El PP recogerá firmas contra la ‘ley Celaá”

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, denuncia que la nueva norma educativa ataca a la concertada y "sepulta el valor del esfuerzo"

Cruzada del PP contra la LOMLOE, ley educativa que impulsa el la ministra Isabel Celaá. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado que su formación aprovechará la recogida de firmas a favor de una “ley antiokupación” para hacerlo también contra la aprobación de la norma jurídica española. 

El secretario de organización del partido ha inaugurado el seminario “#StopLeyCelaá: Defendamos la libertad”. Los populares consideran que la LOMLOE ataca a la concertada, al no garantizar el respeto por la libertad para escoger centro por parte de los padres, y además “sepulta el valor del esfuerzo”. 

Pero sin duda, la mayor polémica con la ley educativa que impulsa el Gobierno es la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Gracias a una enmienda que PSOE y Podemos pactaron con ERC, el modelo lingüístico de las escuelas quedaría en manos de cada autonomía, posibilitando así la inmersión lingüística. 

“Tramitar sin consenso una ley educativa”

“La educación forma ciudadanos críticos y libres, algo que no consiente un Gobierno del PSOE y Podemos, que pretende coartar la libertad a través de comités de la verdad y leyes como esta”, ha denunciado Igea. 

El dirigente ha avanzado que el partido “no va a dejar solos a los padres” a los que quieren arrebatar un derecho, como es el de elección de centro para sus hijos.

“¿Cómo es posible que el Gobierno haya sido capaz de tramitar sin consenso una ley educativa tan importante que va a condicionar la formación de las futuras generaciones y no lo haya hecho con el plan alternativo que le ofreció Pablo Casado para no tener que recurrir al estado de alarma?”, se ha preguntado.

Polémica enmienda

La supresión del castellano ha salido adelante con 26 votos favorables, 16 en contra y la abstención del PNV en Comisión de Educación del Congreso. El texto ha fijado que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.

El texto original de la ley Celaá establecía que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y era visto desde el independentismo catalán como un ataque al sistema de inmersión lingüística en Cataluña, que impone que toda la educación sea en catalán salvo la asignatura de lengua castellana y la de lengua extranjera. El Gobierno, para trabajarse el apoyo con ERC, decidió cambiarlo. 

Las entidades contrarias a la inmersión lingüística, con las que Pablo Casado se reunió la semana pasada, también han criticado la polémica enmienda.

La plataforma Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha lamentado que el texto haya salido adelante: “Seguiremos luchando para que la lengua común de todos los españoles sea lengua vehicular en la escuela en Cataluña”. 

La portavoz de AEB, Ana Losada, explicó en una conversación con Economía Digital que con la asunción de la demanda de ERC “el Gobierno ha dejado de ser cómplice pasivo y se ha convertido en actor de la vulneración de derechos lingüísticos de los castellanohablantes”.