La jueza archiva la causa del 8M al no ver indicios de delito

La magistrada alega que el delegado del Gobierno en Madrid "no tuvo conocimiento" del riesgo de realizar manifestaciones el 8 de marzo

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La jueza Carmen Rodríguez-Medel, del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, ha archivado la causa del 8M contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En un auto de este viernes, la magistrada alega que, entre el 5 y el 14 de marzo, el imputado «no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».

Así las cosas, tras practicar las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, Rodríguez-Medel no ha encontrado indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba a Franco. El delegado del Gobierno «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario», reza la resolución.

«Ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del Delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19«, añade la resolución, que también recoge que «ni la Guardia Civil ni esta instructora han encontrado documento alguno en los que alguien instara al Sr. Delegado que prohibiera la concentración o manifestación por razones sanitarias o que adoptara alguna medida de precaución».

La jueza ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa, contra la solicitud de la Abogacía del Estado de un sobreseimiento libre. Esto quiere decir que el caso se ha cerrado de forma provisional, de forma que si surgen nuevos datos o informaciones que acrediten el delito la investigación podría reanudarse. 

«Se hizo lo que marcaba la ley»

José Manuel Franco era el único investigado en la causa abierta por la gestión del Gobierno ante la emergencia sanitaria. La magistrada mantuvo la investigación hasta este viernes con el estímulo exclusivo de varias acusaciones populares, toda vez que la Abogacía y la Fiscalía pedían el archivo de la causa. El delegado del Gobierno en la Comunidad declaró como investigado este jueves y negó cualquier responsabilidad por los posibles contagios derivados de las manifestaciones feministas.

«No había ningún elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental», defendió Franco ante la magistrada, añadiendo que «por supuesto no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuvo que ver con la manifestación del día 8». «Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer», insistió el delegado del Gobierno.

Recurso

Víctor Valladares, el primer denunciante de Franco, ha informado este viernes de que presentará un recurso de apelación contra el archivo de la causa del 8M.

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