El PP ofrece al Gobierno su plan para sustituir el estado de alarma y Sánchez lo rechaza

El PP considera que hace falta una reforma de una serie de leyes para cuando decaiga el estado de alarma, mientras que el Gobierno sigue defendiendo que las CCAA ya tienen suficientes mecanismos legislativos y jurídicos para aprobar restricciones.

En el Partido Popular siguen perplejos tras el anuncio que realizó este martes Pedro Sánchez. El presidente apuesta por no prorrogar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y los populares no creen que gobernar bajo la figura del decreto ley sea lo más adecuado.

El partido de Pablo Casado considera que el Gobierno carece de ‘plan B’ y sospecha que toda la responsabilidad de la pandemia seguirá recayendo en las comunidades autónomas. Por ello, le han vuelto a ofrecer a Sánchez el plan jurídico que los populares llevaron a la Cámara Baja para mantener ciertas restricciones una vez finalice el estado de alarma. Sin embargo, el Gobierno rechaza la oferta y sigue defendiendo que no hace falta legislación para después del estado de alarma.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. EFE/Fernando Alvarado
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Foto: EFE/Fernando Alvarado

Casado presentó el pasado mes de mayo una alternativa a los planes de Pedro Sánchez y a seguir prolongando el estado de alarma. Los populares buscaron un paraguas jurídico que respaldase la aplicación de ciertas restricciones a las comunidades autónomas y evitar así la lluvia de demandas de la ciudadanía.

Los populares siguen defendiendo tres leyes: la ley general de salud pública, de Sanidad y la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. Ya en mayo, el partido de Casado presentó en el Congreso una proposición de ley de protección para la salud y de los derechos y libertades fundamentales implica la reforma de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, de 1986, y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 1998.

Su propuesta solicita la reforma de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin dar instrumentos legales a las comunidades que les permita luchar contra el coronavirus, sin necesidad de recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma.

Asimismo, recuerdan que existen otras tres leyes para limitar la movilidad, como son la ley de seguridad nacional, la del sistema nacional de Protección Civil y la Ley orgánica de medidas Especiales en Materia de Salud Publica. Estas legislaciones, indican, van en la línea del Convenio Europea de Derechos Humanos y del Reglamento sanitario internacional de la OMS.

“El señor Sánchez miró para otro lado y hoy llega tarde. Nuestra mano sigue tendida y si él quiere tenemos un plan B jurídico”, recalcó este miércoles el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos. “El problema de fondo es que tenemos un presidente del Gobierno que no habla con el principal partido de la oposición sobre las cuestiones importantes para España”, zanjó el popular.

Sánchez sigue rechazando la propuesta

Pero el Gobierno sigue rechazando a los populares y mantiene que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos legislativos y jurídicos suficientes para hacer frente a la pandemia cuando decaiga el estado de alarma. Los socialistas sostienen que Ley de Sanidad, el decreto de desescalada del verano pasado y las resoluciones de los tribunales forman el marco normativo que permitirá a las CCAA seguir gestionando la pandemia.

Sánchez, en su discurso de esta semana, ya dejó claro que el Consejo Interterritorial de Salud deberá complementar este conjunto normativo. “La cogobernanza del Gobierno con las CCAA asegura una respuesta adecuada a la incidencia de la pandemia”, explican fuentes gubernamentales a ED.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en el Congreso. Foto: EFE/Zipi

La vicepresidenta, Carmen Calvo recordó este miércoles, en una visita a Extremadura, que las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud, que congrega al Ministerio de Sanidad con las consejerías de cada autonomía, son de obligado cumplimiento. A su juicio, a partir del día 10 de mayo las administraciones dispondrán de “instrumentos ordinarios” para dar cada paso que sea necesario en cuanto a combatir la pandemia.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, dijo este miércoles que, aunque se levante el estado de alarma, es posible mantener las restricciones. Sus palabras evocan la polémica que ya se produjo entre junio y octubre, cuando no hubo alarma. Las comunidades entonces tomaron medidas, avaladas en su mayoría por los tribunales. La solución sigue en el aire junto a la opinión del resto de fuerzas parlamentarias.