JxCat endosa a ERC la presión del tercer grado para los presos

Meritxell Budó se suma a la presión a la Consejería de Justicia, en manos de ERC, para que clasifique a los presos en el tercer grado

Los dos socios del gobierno de la Generalitat han chocado de nuevo este lunes por la situación de sus políticos presos. Junts per Catalunya y ERC los quieren cuanto antes en la calle, pero mientras la formación de Quim Torra y Carles Puigdemont exige que se les conceda de inmediato el tercer grado penitenciario, una situación casi de libertad, el partido de Pere Aragonès y Oriol Junqueras pide que se respete a los funcionarios que deben tomar esta decisión. Precisamente, la Consejería de Justicia, que tiene la última palabra al respecto, está en manos de los republicanos.

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, de JxCat, presionó este lunes a sus socios republicanos para que se conceda el tercer grado penitenciario a los presos independentistas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, Budó indicó que “hay unos profesionales en la secretaría de Medidas Penales [de la Generalitat] que deben evaluar la situación. Y es un hecho evidente que desde que las juntas de tratamiento dieron la clasificación de segundo grado se ha producido una sentencia de la justicia europea y, obviamente, puede haber cambios”.

A raíz de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que Junqueras debió ser excarcelado para tomar posesión del acta de eurodiputado, el exconsejero Jordi Turull también exigió el tercer grado no solo para el líder republicano, sino también para él y el resto de condenados en el juicio del procés.

Los presos de JxCat

Con anterioridad a la resolución del TJUE, el abogado Jordi Pina –defensor de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, todos ellos de JxCat– reclamó el tercer grado para sus clientes por sus especiales “circunstancias”: entorno social, posibilidad de trabajo y sin riesgo de reincidencia, dado que están inhabilitados para el ejercicio de cargo público. Los presos de JxCat reclaman el tercer grado.

Sin embargo, el pasado 11 de diciembre, las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Les Basses (Girona) y Mas d’Enric (Tarragona) propusieron a la Secretaria de Medidas Penales de la Generalitat la aplicación, en principio, del segundo grado penitenciario.

En un plazo máximo de dos meses, que finaliza el 11 de febrero, la Secretaria de Medidas Penales deberá pronunciarse sobre la calificación definitiva de los presos. Esta secretaria está encabezada por Armand Calderó, que está a las órdenes de la consejera Ester Capella, ambos republicanos.

ERC apostaría por clasificarlos, en un primer momento, en el segundo grado, que es el habitual. No obstante, esto no significa necesariamente que tarden más en salir de la cárcel. Como insinuó el propio presidente del grupo parlamentario republicano, Salvador Sabrià, se les podría aplicar los beneficios que contempla el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Oriol Pujol enseña el camino

Este es el mismo artículo que permite a Oriol Pujol Ferrusola, condenado por el caso ITV, acudir a la cárcel solo a dormir de lunes a viernes.

Pese a estar calificados en segundo grado, si les aplica el artículo 100.2, su situación sería equivalente al tercer gado. Además, el segundo grado podría serles aún más beneficioso según apuntan los penalistas consultados.

Si se les concede directamente el tercer grado, los presumibles recursos que presente la fiscalía acabarán ante el tribunal sentenciador, o sea, ante la sala del magistrado Manuel Marchena que los condenó. Además, la simple presentación del recurso supondría el cese cautelar del beneficio concedido. En cambio, si se les clasifica en segundo grado, la última instancia sería la Audiencia de Barcelona. Y mientras esta instancia no resolviera el recurso, los condenados mantendrían los beneficios.

No obstante, JxCat sigue presionando por el tercer grado. Este les permite presentar a los republicanos como timoratos cuando está sobre la mesa la probable convocatoria de elecciones catalanas para la próxima primavera.