Primera multa anulada tras la sentencia del TC sobre el estado de alarma

La multa impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una joven que no respetó las restricciones aprobadas por la pandemia carece de base legal tras la sentencia del TC

La sede del Tribunal Constitucional en Madrid. Foto: EFE/JM

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha anulado la primera multa tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de Alarma. Se trata de una sanción de 601 euros impuesta por el Ayuntamiento de la capital a una menor de edad por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia con el fin de frenar los contagios de la Covid-19.

Esta decisión se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el pasado miércoles 14 de julio, que anuló las medidas más duras decretadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el primer estado de alarma, declarado en marzo del año 2020, y calificó como “inconstitucional” el confinamiento de la población española.

Es por ello que el juzgado de Madrid ha considerado que esta sanción no se ajusta a derecho tras el fallo del Tribunal que declaró nulo el estado de alarma, “sin realizar ninguna aclaración sobre los efectos jurídicos de esta declaración en relación a las multas impuestas”.

El magistrado Jesús Torres Martínez ha recordado que una sentencia de inconstitucionalidad vincula a todos los poderes públicos, incluidos jueces y tribunales, por lo que la decisión de inconstitucionalidad tiene “efectos retrospectivos” porque invalidan la ley anulada desde su origen.

El magistrado asegura que la sentencia de inconstitucionalidad debe aplicarse siempre que las sanciones se hayan impugnado, porque “un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real”.

Más de 800 millones de euros en multas

El estado de alarma interpuesto por el Ejecutivo como respuesta a la pandemia del coronavirus terminó con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de sanciones, convirtiendo a España en uno de los países más sancionadores de Europa y dejando una suma de multas por un valor total de más de 800 millones de euros.

No obstante, en la sentencia conocida anoche, el Tribunal Constitucional abrió la puerta a que en los procesos abiertos se reduzcan o anulen sanciones o penas, tras declararse la semana pasada la nulidad del estado de alarma.