Escándalo en un colegio tras la quiebra: exigen 2.000 euros a los padres por los dibujos de sus hijos y amenazan con denunciar “robos” a la policía

La comunidad educativa de un colegio infantil en Brisbane (Australia) está en shock después de que la administración del centro solicitara a los padres el pago de hasta 2.200 dólares australianos (unos 2.000 euros) para recuperar los dibujos y trabajos realizados por sus propios hijos. La polémica surgió tras la quiebra del Craigslea Community Kindergarten and Preschool, que entró en administración voluntaria con una deuda superior a los 46.000 dólares y cerró sus puertas de forma repentina.

El cierre dejó a decenas de familias sin alternativas inmediatas de escolarización, pero la sorpresa fue mayor cuando recibieron un correo del comité directivo pidiendo que “aportaran 2.200 dólares por cada portafolio de sus hijos” como parte de una campaña de recaudación para saldar los más de 40.000 dólares en sueldos pendientes de los docentes. En dicho mensaje se pedía a los padres “oponerse o aceptar” el pago.

Una acusación insólita: robo de los propios dibujos

El conflicto escaló rápidamente cuando una madre decidió retirar del colegio los trabajos de su hijo. Poco después recibió la acusación de “robo y allanamiento de morada” por parte de un miembro del comité, que incluso denunció el caso a la policía. La progenitora, en declaraciones recogidas por medios locales, aseguró sentirse “criminalizada por recuperar lo que pertenece a mi hijo”, calificando la situación de absurda.

La Policía de Queensland confirmó que había recibido una denuncia, aunque se limitó a señalar que el caso está bajo investigación. El asunto trascendió rápidamente a nivel político, y el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, condenó duramente la actuación de la escuela. “Creo que es un chantaje emocional. Es algo bastante anti-australiano”, declaró en una entrevista televisiva. Añadió con ironía: “Nunca vi que mis hijos trajeran un Picasso a casa, pero esos dibujos son especiales. Son logros y recuerdos”.

Más allá del escándalo, el Departamento de Educación de Queensland recordó que, de acuerdo con la normativa nacional, los padres tienen derecho a solicitar sin coste alguno toda la documentación relacionada con el desarrollo de sus hijos, incluyendo los trabajos escolares y artísticos. “No existe ningún requisito legal que obligue a pagar por portafolios o materiales de este tipo”, señaló un portavoz de la institución.

La justificación del comité directivo

Frente a las críticas, el comité de gestión del centro defendió su postura, asegurando que los portafolios forman parte de la propiedad intelectual de la asociación, ya que fueron creados y organizados por los docentes en el marco de su empleo. “Los padres pueden adquirirlos, y los fondos se destinarán a cubrir los salarios pendientes”, explicó uno de sus representantes, Thomas D’Souza, al diario Courier Mail. También apuntó que en un futuro el administrador o el liquidador podrían decidir entregarlos de manera gratuita.

La propuesta ha generado un profundo malestar entre las familias, que consideran inaceptable que se ponga precio a recuerdos personales de los niños. Para muchos padres, los portafolios no tienen valor económico, sino un enorme valor emocional, pues recogen los primeros dibujos, manualidades y actividades de sus hijos entre los tres y cinco años de edad. “Cobrar por algo así es inconcebible”, expresó uno de los afectados.

El Craigslea Community Kindergarten and Preschool era un centro gestionado por una asociación sin ánimo de lucro y apoyado por el grupo C&K Childcare and Kindergarten, además de una junta de voluntarios. Sin embargo, la acumulación de deudas por más de 46.000 dólares en el último ejercicio fiscal precipitó su cierre. La falta de liquidez y el impago a los docentes acabaron llevando a la administración a tomar medidas desesperadas, como este controvertido intento de monetizar los portafolios.

Una imagen dañada

El episodio ha generado un daño reputacional profundo tanto para el centro como para el propio modelo de gestión basado en comités voluntarios. Expertos en educación infantil señalan que la crisis refleja la fragilidad económica de muchas guarderías y escuelas comunitarias, especialmente tras la pandemia y la inflación, que han encarecido los costes operativos. Sin embargo, remarcan que cargar el peso de la insolvencia sobre los padres de esta manera “cruza una línea ética que no debería traspasarse”.

El escándalo ha adquirido tal magnitud que podría sentar precedente legal. Juristas especializados en educación señalan que el intento de retener los portafolios vulnera derechos básicos de las familias reconocidos en la normativa nacional, y que los padres podrían emprender acciones legales para recuperar los trabajos de sus hijos sin coste alguno. La intervención del Departamento de Educación apunta en esa dirección, abriendo la posibilidad de sanciones a los responsables del centro.

Lo que más indigna a las familias es la instrumentalización de los recuerdos de los niños como medio de presión económica. “Cada dibujo, cada manualidad es un pedazo de nuestra historia familiar”, relató otra madre, que dijo sentirse “engañada y herida” por la actitud de la administración. Para muchos, más que un problema de dinero, se trata de un ataque a la confianza depositada en la institución encargada de cuidar y educar a sus hijos.

Entre la incredulidad y la protesta

La historia del Craigslea Community Kindergarten simboliza cómo una crisis financiera puede derivar en un auténtico escándalo social y político cuando se gestiona de manera errónea. La combinación de quiebra, reclamos económicos desorbitados y denuncias policiales ha dejado en evidencia una profunda falta de sensibilidad hacia las familias. Como resumió el primer ministro Crisafulli: “Al final, cada padre merece poder llevarse a casa esos dibujos y colgarlos en el frigorífico. Eso es lo que importa”.