Los Comuns, artífices del término ‘lawfare’ en España

A raíz de la creación de la futura ley de amnistía por el pacto entre el gobierno de España y los independentistas catalanes, se ha popularizado el concepto de lawfare. Un término que fusiona las palabras «ley» y «guerra», y hace referencia al uso estratégico de las leyes para perjudicar a los rivales políticos. En España el lawfare ha estado presente en varios casos judiciales que han polarizado la opinión pública.

Para algunos políticos como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, Jaume Asens el exdiputado del congreso por En Comú Podem en la pasada legislatura, o Eloi Badia, el actual diputado de Sumar en el Congreso, esta idea no es nueva. Llevan utilizando este concepto durante muchos años para intentar obtener beneficio político.

Una estrategia habitual en En Comú Podem

Se ha podido ver como esta idea es una estrategia habitual de los Comuns desde hace muchos años. Ya que cuando algún miembro de los Comuns recibía una denuncia, el partido desplegaba una intensa comunicación partidista para denunciar los supuestos intentos judiciales de lobbies y empresas para acabar con ellos.

De esta manera, lo que buscan es resaltar posibles delitos que se les imputan desde cargos públicos, convirtiéndose en mártires que luchan contra un sistema dirigido por poderosos. El principal propósito que buscan con esto es blanquear los posibles delitos cometidos desde un cargo público.

Los casos de Colau, Badia y Asens

La exalcaldesa Ada Colau se presentó a las pasadas elecciones municipales con cuatro casos judiciales abiertos. Esto se debió a las demandas presentadas por varias organizaciones, a raíz de sus nefastas políticas de urbanismo, movilidad y vivienda que introdujo en su anterior mandato. Colau intentando vender una persecución hacia su persona y su partido para obtener más notoriedad en su campaña política, arremetiendo diariamente contra lobbies y empresas barcelonesas.

Eloi Badia, el que fue concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica bajo el mando de Ada Colau en el ayuntamiento, también se encuentra bajo investigación judicial por el juzgado de Badalona desde 2022.

El actual diputado de Sumar en el Congreso, Eloi Badia, se enfrenta una investigación judicial relacionada con la gestión de la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs durante su mandato.

Badia sostiene que esta investigación es una conspiración hecha por los lobbies y las grandes empresas catalanas, como represalia por las políticas implementadas en sus últimos años al frente de dicha concejalía.

Otro ejemplo de la utilización del lawfare tiene como protagonista a Jaume Asens, el exdiputado del congreso por En Comú Podem y negociador de Sumar.

Asens suele utilizar este recurso para defenderse de cualquier causa judicial se habrá hacia su persona. En la actualidad está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntas coacciones, extorsión, falsedad, fraude o prevaricación a varios empresarios españoles. El político catalán se defiende de estas acusaciones judiciales alegando que se trata de una conspiración organizada por los lobbies españoles cuyo único objetivo es perjudicarlo y desprestigiarlo.

Otras figuras relevantes de Barcelona en Comú, como Janet Sanz, Marc Serra o Lucia Martín, también han adoptado en el pasado el término lawfare para presentarse como víctimas en varias ocasiones y convertirse en unos mártires del sistema.