Apartamentos turísticos con orden reiterada de cierre se ofrecen por más de 2.000 euros para la semana de Fallas

Las administraciones valencianas afrontan un reto estructural derivado de la masificación de los apartamentos turísticos irregulares. La lista detallada de expedientes con orden de clausura por parte del Ayuntamiento también desvela otra realidad estadística: la existencia de edificios «multi-expediente» donde la actividad turística sin licencia se ha convertido en la norma y no en la excepción. 

Si analizamos qué barrio presenta más apartamentos irregulares en menos metros cuadrados, Ciutat Vella y El Cabanyal compiten por el liderazgo. Sin embargo, es en edificios específicos donde la estadística se vuelve más curiosa. En un solo portal de la Calle Reina, la administración ha tenido que intervenir de forma reiterada, emitiendo órdenes para varias de sus viviendas. Esta repetición en un mismo inmueble simplifica la inspección, pero complica la ejecución jurídica, al tratarse a menudo de diferentes propietarios o gestores, operando bajo el mismo techo. 

Otro punto crítico identificado en el informe es el edificio de Mosen Sorell, en el barrio de El Carmen. Allí, Urbanismo ha ordenado el cese en al menos tres viviendas distintas, una situación que se replica en la Calle Norte, con órdenes activas para otras tantas viviendas. Situación parecida ocurre en la Plaza Manises, en pleno centro institucional. 

En el ámbito económico, el incentivo para mantener la actividad a pesar de las órdenes de cierre es elevado. Según el seguimiento de precios realizado por Economía Digital, los activos que operan sin licencia o bajo apercibimiento administrativo han ajustado sus tarifas al alza de cara a la festividad de las Fallas. En la semana previa a la celebración de la «Semana Grande», el precio medio de oferta para una estancia de siete días en estos inmuebles alcanza los 2.000 euros. Esta cifra se supera ligeramente cuando hablamos de la propia semana fallera, donde la noche en este tipo de establecimientos llega a superar los 300 euros. Con todo, la mayoría de los inmuebles analizados, incluidos aquellos sobre los que pesan expedientes de clausura por parte del consistorio, muestran ya una disponibilidad nula para las fechas clave. 

Este escenario plantea un desafío para los gestores y propietarios de los inmuebles, así como para la administración pública. La brecha entre el coste de las sanciones económicas actuales y los ingresos potenciales de una sola semana de actividad ilegal -que puede reportar hasta un 15% de los ingresos anuales esperados para un inmueble en apenas diez días- sigue siendo un incentivo para el mantenimiento de la actividad en situación de rebeldía administrativa. 

En este mismo escenario de oferta en la semana de Fallas, el sector hotelero reglado (hoteles de 3 y 4 estrellas), para el mismo periodo, muestra unas tarifas que oscilan entre los 180 y 240 euros por noche para habitaciones dobles, lo que muestra que el hotel reglado ofrece una estructura de costes más transparente, incluyendo servicios e impuestos (IVA) que no tributan en el sector ilegal. 

Desde un punto de vista económico, la coexistencia de tarifas de 300 euros/noche en apartamentos sin licencia frente a los 220 euros/noche de media del sector hotelero reglado (datos estimados de ocupación para marzo 2026) genera una distorsión en la libre competencia. Mientras que las empresas hoteleras cumplen con normativas de accesibilidad, seguridad contra incendios y convenios laborales específicos, las gestoras de apartamentos en situación de rebeldía administrativa operan con una estructura de costes reducida que les permite absorber las sanciones municipales como un «coste de explotación» más, dada la alta rentabilidad estacional de las fiestas. 

No obstante, las órdenes de cese no son actos instantáneos. Informes del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso Economía Digital, detalla expedientes iniciados en años anteriores (como es el caso de una vivienda en la calle Francisco Baldoma u otra en Virgen del Sufragio), lo que evidencia que el tiempo de paralización del proceso puede dilatarse significativamente. Estos retrasos se deben a las fases de alegaciones, la necesidad de comprobación de cese efectivo y, en ocasiones, la resistencia de los explotadores a acatar la resolución administrativa. 

En el contexto del volumen total del mercado, el análisis del sector inmobiliario valenciano indican que la oferta irregular es la tónica general, con un 86% de los alojamientos operando fuera de registro en momentos de pico de demanda.  

Con todo, cada una de estas direcciones (como las calles Escalante, Progreso o Eugenia Viñes) representa un proceso jurídico individual. El informe muestra expedientes correspondientes al ejercicio 2025, pero también arrastra colas de años anteriores (2023 y 2024). La paralización de un proceso puede durar meses debido a la dificultad de notificar a los propietarios, que en muchos casos son sociedades o inversores no residentes. 

La estadística también nos depara sorpresas en barrios menos turísticos. El documento cita órdenes de cese en calles como Visitación (Saidïa), Nicasio Benlloch (Campanar) o Arzobispo Company. Incluso en zonas más alejadas como la Pedanía de Poble Nou de la Mar se han detectado actividades sin licencia. 

Con todo, la transparencia en estos trámites jurídicos no solo busca restablecer la legalidad urbanística, sino también ofrecer seguridad a los inversores que sí cumplen con las normas frente a una competencia desleal que, hasta ahora, ha dominado gran parte de la oferta alojativa de la capital del Turia.