Los argumentos de Pujol ante la Agencia Tributaria

El ex President reitera que regularizar no es sinónimo de delinquir

La estrategia de defensa del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, pasa por cuatro ejes fundamentales: la prescripción de los hechos imputados, la ausencia de lo que se conoce como delito antecedente, la confianza en que la Agencia Tributaria dictaminará que todos los procesos de regularización, autoliquidación y acogimiento a la amnistía fiscal de los miembros de la familia se han efectuado correctamente y, por último, que el caso se quede (y se muera) en un juzgado de Barcelona.

Esta semana el letrado Cristóbal Martell, se reunió con los miembros del clan Pujol. Cenaron. En la sobremesa debatieron sobre la estrategia a seguir de ahora en adelante. Las líneas maestras de la estrategia jurídica ya se entreveía en el informe que el propio Martell y el abogado Albert Carrillo firmaron el pasado día 23 de diciembre en el recurso en el que pedían la desimputación del ex president.

Confianza en que Hacienda les salve

Transcurrido los últimos acontecimientos (la declaración de Jordi Pujol en sede judicial y la imputación, en la causa de Barcelona, de su hijo primogénito), los abogados de la familia esperan que la Agencia Tributaria concluya y remita al juzgado los informes que, en opinión de los letrados, demostrarán que los procesos de regularización de los fondos de la familia en el extranjero, se llevaron a cabo correctamente y de forma «veraz y completa».

Martell sostiene que la mera regularización no puede ser nunca indiciaria de la ocultación de un delito. «Una regularización que se construye sobre el solo indicio del reconocimiento y declaración de fondos en el extranjero debe de ser rechazada por contraria al marco normativo», asegura.

Amparo en el caso Botín 

Martell y Carrillo elevaron un informe al juzgado 31 de Barcelona en el que citan el caso Botín, a quien el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en 2011, le archivó una causa por delito fiscal al aparecer cuentas a su nombre en el HSBC Private Suisse. El archivo se produjo cuando el malogrado banquero acreditó «la corrección y veracidad de la regularización de aquellos fondos que provocaron un patrimonio histórico oculto». 

La defensa jurídica de los Pujol reitera que no existe blanqueo de capitales porque no existe el «delito antecedentes». Es decir, el delito que habría provocado una bolsa de dinero negro posteriormente evadido a los paraísos fiscales.

Ninguna de las acusaciones personadas, ni siquiera la pública, insisten los letrados, han acreditado que el dinero del matrimonio Pujol en el extranjero «proceda del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras o servicios de la Generalitat». 

«Si hubo delito, ha prescrito»

Cristóbal Martell reitera en sus alegaciones que «no alberga dudas que no puede resucitarse una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción». Reitera el letrado que «los activos aflorados estaban en posesión de mis mandantes desde los ochenta y el delito prescribe, en el 2009». Y añade: «Conviene recordar que el delito de incremento injustificado de patrimonio no está contemplado en nuestro código penal».

Martell, pues, confía en que Hacienda le lance un capote y que la Fiscalía no consiga pruebas, documentales o testificales, para desestabilizar a sus clientes con eventuales revelaciones de corrupción y fraude político. 

Sin tiempo

La Fiscalía sabe que el reloj corre en su contra y que, tras la declaración de Pujol hijo el próximo día 26 de marzo y ante la previsible (como hasta ahora) falta de colaboración de la banca andorrana, la juez se verá en la tesitura de tener que pronunciarse, quizá definitivamente, en un sentido o en otro.

La Fiscalía sustituirá en breve a Alejandro Luzón en el caso al haber ascendido de categoría en el escalafón de Ministerio Público. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, pretende que, de nuevo, el fiscal que se encargue de estas diligencias esté destinado en Madrid.

La Fiscalía lo quiere todo en Madrid 

Se dice en la capital, que Anticorrupción, en el fondo, lo que pretende es tensar la cuerda para que el caso acabe saliendo de Cataluña y recale en la Audiencia Nacional. Así se entiende, por ejemplo, la contundencia argumental de la Fiscalía en pedir la imputación de Jordi Pujol Ferrusola por su implicación en el llamado «caso de la herencia».

Como es sabido Pujol hijo ya tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional, lo que facilitaría, eventualmente, una acumulación del caso de Barcelona. Naturalmente, la defensa de los Pujol, como se verbalizó en la cena del pasado miércoles día 18, luchará para que el asunto de la herencia se quede en Barcelona, lejos de una Fiscala Anticorrupción a la que temen.

Ganará el que tenga un as en la manga

La estrategia de los Pujol es clara, «casi previsible», según fuentes consultadas de la acusación popular en este asunto. La que no está tan clara, y es, además, imprevisible, es la capacidad de Anticorrupción para sacarse un conejo de la chistera que pille con el paso cambiado a los defensores de la familia Pujol. 

La juez de instrucción 31 necesita munición para poder acorralar a unos imputados que, hasta el día de hoy, se han limitado a lanzar pelotas fuera sobre la base de la ambigüedad y premeditación de sus argumentos. Sin munición, hoy por hoy, no hay caso. Y los abogados los saben. Y se limitan, aparentemente tranquilos, a mirar el reloj como si el asunto estuviera atado y bien atado. Veremos. 

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