, es posible volver a dotar el fondo, un sistema que venía viciado antes del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde la crisis económica de 2008, por el «buen comportamiento» del mercado laboral por la mayor cualificación y estabilidad y la subida del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI). Se articula a través del mecanismo de equidad intergeneracional.

No es el único gesto de cara a los pensionistas. Montero ha subrayado que las pensiones subirán conforme al IPC, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo, por lo que esta partida presupuestaria se elevará en un 11,4%. La subida concreta no se conocerá hasta que se conozca la inflación de noviembre, pero el Gobierno estima que se situará en el «entorno del 8,5%».

En total, el gasto en pensiones presupuestado asciende a los 190.687 millones de euros, según ha revelado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta cuantía supone unos 20.000 millones más que en los presupuestos de 2022.

«Cambios estructurales con financiación propia»

El Gobierno ha querido mandar un mensaje claro con estas cuentas, negociadas con Unidas Podemos y anunciadas a las 6.55 de la mañana de este martes para ser aprobadas en el Consejo de Ministros posterior, a pesar de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguraba rayando la medianoche del lunes que estaban «lejos de estar acordados»: son los Presupuestos más sociales de la historia con millones de euros para garantizar las pensiones y las oportunidades para jóvenes. Seis de cada diez euros se destinan a gasto social. Si se incluyen los fondos europeos, el gasto social alcanza los 274.445 millones. Es reseñable que el 41,8% del total de gasto público corresponde a las pensiones.

También ponen el foco PSOE y Unidas Podemos en la atención primaria y en dependencia: el gasto sanitario aumenta un 6,7%, con 173 millones para atención primaria, con 500 millones a infraestructuras de este ámbito y de salud mental. En el caso de la dependencia, el Gobierno la refuerza con 620 millones más respecto al pasado año, lo que supone un aumento del 152% en esta legislatura, hasta alcanzar «un nivel récord».

«Todos estos datos son cambios estructurales que se financian con ingresos propios», ha querido dejar claro la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «El desarrollo humano de un país se mide en cómo se tratan a los mayores y más vulnerables», ha ahondado, para comentar después que el Partido Popular de Mariano Rajoy «dejó en la dependencia en 1.401 millones, en el PGE 2023 se eleva a 3.522 millones».

Nada de Ley de Vivienda

Otro colectivo que sale beneficiado de este proyecto de PGE son los jóvenes. En palabras de Montero, se destinan 12.741 millones de euros a políticas de juventud y se aumentan los recursos destinados a juventud un 13,2%. También hay lugar para la educación, con una partida de 400 millones más en becas. Así, el gasto educativo aumenta un 6,6% hasta los 5.354 millones.

También hay una partida destinada a vivienda, a pesar de que el mayor ariete de negociación de Unidas Podemos, la Ley de Vivienda, no ha encontrado salida y en la actualidad se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados. «No parece lógico», ha arrancado Montero a preguntas de los periodistas, «que si los presupuestos de 2022 tuvieron como broche la Ley de Vivienda y el PSOE cumplió al registrar el texto en el Congreso».

«Las enmiendas se tienen que discutir en el marco de la negociación parlamentaria», ha esgrimido la ministra, tras apreciar que «una política que ya se ha mostrado en una negociación no va a condicionar la siguiente». «Cada cosa tiene su momento, [la Ley de Vivienda] ya lo tuvo 2022. Era una magnífica ley la que se registró y ojalá se cumpla», ha insistido en unas intervenciones llenas de dobles sentidos políticos. Independientemente, las cuentas públicas para 2023 consolidan el llamado el bono alquiler joven con 200 millones más y destinan 3.472 millones para el acceso a vivienda. La Entidad Pública de Suelo dispondrá de 260 millones para alquiler asequible.

Gratis Rodalies, Cercanías y Media Distancia en 2023

Otras partidas destinadas a modernizar la economía son en las que repercuten los fondos europeos. Ahí, tres de cada cuatro euros del Plan de Recuperación, recogidos en los presupuestos generales del Estado se destinarán a impulsar un cambio del modelo productivo. Son 30.000 millones de los fondos europeos. En cuanto a I+D+i, los Presupuestos proyectan 16.328 millones de inversión, un 23% más.

Uno de los grandes anuncios que recoge este proyecto de Presupuestos es la continuidad de la gratuidad de los abonos de tren de dependencia estatal -Renfe: Cercanías, Rodalies y Media Distancia-, más allá de final de año. Se incluye 660 millones para que Renfe mantenga las bonificaciones y gratuidad de los abonos el próximo año, «un ahorro importante para las familias frente a la inflación y una apuesta por la movilidad sostenible».

«Pretendemos aliviar a las familias, a las de bajas rentas, las que más utilizan el transporte público. Pero también algo mucho más importante, buscamos que la autonomía energética siga avanzando. Vamos a evaluar cómo se comporta desde las emisiones de CO2 y poder decir en diciembre del año que viene si se se mantiene«, ha argüido la ministra Montero.