Seguridad Nacional reconoce que el Gobierno “tiene prohibido” controlar a los medios

El responsable rechaza que las intenciones de Sánchez sea "verificar" o "contrastar información" para "supervisar a los medios"

Seguridad Nacional ha reconocido que el Gobierno “tiene prohibido” ejercer ningún tipo de control o coerción sobre los medios de comunicación. El director de la entidad gubernamental, Miguel Ángel Ballesteros, ha reconocido que supervisar a los periodistas es ilegal.

Ballesteros ha expuesto su intervención en un debate organizado por Reporteros sin Fronteras (RSF), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) y Maldita.es con el título Guerra a la desinformación: ¿quién decide lo que es falso?

La conversación virtual y transmitida por YouTube ha permitido que se analicen los objetivos y las consecuencias de la orden del Ministerio de Presidencia por la que se pone en marcha el mecanismo contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. 

El objetivo: “ordenar el tráfico de información”

Ante las críticas manifestadas por partidos de la oposición y medios de comunicación, Ballesteros ha recalcado que “para la Administración lo que no está expresamente permitido en el Boletín Oficial está prohibido”. Al respecto ha recordado que en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “no se habla” de “verificar,” “fake news”, “contrastar información” o “supervisar a los medios”.

Ballesteros ha explicado que el procedimiento del Gobierno tiene “exclusivamente” como objetivo la necesidad de “ordenar el tráfico de información” entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior y la Secretaría de Estado de Transformación Digital.

Seguridad Nacional selaña a la UE

Estas son las instituciones que están en condiciones de detectar campañas de desinformación nacidas a partir de “injerencias extranjeras”, que son las que se pretende combatir con la citada orden, a raíz de una petición de la Unión Europea, ha añadido.

El director del DSN ha indicado la UE, “preocupada” por las intervenciones externas en conflictos internacionales y procesos electorales, emprendió un plan contra la desinformación en diciembre de 2018 en el que pide a los Estados miembros que incrementen sus capacidades en esta actuación.

Ballesteros ha indicado que el Comité Permanente de Lucha contra la Desinformación de España tiene un carácter “técnico” y se ha creado a “imitación” del “sistema de alerta rápida” creado para el conjunto de la UE en el marco del citado plan de acción. Por tanto, según ha subrayado, “es Europa” la que “pide” y prácticamente “empuja” a crear este procedimiento y que sea la Secretaría de Estado de Comunicación el interlocutor en España.

¿Qué dice el plan de acción contra las ‘fake news’ europeo?

“Es importante lograr un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de que los ciudadanos estén debidamente informados. En este contexto, hay que tener en cuenta que muy a menudo la desinformación no califica como contenido ilegal”, señala el plan de acción contra las fake news que la CE presentó en diciembre de 2018 y que servirá como una de las bases para el ya mencionado Plan de Acción para la Democracia Europea.

Tal y como publicó Economía Digital, el documento europeo estaba en gran parte basado en el informe de un comité de expertos de la CE publicado en marzo de ese año, que, entre otras cosas, recomienda a los Estados miembros evitar cualquier “interferencia de las autoridades públicas en la independencia editorial”, recordando que existe en las democracias “una larga tradición de oposición a la regulación gubernamental de la prensa libre”.

Los expertos a los que la UE encargó un informe sobre fake news dejaron claro que la regulación de los contenidos era indeseable. Sus autores manifestaron entonces que sería preocupante que “los gobiernos obtengan un control excesivo sobre las fuentes de noticias a las que se puede acceder en línea y a las que no”, y advirtieron del riesgo para la libertad de expresión de que los Estados “favorezcan o desprioricen a determinadas fuentes de noticias”.