La OCDE se opone a los límites del alquiler que propone Podemos
Un informe del organismo apunta a que una intervención en el mercado provocaría una caída de las inversiones en la construcción de viviendas
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presenta a todos los miembros de su candidatura a la cuarta asamblea ciudadana estatal de Podemos (Vistalegre IV) en el inicio oficial de su campaña como candidata a la secretaría general de Podemos. EFE/Kai Försterling
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha mandado una advertencia internacional sobre los riesgos de limitar administrativamente los precios del alquiler de viviendas porque puede acabar desincentivando el mercado. Su posición supone un golpe directo a las pretensiones de Unidas Podemos de poner en marcha este modelo en España.
El organismo ha presentado este lunes un estudio en el que concluye que intervenir de forma directa sobre el mercado del alquiler puede reducir las posibilidades de las empresas del sector de la construcción de invertir, lo que conduciría a una escasez de viviendas y, por lo tanto, a un encarecimiento de los precios que acabaría perjudicando también a los inquilinos.
A pesar de que la regulación de los precios no es la opción deseada por la OCDE, sus analistas sí que han coincidido en el problema que representa el elevado coste del alquiler. En España, casi la mitad de las personas del grupo social con menores ingresos tiene que destinar un 40% de su salario a la vivienda. Mientras que la media internacional es del 35,2%.
La situación es el resultado de un incremento progresivo de los precios, que se han elevado hasta un 100% en muchos países desde los años 90. La década de los 2000 supuso un gran auge del coste en España que después se frenó con la entrada en escena de la crisis financiera internacional. Sin embargo, desde 2012 ya ha vuelto a elevarse a un ritmo más elevado que el conjunto de la OCDE.
A la ecuación se suma la presión de los precios especialmente elevada en ciudades como Madrid o Barcelona, la baja tasa de movilidad residencial en España o que se trata de uno de los países con una mayor proporción de propietarios.
La OCDE recomienda a España que invierta en vivienda social
Con este contexto sobre la mesa, el organismo apuesta por otro tipo de políticas para garantizar la reducción del coste de los alquileres desde el incremento de la inversión en vivienda social, hasta los cambios en las regulaciones del suelo o en los impuestos.
«Hay otras opciones que no crean los mismos tipos de costes», ha explicado el director de estudios del departamento económico de la OCDE, Luis de Mello, a la Agencia Efe.
El informe sitúa a España como uno de los países que menos gasto ha dedicado a las políticas de vivienda, que representan el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Los datos contrastan con la media de 0,32% de los países que forman parte del grupo. El más avanzado de todos es Reino Unido que dedica hasta un 1,53%.
El responsable del estudio ha remarcado que hay que hacer una diferenciación entre las medidas aplicadas de forma excepcional por la crisis económica del coronavirus para evitar el impacto en los colectivos más vulnerables y las políticas que son necesarias a largo plazo para mejorar la situación del sector.
Las indicaciones de la OCDE se cuelan en la disputa de la Ley de Vivienda
Precisamente, la fórmula para rebajar los precios de los alquileres ha sido el punto de inflexión que ha impedido a los dos socios del Gobierno de Pedro Sánchez sacar adelante la ansiada Ley de Vivienda que formaba parte de su acuerdo programático desde el inicio de la legislatura y que previsiblemente no saldrá a la luz antes de otoño.
Unidas Podemos ha defendido desde el primer momento regular directamente los precios del mercado del alquiler, mientras que el bloque socialista ha apostado por una fórmula de incentivos fiscales que permita acometer una bajada del coste para los inquilinos pero que no perjudique a los propietarios de las viviendas.
Todas las propuestas presentadas hasta la fecha por el ministro socialista, José Luis Ábalos, han sido rechazadas por sus socios, por lo que la norma nunca ha llegado a presentarse en el Congreso.
Aunque no hayan logrado este consenso, el Gobierno sí que planea recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de los alquileres que también plantea un techo máximo en los precios en las zonas más tensionadas.
