El TSJC confirma la anulación de las elecciones de las cámaras de comercio catalanas

El TSJC desestima el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña al no acreditar suficientemente la existencia de un "verdadero interés casacional"

Mónica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona. Cambra de Comerç de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de marzo de 2020 que anulaba el decreto aprobado en julio de 2018, el Decreto 175/2018, de 21 de julio, sobre el régimen electoral de las cámaras de comercio de Cataluña, como adelantó Economía Digital.

El motivo por el cual el TSJC no admite el recurso es que considera que el Govern no ha acreditado suficientemente la existencia de un «verdadero interés casacional» que justifique su estudio en esta vía, según un auto del 28 de junio, recogido por Europa Press.

Esta decisión va en la misma línea que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de julio de 2021 que ya inadmitió los recursos de casación de la Generalitat y el Consell General de Cambres contra la sentencia del alto tribunal catalán.

Al haber inadmitido el recurso de casación, el tribunal impone las costas a la Generalitat hasta un límite de 1.000 euros, y contra esta decisión no cabe recurso.

No disolver las cámaras podría comportar «graves irresponsabilidades»

La empresa Staff Pavillon, dedicada a estudios de mercado y realización de encuestas, quien interpuso el recurso que provocó la anulación del decreto en marzo de 2020, considera que a raíz de esta resolución, que agota todos los recursos con lo que la sentencia es firme, el único acuerdo que tendría sentido tomar ahora «es la disolución de las cámaras y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones», según un comunicado.

Ha advertido de que si no, pueden incurrir en graves responsabilidades, incluso penales, y ha enviado una carta a la presidenta de la Cámara de Barcelona, Mònica Roca, y al presidente del Consell de Cambres de Cataluña, Jaume Fàbrega, para pedir que suspendan los plenos convocados.

El decreto fue el último paso pendiente para la convocatoria de las elecciones en las 13 cámaras catalanas, y que en el caso de la Cámara de Barcelona auparon como presidente al actual diputado de Junts Joan Canadell, quien renunció al cargo en enero de 2021 coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones del 14 febrero de 2021, y Mònica Roca tomó el relevo.

Omisión del trámite de participación ciudadana

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC anuló el decreto electoral de las cámaras de comercio catalanas, el Decreto 175/2018, de 21 de julio, al estimar el recurso contencioso interpuesto por Staff Pavillon.

Lo hizo tras determinar que la Generalitat omitió el trámite de participación ciudadana y que no se puede limitar «en ningún caso» los derechos de los ciudadanos en la participación en estos procedimientos.

En concreto, el tribunal dictaminó que el decreto no cumplió con el trámite de participación ciudadana previsto en el artículo 69 de la Ley 19/2014, de transparencia, que regula la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Elecciones en las cámaras catalanas

El Govern aprobó el decreto en un Consell Executiu del 31 de julio de 2018 para poder convocar las elecciones en las 13 cámaras catalanas, que tuvieron lugar en 2019, y que contenía como principal novedad la introducción del voto electrónico.

El texto adaptó el proceso electoral de las cámaras a la nueva composición de su pleno, fijada por la ley básica de cámaras, que incorporaba las vocalías en representación de las empresas con mayor aportación voluntaria.

Las penúltimas elecciones en las cámaras de comercio catalanas se realizaron en 2010, por lo que las últimas se tenían que haber convocado en 2014, pero se acumulan cuatro años de retraso porque el Govern no adaptó hasta el año pasado la ley general de cámaras estatal.

El Parlament validó en julio del 2017 el decreto ley del Govern para la celebración de elecciones, pero tras la aplicación del artículo 155 el trámite quedó paralizado, hasta la formación del Ejecutivo catalán en junio de 2018.

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