Primera rebelión contra el ‘tasazo’ de las basuras: Leganés se revuelve contra el Gobierno
Unidos por Leganés (ULEG), que gobierna en coalición con el PP, quiere impulsar una recogida de firmas para derogar la tasa de basuras que recoge la Ley 7/2022
Un cubo de basura. Foto: Eduardo Parra / Europa Press
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Unidos por Leganés (ULEG) traerá al pleno del Ayuntamiento de Leganés una moción para impulsar una recogida de firmas que inste al Gobierno a derogar la tasa de basuras que recogen los artículos de la Ley 7/2022.
«Es una chapuza legislativa que exprime los bolsillos de los ciudadanos y que está generando agravios comparativos entre vecinos de todos las localidades», ha advertido el partido político, que forma coalición de gobierno con el Partido Popular (PP).
Leganés contra el ‘tasazo’ de las basuras
Desde la pasada primavera, todos los consistorios de localidades con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes se han visto obligados a establecer una tasa de basuras, ha explicado ULEG.
Uno de los artículos de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular estipula que las entidades locales deben establecer en un plazo de tres años una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria con el objetivo de financiar los costes de gestión de los residuos domésticos.
A través de la normativa se cumple con una directiva europea que exige a los países garantizar que los costes de gestión los sufragan los productores de residuos e implantar sistemas de pago por generación, si bien la formación política ha advertido que la legislación no obliga a establecer ninguna tasa.
Una figura «inadecuada»
Según la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985), los municipios tienen como competencia propia la recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos, ha recordado. Por ello, los ayuntamientos son quienes deciden qué sistema de recogida se aplica, cómo se organiza y cómo se financia el servicio.
A ojos de ULEG, la figura de la tasa por la que apuesta la legislación vigente no es la más adecuada por la elevada litigiosidad e inseguridad jurídica que entraña la elaboración de los estudios económicos sobre los que se sustentan las ordenanzas de aprobación de las tasas locales.
La imposición de tasas, señala la formación política, puede chocar con la Ley de Haciendas Locales, que establece que las tasas no pueden superar el coste del servicio. Por ello, ha afeado al Gobierno que no contemple otra figura y que no brinde a la tasa una regulación adecuada, lo que «embarca a los municipios de modo imperativo en una aventura jurídica incierta y peligrosa».
Elevado riesgo presupuestario
El partido madrileño también ha alertado sobre el «elevado riesgo presupuestario» que implica establecer este modo de financiación. Tras poner como ejemplo el impacto del tributo de la plusvalía, que terminó generando problemas a los ayuntamientos cuando el Tribunal Constitucional anuló varios aspectos, ha advertido que disuade la puesta en marcha de «ambiciosos» proyectos de gestión de residuos.
«Si el Gobierno hubiera sido más cauto hubiera podido buscar otras fórmulas o establecer una tasa adecuadamente regulada y vinculada a las competencias de cada administración, para posibilitar que los ayuntamientos obtuvieran los recursos necesarios para lanzarse de manera segura a la consecución de los objetivos marcados por la UE», ha hecho hincapié.
A la vez, ha lamentado que el Ejecutivo haya «echado a los leones» a los consistorios y que genere «agravios comparativos» entre municipios y vecinos. Con todo, ha zanjado: «El Gobierno olvida que al ser una tasa que debe aprobarse por una ordenanza sometida a la voluntad de un pleno, que puede negarse a aprobar esa ordenanza porque no haya ninguna que le parezca oportuna».
