Transparencia expedienta a Igualdad y Universidades por ocultar las agendas de Montero y Castells
Dos ministerios de Unidas Podemos no responden en tiempo y forma a las peticiones de información, o incluso no responden del todo pese a las solicitudes del Consejo de Transparencia
La ministra de Igualdad, Irene Montero (centro), en un acto en Córdoba junto al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y la vicepresidanta tercera de la Diputación, Alba Doblas, el 18 de marzo de 2021 | EFE/RA/Archivo
Tres resoluciones recientes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) han estimado denuncias contra dos ministerios de Unidas Podemos por opacidad en torno a las agendas y las reuniones de sus máximos responsables. En dos ocasiones, los departamentos no entregaron la información en tiempo y forma, y en otra nunca hubo respuesta oficial.
Las resoluciones, con fecha de febrero —el mes más reciente del que hay disposiciones públicas de Transparencia—, afectan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el titular de Universidades, Manuel Castells. En todos los casos se trata de ciudadanos que, amparándose en la ley de transparencia, preguntaron por el desglose de las actividades de estos dirigentes.
El expediente más relevante concierne a Montero, puesto que además de estimar la reclamación de un ciudadano que no recibió respuesta alguna a su solicitud de información sobre las actividades de la ministra en sus primeros meses en el cargo, el CTBG insta al Ministerio de Igualdad a que remita los datos al reclamante en el plazo máximo de diez días hábiles.
El reclamante pidió el pasado 21 de octubre la relación de «todas las actividades realizadas y correspondientes a la agenda oficial de la ministra de Igualdad entre el 15 de enero de 2020 y el 20 de octubre de 2020», incluyendo el «desglose por fecha y lugar de realización de la actividad, encuentro o reunión».
Más de un mes después, ante la falta de respuesta por parte del departamento de Montero, el ciudadano presentó una reclamación que Transparencia remitió al Ministerio para que hiciera sus alegaciones. No está acreditado que Igualdad respondiese en algún momento.
El CTBG entiende que la agenda oficial «constituye información pública» porque contribuye, entre otras cosas, «a facilitar el escrutinio ciudadano y el ejercicio del control democrático«. Tampoco son aplicables en este caso, a juicio del organismo, «las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstas».
Este periódico reveló el pasado febrero que los ministros de Unidas Podemos son los que menos trabajan, según la agenda oficial del Gobierno. Montero estaba entonces entre las dirigentes que menos habían trabajado en 2021, al igual que el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Más reclamaciones contra Montero y Castells
El pasado febrero, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó por motivos formales reclamaciones contra Igualdad y Universidades por no haber respondido a primeras a consultas relativas a las agendas de los ministros. Ambos departamentos no remitieron la información solicitada hasta que se presentaron reclamaciones.
El pasado 5 de julio, un ciudadano solicitó «conocer el listado de todas y cada una de las reuniones» mantenidas por Castells desde el 12 de abril de 2020, tanto aquellas que se mantuvieron de forma presencial como virtual. «Recuerdo que se trata de información de interés público«, dijo entonces el reclamante.
Ante la falta de respuesta, dos meses después se presenta la reclamación ante Transparencia, que con su notificación al Ministerio de Universidades consigue que se desvele la agenda de Castells. Pero el reclamante mantiene su renuncia al entender que «no es de recibo que faciliten la información en periodo de alegaciones con tanto retraso«.
La tercera resolución es semejante a la recién mencionada de Castells, pero vuelve a afectar a la ministra de Igualdad. El departamento de Montero tampoco respondió inicialmente a la solicitud de un ciudadano, que el pasado 22 de julio exigió conocer el listado de «todas y cada una de las reuniones» mantenidas por la ministra desde el 16 de julio.
Ese ciudadano puso una reclamación ante el CTBG tres meses después, y a mediados de diciembre el Ministerio de Igualdad por fin remitió los datos solicitados. Igualmente, Transparencia ha estimado por motivos formales la reclamación, dando la razón al solicitante de la información y recordando al Gobierno su obligación de cuando menos responder.
Transparencia reconoce el derecho de este y otros interesados a obtener informaciones semejantes y da a entender que sin mecanismos como las reclamaciones a través suyo es más difícil para los ciudadanos conocer aquello que necesiten saber sobre la administración. No obstante, como Igualdad finalmente respondió no se iniciaron más trámites.
