El Supremo condena ahora a tres años de prisión a los que asediaron el Parlament

El tribunal anula la sentencia anterior que absolvía a los manifestantes y ve un delito contra las instituciones

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Cambio total. De la absolución a la condena. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional, que absolvió a los manifestantes que asediaron el Parlament, con los políticos contra las cuerdas. Fue una de las primeras manifestaciones más duras de los últimos años, y ocurrió en julio de 2011. Ahora el Supremo ha decidido condenar a ocho de los procesados a tres años de prisión, al entender que se produjo un atentado contra las instituciones del Estado, como es un parlamento autonómico.

En aquel momento, la Audiencia sólo culpó de una falta al manifestante que le pintó una cruz en la espalda de la diputada del PSC, Montserrat Tura. Sin embargo, el Supremo entiende que la Audiencia se equivocó al entender que debía prevalecer el derecho de manifestación. La idea es que este derecho de reunión no puede «paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo».

Derechos fundamentales

Las organizaciones sociales, no obstante, reaccionaron de inmediato al conocer la decisión del Supremo. La plataforma Barcelona En Comú, que encabeza Ada Colau, y que se presenta a las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, consideró, a través de un comunicado, que se trata de «una decisión que desvirtúa de manera peligrosa el sentido de la crítica ciudadana en una sociedad democrática y vulnera derechos elementales»

Según Gerardo Pisarello, número dos de Colau en la candidatura, aseguró que se trata «de una decisión con un alto contenido político, que pretende desincentivar la crítica ciudadana dirigida a defender los derechos sociales».

¿Un motivo para la campaña electoral en Barcelona?

Barcelona en Comú podría hacer de esa decisión del Supremo un motivo para la campaña electoral, a la espera de la reacción de la CUP, también relacionada en las protestas sociales. La candidatura de Colau «lamenta que el Tribunal Supremo haya cedido a la presión criminalizadora ejercida por la Fiscalía, por la Generalitat y por algunos medios de comunicación, desconociendo los principios garantes establecidos por la sentencia absolutoria».

Para el conseller de Presidència, Francesc Homs, en cambio, la decisión del Supremo se podía esperar. «Concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña», que, a juicio de Homs, «lo ocurrido no podía pasar sin que tuviera ninguna consecuencia».

De cara a las elecciones municipales, las dos posiciones podría alentar un clara disyuntiva entre dos fuerzas políticas, la de CiU, –Artur Mas llevaba pocos meses en el Govern– frente a la de Barcelona en Comú, con Ada Colau al frente.

 

 

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