La ficha bancaria del ICF, en el aire tras la maniobra de Aragonès
Conseguir la ficha bancaria para que el ICF opere como banco público es una de las grandes demandas de la CUP para apoyar los presupuestos
La Generalitat desafía al TC: recupera la reducción del IRPF a las rentas más bajas. En la imagen, el conseller de Economía, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)
El Institut Català de Finances (ICF) avalará finalmente las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés. El Govern se expone con esta operación a posibles consecuencias jurídicas contra los funcionarios, como bien asumió el consejero de Economía, Jaume Giró.
Según ha podido saber Economía Digital, el responsable económico también teme, con este movimiento, no conseguir la ficha bancaria que permita a este órgano considerarse un banco con todas las de la ley.
Se trata de conseguir un objetivo histórico y la principal reclamación de la CUP, el socio preferente del Govern, para sacar adelante los próximos presupuestos catalanes.
El propio ICF reveló a finales de marzo que ya había solicitado formalmente la solicitud de licencia bancaria al Banco de España, que debe validar la petición y emitir el informe correspondiente al Banco Central Europeo para su aprobación.
Fuentes de este organismo estimaron que la obtención de la licencia como entidad de crédito podría alargarse hasta 12 meses. Si bien, la institución no ha recibido todavía ningún visto bueno y el verse expuesta como contraavalista en un proceso que hasta la propia Generalitat duda, podría ser contraproducente para obtener el pase de banca pública.
Giró enfada a la CUP
La exposición del ICF para sufragar los 5,4 millones de fianza impuestos a los 34 ex altos cargos del Govern, tras el rechazo de todas las entidades bancarias consultadas, podría dejar, de nuevo, en saco roto la proclama histórica del independentismo.
Según ha podido saber ED, la CUP, por su parte, ya se encontraba molesta con Giró porque sospecha que el consejero ha podido enterrar antes de tiempo la idea de convertir al ICF en un banco público en el corto plazo, tal y como le han exigido para apoyar los presupuestos.
Desde ERC no lo ven así y dan cierto margen de confianza a Giró, ex directivo de La Caixa, asegurando que su pasado bancario puede resultar útil a la hora de conseguir con rapidez esta operación.
Sin embargo, los ‘cuperos’ observan con esta maniobra, de avalar ahora las fianzas del Tribunal de Cuentas, que Giró les pedirá más tiempo para convertir al ICF en banca pública y no quieren esperar. «Ya lo hemos hecho 10 años», esgrimen desde la formación.
El ‘ICO catalán’, como así denominan al ICF, opera de forma parecida pero a escala autonómica y sin ser una entidad de crédito. Quien tiene la última palabra para que esta entidad pase a considerarse de crédito será el Banco Central Europeo (BCE), desde que existe el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que supervisa la estabilidad financiera de las entidades de crédito en los Estados miembros.
El Govern se enfrenta ahora a dos desafíos: una posible batalla jurídica por la legalidad del ICF como avalista de los líderes del procés y la batalla entre los socios por convertir la entidad en banca pública en un corto espacio de tiempo, para que la CUP apoye las cuentas catalanas de 2022.
