La querella de Torrent por espionaje: sin presentar y sin fecha

El abogado de Roger Torrent diseña una estrategia para conseguir la desclasificación de documentos del CNI por vía judicial

ERC convertirá el espionaje al presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, en un largo proceso político contra lo que llaman las “cloacas del Estado”. El abogado de Torrent pretende reclamar por vía judicial la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En principio, la querella se dirigirá contra el exgeneral del Ejército Félix Sanz Roldán, de 75 años, que en el momento en que se espió el móvil de Torrent, entre abril y mayo del año pasado, ocupaba la dirección del CNI. Dos meses después fue relevado por Paz Esteban López.

Aunque el abogado de Torrent anunció públicamente que lo más probable es que presente la querella la próxima semana, Andreu Van den Eynde precisó a Economía Digital que “todavía no tenemos una previsión” al respecto.

Van den Eynde es el abogado de Torra y del líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, otro de los supuestos espiados mediante el malware espía de Pegasus. También fue el defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva en el juicio del procés.

El abogado de Torra está reuniendo pruebas para fundamentar la querella. Estas se sustentan en el estudio forense que realizó Citizen Lab, el grupo de ciberseguridad de la Munk School, de la Universidad de Toronto (Canadá), que acreditó el espionaje a teléfonos móviles mediante el malware de Pegasus. Este hackeo se realizó sobre la aplicación de mensajería Whatsapp, compañía que también acreditó el ataque que sufrió en abril y mayo del año pasado.

Además de recabar pruebas, el abogado también perfila la estrategia judicial. En principio, la querella se presentará ante la jurisdicción ordinaria. Esperan que un juez instructor admita a trámite la querella y, en consecuencia, abra una investigación sobre el espionaje a los móviles de Torrent y Maragall. Sería durante la instrucción, que se reclamaría al juez que solicitase la descalificación de documentos al CNI relativos a la supuesta contratación de Pegasos, una aplicación espía desarrollada por la compañía israelí NSO Group.

ERC podría sacar réditos políticos de esta investigación judicial, pero solo en el caso de que un juez acepte investigar si detrás del escándalo está el CNI. Entonces, se podría ampliar la investigación a más sospechosos.

Dudas sobre la autoría

Por las informaciones avanzadas por El País y The Guardian, NSO solo vende Pegasus a gobiernos y agencias de inteligencia. Sin embargo, aunque Torra, Maragall y su abogado solo apuntan al CNI, muchos de su partido no pondrían la mano en el fuego por sus actuales socios en el gobierno de la Generalitat. En las hemerotecas aparecen múltiples casos de espionaje desde el gobierno catalán a rivales políticos, incluidos los republicanos.

En una tertulia de TV3 el pasado martes, Josep Lluís Carod-Rovira, que fue vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, mostró su extrañeza por el hecho de que se haya espiado a Torrent y Magarall, que no forman parte del núcleo de decisión del partido.

Después de bromear sobre los posibles autores –“sospecho directamente del Gran Ducado de Luxemburgo, del gobierno de Nueva Zelanda y del de Guatemala” –, indicó que probablemente nunca se descubriría quién está detrás porque “el CNI tirará pelotas fuera”. No obstante, se preguntó que tipos de gobierno tienen acceso a Pegasus y, concretamente, se preguntó “si el gobierno de la Generalitat es cliente” de la compañía israelí.

Las dudas de Carod-Rovira no pasaron desapercibidas en su partido. Sabe de lo que habla. El propio Carod-Rovira fue espiado por la agencia de detectives Método 3 durante el gobierno tripartito. Entonces se sospechó de una mano convergente.

Aunque ahora todos apuntan al CNI en público, nunca se han fiado de sus socios de gobierno. Las maniobras políticas de Torrent, en el parlamento catalán, y de Maragall, en el Ayuntamiento de Barcelona, poco antes de las elecciones de mayo, quizás interesasen más a JxCat que al Estado.