Adiós a las 37,5 horas laborales: el Estado activa la jornada reducida para los funcionarios en marzo
El diseño actual de la medida deja fuera inicialmente a varios colectivos sensibles
Funcionarios en España
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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado será una realidad a partir de marzo de 2026 para unos 250.000 empleados públicos, culminando así uno de los compromisos centrales del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI pactado entre Gobierno y sindicatos.
Esta reducción recorta en 2,5 horas la jornada estándar actual de 37,5 horas, sin merma salarial, y se enmarca en una tendencia más amplia de rebaja del tiempo de trabajo que también avanza en el sector privado hacia las 37,5 horas máximas antes de finales de 2025.
Una reforma clave para 250.000 empleados
La nueva instrucción de jornada y horarios propuesta por el Ministerio de Función Pública afectará al personal de la Administración General del Estado (AGE), a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración estatal.
En total, se estima que el cambio impactará directamente en torno a 250.000 trabajadores, la mayor parte funcionarios y laborales de los ministerios y sus organismos dependientes.
La rebaja de 37,5 a 35 horas se aplicará tras la reunión de la mesa general de negociación de la AGE, prevista para comienzos de marzo, que aprobará de forma definitiva el nuevo marco horario antes de su publicación en el BOE.
Después, la Secretaría de Estado de Función Pública dictará una resolución con instrucciones detalladas para que cada departamento adapte turnos, servicios de atención ciudadana y organización interna sin menoscabar la cobertura de los servicios.
Para el Gobierno, la medida da cumplimiento al Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado inicialmente con UGT y CSIF y posteriormente también con CCOO, que recogía expresamente la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración estatal como una reivindicación histórica del empleo público.
Los sindicatos subrayan que la implantación de esta jornada llega con “años de retraso” respecto a muchas comunidades autónomas y administraciones locales, donde las 35 horas ya son una realidad desde hace tiempo, y destacan que ha sido clave la presión sindical en las mesas de negociación.
Organizaciones como CSIF, UGT y CCOO insisten en que la reducción de jornada no debe traducirse en sobrecarga de trabajo ni intensificación de ritmos, reclamando plantillas suficientes y una planificación adecuada de recursos humanos.
Los colectivos excluidos
El diseño actual de la medida deja fuera inicialmente a varios colectivos sensibles dentro de la AGE, lo que ha abierto un foco de conflicto con las organizaciones sindicales. Entre los excluidos figuran el personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias y quienes trabajan en instituciones y establecimientos sanitarios o en centros docentes o de apoyo a la docencia dependientes de la Administración estatal.
El listado de exclusiones ha sido calificado por CCOO como un “escollo” para apoyar sin reservas la propuesta, mientras que CSIF reclama que la norma tenga carácter de normativa básica, se extienda a “todo el personal de la AGE sin exclusiones” e incluya también al sector público empresarial.
UGT, por su parte, defiende que el personal de prisiones se incorpore igualmente a la jornada de 35 horas, aunque reconoce que, por la especificidad de sus turnos, será necesaria una instrucción específica adaptada a sus horarios.
