El PP arruga sus exigencias en la negociación con Sánchez por el nuevo modelo judicial
La llamada "despolitización" de la Justicia va desengrasándose en las negociaciones: el nuevo CGPJ verá alterada su mayoría y explorará un nuevo método de elección de vocales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de su reunión en La Moncloa. EFE/ Sergio Pérez
La cercanía del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es evidente por varios motivos: además del misterio que envuelve las negociaciones que están llevando a cabo PSOE y PP, tanto Génova como Ferraz están negándose a dar detalles sobre las conversaciones que se vienen sucediendo y que, unidas a las pistas que dejan ambos partidos -una lucha por el relato, sumada a los leves gestos que se están dando en uno y otro sentido desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomara los mandos de la situación-, sólo dejan una conclusión. El reloj está en marcha.
Sin embargo, del goteo de información, que puede rayar en lo contradictorio, deja un camino claro. Primero, fue el propio Sánchez quien, tras el encuentro en Moncloa con Alberto Núñez Feijóo, cedió en su posicionamiento y aceptó negociar la reforma del PP, que pivota en tres pilares básicos. Uno, que se discuta conjuntamente sobre el CGPJ y el TC. Dos, introducir cambios en la cualificación de los candidatos para que sean de mayor prestigio y menos politizados. Tres, una reforma del sistema de elección.
Pero quien ha variado su postura en esta ocasión son los populares. La reforma ya no es tal y como la reclamaban, porque se va allanando el terreno. Se han adoptado dos compromisos, según aseguran fuentes de Génova, y no implican per se la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, los populares afirman que se ha consensuado que, de ahora en adelante, todas las decisiones que salgan del órgano de gobierno de los jueces tengan que ser por mayoría de 3/5.
Dos vías no vinculantes
Es una propuesta conocida por ambas partes: ya la incluyó entre sus requisitos para renovar el CGPJ el anterior presidente del PP, Pablo Casado, quien tuvo varias intentonas de desbloqueo del Poder Judicial pero finalmente siempre reculó. Igualmente, fue el propio PP el que en 2013 modificó la legislación para que las resoluciones fueran por mayoría simple. Fuentes de Moncloa, consultadas por Economía Digital, ni confirman ni desmienten este consenso sobre el futuro funcionamiento del órgano judicial. Quieren que la negociación se mantenga aún en negro.
Según el funcionamiento actual, el CGPJ acuerda las decisiones por mayoría simple -11 de los 21 votos-. La lógica de los 3/5 -13 síes de 21 votos- sólo se da ahora mismo en dos casos concretos: la elección de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y también para magistrados del Tribunal Supremo. La idea de PP y PSOE es reforzar la mayoría para que las decisiones que adopte el futuro CGPJ tengan menor sesgo ideológico.
Este consenso no es baladí: va de la mano con el cambio de parecer de los populares sobre otro matiz importante, vincular la reforma del sistema judicial con la renovación del órgano actual. Ha habido movimientos, y el PP ha reducido sus reclamaciones. Génova busca ya solamente un compromiso del Gobierno a solicitar al CGPJ que resulte elegido un informe sobre la futura reforma del sistema. Además, este texto no sería «vinculante» para Sánchez.
Lo cierto es que es algo que ya recogía la propuesta que el PP remitió a Moncloa en julio para sentar las bases de la negociación, pero sobre lo que no habían querido ahondar. En el punto 4 de su propuesta de pacto, incluía que, paralelo a la renovación, se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegure «un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso, que impida que la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia».
«Se encargará -añadían- una propuesta de reforma al nuevo CGPJ y en el Congreso de los Diputados se creará una ponencia, en el seno de la Comisión de Justicia, que emitirá un informe al respecto, ambos en un plazo improrrogable de seis meses». Precisamente, en ese lapso de tiempo, España estará sumida en el último trimestre de la legislatura de Sánchez y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina.
Presión europea
La Comisión Europea ya anda mirando inquieta hacia nuestro país, porque ni siquiera la visita del comisario de Justicia, Didier Reynders, a Madrid hace apenas quince días consiguió solventar las diferencias. Pero sí marcó unas pautas muy claras para el devenir de lo acordado: España debe llegar a su turno de presidencia de la Unión Europea -en el segundo semestre de 2023- con los deberes hechos.
Y eso, a pesar de los planteamientos del Gobierno, implica sí o sí una reforma del sistema judicial, a pesar de que no lo ligue a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se debe acometer de manera «urgente». Es decir, primero un paso, y, después, el siguiente.
El desbloqueo debe ser inmediato, y tiene un orden, a ojos de la Comisión. Primero, renovar el CGP -«es la recomendación prioritaria, que se organice la renovación»-; inmediatamente después, emprender una reforma del sistema «que cumpla plenamente la norma europea, que no es una norma de la Comisión, sino que emana del Consejo de Europa», recordó Reynders. Era lo que reclamaba el PP y, ahora, comienza a matizar.
