El PP busca a los socios de Sánchez para aprobar su alternativa al estado de alarma en el Congreso
Desde el PP apuestan por pactar su reforma de las leyes sanitarias con todas las fuerzas parlamentarias, excepto con Bildu.
El Partido Popular ha registrado de nuevo su Plan B jurídico en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado quiere reformar varias leyes sanitarias para amparar a las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Desde el PP apuntaron este jueves que están dispuestos a buscar el consenso en la Cámara Baja, también entre los socios de investidura de Pedro Sánchez. Y según ha podido saber Economía Digital, los populares ya habrían contactado con el PNV. La formación vasca calificó este miércoles de «temeridad» la negativa de Sánchez a seguir prorrogando este instrumento para frenar la pandemia de coronavirus.
«Salvo con Bildu, el PP está dispuesto a pactar con todas las fuerzas», señalan. Desde Andalucía, su presidente lo tiene claro. Juan Manuel Moreno Bonilla avisa a Sánchez de que, si no se extiende la alarma y sin instrumentos legales alternativos, a partir de mayo no podrá impedir una feria o una romería en cualquier municipio andaluz.
El presidente del Gobierno se quedó solo este miércoles en el Congreso. Tal y como relató ED, la oposición y los socios de investidura no apoyaron los planes de Sánchez respecto al fin del estado de alarma.
El jefe del Ejecutivo busca no prorrogar este instrumento y que Sanidad acuerde junto a las CCAA las nuevas restricciones en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Sánchez también se escuda en los tribunales superiores de Justicia para aprobar los 17 futuros planes en los distintos territorios.
Sin embargo, esto no es lo que quiere la mayoría de fuerzas parlamentarias. El PP fue el primero en reclamar la celebración de la Conferencia de Presidentes para dirimir Gobierno y CCAA las próximas medidas a tomar. Este órgano hace seis meses que no se reúne pese a las promesa de convocatoria de Sánchez. Los socios de investidura se unieron este miércoles al PP defendiendo esta petición, que rechaza frontalmente Moncloa.
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, recalcó este jueves a los socialistas que están «a tiempo» de acordar ese marco legislativo para dar «estabilidad y certidumbre» a las autonomías a partir del 9 de mayo y aseguró que cada vez más autonomías y formaciones políticas «están de acuerdo con el Partido Popular y entienden que es necesaria esa alternativa jurídica».
Montesinos señala que Sánchez está «cada día más solo», mientras le ha emplazado a «descolgar el teléfono» para llamar a Pablo Casado y llegar a un acuerdo. «¿Qué cree que prefieren los españoles? Un acuerdo de Estado del PP y del PSOE para un plan alternativo jurídico al estado de alarma o que el señor Sánchez siga en el bloqueo y en el insulto al principal partido de la oposición?», se ha preguntado.
El PP vuelve a registrar en el Congreso su Plan B
El Grupo Popular ya registró este miércoles en el Congreso su proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Salud Pública con el fin de que, en casos de pandemia como la del coronavirus, las comunidades autónomas puedan limitar la circulación de personas y el derecho de reunión sin necesidad de decretar el estado de alarma.
Los populares siguen defendiendo tres leyes: la ley general de salud pública, de Sanidad y la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. Ya en mayo, el partido de Casado presentó en el Congreso una proposición de ley de protección para la salud y de los derechos y libertades fundamentales implica la reforma de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, de 1986, y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 1998.
Su propuesta solicita la reforma de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin dar instrumentos legales a las comunidades que les permita luchar contra el coronavirus, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.
Asimismo, recuerdan que existen otras tres leyes para limitar la movilidad, como son la ley de seguridad nacional, la del sistema nacional de Protección Civil y la Ley orgánica de medidas Especiales en Materia de Salud Publica. Estas legislaciones, indican, van en la línea del Convenio Europea de Derechos Humanos y del Reglamento sanitario internacional de la OMS.
