«Los grandes proyectos podrán instalarse en la Comunidad Valenciana en seis meses, antes en años»
El responsable de Simplificación administrativa asegura que trabaja para que se pueda crear una empresa en tres meses en la Comunidad Valenciana
Entrevista al director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana, Fran Ortega.
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El director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana, Fran Ortega, llegó al Ejecutivo valenciano a finales de 2023. Tras el nombre de este departamento se esconde una de las grandes reclamaciones de ciudadanos y empresas: que su relación con la Administración no sea un continuo dolor de cabeza repleto de burocracia difícilmente entendible y más complejamente ejecutable.
Uno de los ejemplos de esta agilidad ganada pasa por que un gran proyecto que quiera instalarse en la Comunidad Valenciana podrá tener sus permisos en un periodo de entre seis y nueve meses, cuando hasta ahora podía tardar años.
El Gobierno valenciano aprobó, siguiendo esta línea, el Plan Simplifica a los pocos meses, en mayo de 2024, que consta de hasta nueve líneas: simplificación de procedimientos, simplificación de normas, el Canal Empresa, la Carpeta Ciudadana, Brecha digital, gestión de expedientes, los portales web de la Generalitat y formación.
A escasos meses del nombramiento de Ortega, el nuevo modelo de trabajo ya estaba aprobado y se puso en prueba en septiembre de ese mismo año. Y en octubre llegó la fatídica DANA que arrasó gran parte de la provincia de Valencia, que fue todo un reto en este sentido.
«Montamos un sistema de ayudas de la DANA, que ha sido muy importante, porque conseguimos llegar a pagar ayudas en horas. La más emblemática fue la de los vehículos, para la que no presentaban ningún papel, sino que nosotros recuperábamos toda la información y hablábamos con la DGT. No queríamos ningún documento porque podíamos hablar entre administraciones y conseguíamos pagar en 24 horas», recuerda orgulloso el director general de Simplificación Administrativa en esta entrevista con Economía Digital.
«En una situación de excepcionalidad como la DANA, la gente necesitaba era el dinero rápido»
¿Además de a las ayudas a los vehículos, se ha aplicado en otros casos?
Tras el 29 de octubre, salió primero la ayuda de enseres, que eran 6.000 euros. Esta salió muy rápido, y sí que es verdad que pedíamos papeles, y ahí aprendimos a mejorar eso para las siguientes.Y luego la de los vehículos, la del alquiler, la del material escolar… Tampoco se pedía absolutamente ningún papel, solo queríamos el número de cuenta bancaria. En el caso del material escolar, nosotros sabíamos que un niño estuvo matriculado en un colegio de la Generalitat en la zona afectada. Se han resuelto de golpe 90.000 de las 100.000 solicitudes que se habían presentado.
En una situación de excepcionalidad como la DANA, la gente necesitaba era el dinero rápido. Lo que le hacía falta era liquidez. Lo que no podíamos era plantearnos estar meses o años, incluso, por lo que venimos viendo en el Consorcio.
¿Esta agilidad puede ir en detrimento de la seguridad? ¿Puede haber fraudes?
Por ejemplo, en el caso de las ayudas por los vehículos, necesitábamos que el coche estuviera dado de baja a fecha posterior al 29 de octubre, que es la fecha de la DANA. Esa información la tiene la DGT. Y la otra cosa que se verifica es que la cuenta bancaria sea de titularidad del que pide la ayuda, para que no pagarle ayudas a titulares que no corresponden.
¿Cuáles fueron los siguientes pasos?
Durante ese periodo aprobamos la primera ley de Simplificación. En esa ley se introducían muchas modificaciones en la energía, principalmente, para intentar agilizar. Hemos pasado de estar a la cola de las comunidades autónomas a estar en los primeros puestos. Desde que se aprobó esa ley, hemos autorizado más de 2.000 megavatios de energías renovables, que es muy importante para la independencia energética.
En esa primera ley también incluimos las medidas a nivel general de la simplificación, donde hablamos de las declaraciones responsables, donde poníamos en negro sobre blanco ciertas cosas como la carpeta ciudadana o las entidades colaboradoras. Y también poníamos un régimen sancionador. La base de la ley es que yo no voy a hacer tanta presión en el control ex ante, antes de conceder o resolver. Ahí también se regulaba un régimen sancionador bastante fuerte para los casos en los que el interesado nos mintiera de manera a propósito para hacer sus cosas. Y se contemplan multas de hasta un millón de euros en ciertas situaciones muy graves, el régimen sancionador con multas más elevadas de España.
En febrero de 2025 presentamos el Canal Empresa. La Generalitat tenía decenas y decenas de portales diferentes que como empresario podías tener que llegar a consultar para abrir una actividad empresarial. Y los unimos todos dentro de un mismo canal. Ahora estamos preparando una tramitación guiada para todo lo que es creación de empresas, emprendedores…
A futuro también nos gustaría trabajar con los ayuntamientos, que tienen mucho impacto. Estamos trabajando en un convenio de colaboración que saldrá en los próximos meses. Está ya definido, están revisándolo las diputaciones y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y que pretende atacar también los procedimientos locales, que son los que más retrasan la creación de empresas.
Es un clásico oír eso de ‘En Estados Unidos abrir una empresa te cuesta 15 minutos, en España te cuesta meses’…
Claro, lo que nos gustaría es que el Canal Empresa fuese la ventanilla única empresarial. El objetivo a medio plazo es que ese canal empresa se convierta en la ventanilla única y no tengas que ir a la Administración General del Estado para una cosa, a la Administración autonómica para otra y a la Administración local para otra.
«Estamos trabajando para que se pueda constituir una empresa en tres meses»
¿Y esto en tiempos se puede traducir de alguna manera?
Cuando tengamos todo esto listo, si conseguimos presentar toda la documentación, nuestro objetivo es que la puedas presentar en una única interacción. Una única interacción que pueda suponer una hora. Luego ya las diferentes administraciones tendrán que resolver. La idea es que lo que depende de nosotros en una hora esté resuelto.
Y luego ya los tiempos de resolución de cada procedimiento son los que vienen dictados por la ley. Nosotros estamos trabajando para que por defecto sean tres meses, porque venían siendo seis.
La realidad es que como tenemos una normativa tan amplia, depende de lo que quieras hacer, requiera de un tiempo o de otro. Si quieres abrirte un despacho de abogados y tienes una oficina que está bien, que no requiere ni obra ni nada, pues será súper ágil. Si te quieres abrir un vertedero, pues ármate de paciencia, porque entramos en temas medioambientales que alargan mucho el proceso.
«En energía había pendientes 10.000 expedientes y lo hemos resuelto»
Y con los que sí que tienen impacto ambiental, como por ejemplo parques fotovoltaicos, parques eólicos, todo el tema de energía… ¿Ahí se está agilizando?
Todo lo que tiene impacto ambiental requiere muchas garantías. Aquí declaraciones responsables no valen, aquí hay que agilizar el procedimiento administrativo como tal, que se tiene que resolver, que es una autorización de la administración.
En mayo del 25 sacamos un contrato para simplificar procedimientos, donde había dos lotes, uno de la parte social y otro de empresa. En la parte de empresa incluíamos tanto temas de energía como temas de la autorización ambiental integrada, que es la cuestión más grande que tenemos en la Generalitat a nivel ambiental.
En energía, por ejemplo, había pendientes 10.000 expedientes, y eso lo hemos resuelto. Antes todo entraba por el mismo carril, fuera complejo o sencillo, y hemos hecho un carril para las cosas sencillas, que son el 90%, y en ese carril de cosas sencillas la idea es que las entidades colaboradoras certifiquen que ese proyecto está bien. Y luego la autorización ambiental integrada, que es el otro tema, estamos trabajando con ellos para que las entidades colaboradoras también trabajen con ellos.
Las entidades colaboradoras las hemos pensado para que intervengan en ese proceso y para que revisen esos proyectos y que cuando ese proyecto entra en la administración entre bajo los criterios que el funcionario considera. Esto es de carácter voluntario, pero el que se acoja a esto, cuando el sistema esté rodado, creemos que estaríamos hablando de muchos meses de ahorro.
Te voy a nombrar sectores y quiero que me digas brevemente una mejora que hayáis podido aplicar en cada uno. Por ejemplo, ¿en servicios sociales?
Hemos trabajado mucho la dependencia, en la discapacidad, en familia monoparental, familia numerosa, en la apertura de la autorización de residencias… En dependencia, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la mejora de la información, porque a día de hoy la información entra escrita a mano por el dependiente.
Estamos trabajando en un formulario electrónico porque, a gente vulnerable, tú no le puedes pedir que interactúen con la administración de manera electrónica, pero sí que podemos tener un formulario electrónico que el funcionario que recibe al dependiente, en vez de coger el papel y enviarnos el papel, lo digitalice en ese momento.
«Estamos invirtiendo mucho tiempo de funcionarios en corregir proyectos, no en resolverlos»
Medio ambiente.
En medio ambiente no cabe declaración responsable en muchos casos porque son temas que tienen mucho impacto en el territorio y eso hay que autorizarlo antes de dejar que ocurra, porque luego no se puede hacer la regresión. Estamos trabajando para ver cómo podemos, mediante entidades colaboradoras de certificación, por lo menos asegurarnos que lo que entra en la Generalitat es correcto, porque estamos invirtiendo una cantidad muy elevada de tiempo de funcionarios en corregir proyectos, no en resolverlos. Ahí la colaboración público-privada es muy importante y puede tener un beneficio a nivel de actividad económica de la comunidad.
Energía.
El Estado nos dicta las leyes básicas, nosotros las trasponemos e intentamos agilizarlo en la medida de lo posible. Estamos introduciendo también las entidades colaboradoras de certificación. Para lo mismo, para que el funcionario se dedique a resolver, porque tienen carencias de recursos. Y, a la vez, mediante modificaciones legislativas, hemos conseguido agilizar todo el tema de renovables de la Generalitat.
¿Territorio?
Se hicieron también muchas modificaciones. Se crearon los proyectos de interés autonómico en la primera ley, y en la segunda se ha regulado un poco, ya que con un año de experiencia hemos visto cosas que había que mejorar.
Aquí la oposición criticó mucho, sin haber leído el texto del decreto, curioso, que abriéramos la puerta a que se implantasen proyectos estratégicos en cualquier sitio, lo cual es rotundamente falso.
«Con PowerCo se ha visto que cuando la Administración colabora, las cosas salen»
Estos proyectos de interés autonómico se pueden declarar en cualquier espacio de la Comunidad Valenciana, excepto en la Red Natura 2000, que es la red más homogénea que tiene la Unión Europea de espacios protegidos, y protege casi el 40% del territorio de la Comunidad Valenciana. Y fuera de ese suelo se mantienen otros regímenes de excepcionalidad que ya están contemplados en otras figuras, como es la Declaración de Interés Comunitario, la DIC, que es lo que se ha venido usando.
Dependiendo de si el proyecto requiere de licencia ambiental o de autorización ambiental integrada, estaríamos en disposición de, si es licencia ambiental, resolverlo en seis meses, si es autorización ambiental integrada, nueve, que es un cambio de paradigma, porque a día de hoy estamos hablando de que un proyecto que requiera de autorización ambiental integrada, que quiere implantarse en la comunidad valenciana, pues se tiene que armar de paciencia, porque el territorio, medioambiente, más las licencias que requiera de su actividad profesional… Estamos hablando de años, dependiendo, pero de dos años seguro, mínimo, si no más.
Con todo esto lo que intentamos es ‘Usted quiere venir a invertir dinero en la Comunidad Valenciana, y tiene un proyecto que es viable, razonable, que crea riqueza, crea puestos de trabajo y tiene una inversión considerable, nosotros le abrimos las puertas».
Con PowerCo se ha visto que cuando la Administración colabora, las cosas salen. Y un proyecto así, sin colaboración de la administración, no hubiese sido posible, estarían los papeles por ahí rondando dentro de la administración, pero no se habría movido ni un músculo.
Pero PowerCo es anterior a este gobierno…
Sí, pero se ha aprovechado también de todas estas cosas. Y se declaró como proyecto estratégico y todo eso le ha agilizado todas las concesiones ambientales.
Estamos trabajando en que por lo menos el nivel autonómico no sea un freno, porque necesitamos la actividad económica que va a ser uno de los pilares del Estado de bienestar.
Pasemos a vivienda.
La Dirección General de Vivienda sacó el Plan Vive, ha sacado el decreto que regula las VPP, las viviendas de protección pública nuevas, que pretende agilizar mucho la construcción de estas viviendas. Nosotros, adicionalmente a eso, hemos incluido que se declarara de emergencia ciudadana.
«Las ayudas al alquiler se resolvían en año o año y medio, ahora en tres meses»
Hemos incluido en esa ley todos los procedimientos que tengan que ver con la tramitación de nuevas licencias para viviendas de nueva construcción. Incluir eso ahí implica que los plazos de cualquier procedimiento que tengan que ver con nuevas licencias para construir vivienda se reducen a la mitad, sobre todo para fomentar la vivienda de protección oficial y la vivienda de protección pública.
Una de las primeras cosas que hicimos fue una actuación en las ayudas al alquiler, por ejemplo, de 2024, que se publicaron en septiembre. Mejoramos los formularios y mejoramos el proceso. Introdujimos inteligencia artificial. Fue un tema bastante novedoso, que básicamente la usamos para leer contratos y sacar información, contratos de alquiler y justificantes, porque se venía haciendo por personas. A mí, que venía de la empresa privada en 2023, me parecía un disparate.
Veníamos, de años anteriores, de tardar más de un año en resolver y pagar las redes de alquiler, que se presuponen que van dirigidas a gente vulnerable y, por lo tanto, es gente que necesita ese dinero, a resolverlo y pagarlo en tres meses.
¿En urbanismo?
Una de las cosas que a mí me impactaba era la cantidad de años que se requerían para aprobar un plan general de ordenación urbana nuevo. No se puede trabajar así. Tenemos que buscar mecanismos más ágiles que nos permitan proteger el territorio que tenemos que proteger y urbanizar o darle el uso que queramos al territorio que queramos. No podemos tardar diez años en aprobar un plan general de ordenación urbana. Me consta que la nueva ley hace mucho hincapié en la simplificación administrativa y en la agilidad para estos usos.
«En las próximas semanas vamos a darle un lavado de cara a la web de la Generalitat»
¿Qué habéis hecho en la parte de digitalización? Hay un sentir compartido sobre que las webs públicas son un ‘dolor de muelas’. En el caso de las autonómicas, ¿van dejar de serlo?
Sí, por supuesto. El canal Empresa, que se aprobó en febrero, ya tiene una versión más accesible. Y justo en las próximas semanas vamos a cambiar gva.es, que si has enterado, pues es una página web que parece de los 2000. Desde que entramos aquí estamos trabajando en darle un lavado de cara. Y también la sede electrónica, que es donde cualquier procedimiento de la Generalitat está publicado. Era un clamor, en 2026 ya, tener los portales tan desactualizados.
«A partir de ahora, cada vez que una norma se vaya a aprobar, se tiene que eliminar otra»
Si tuvieras que escoger una sola medida que va a tener más impacto en 2026, ¿cuál sería y por qué?
El último decreto de ley de Simplificación, con las medidas contra la hiperregulación. Hay 13.000 normas que aplican a la Generalitat, ni te cuento del Estado, ayuntamientos… A partir de ahora, cada vez que una norma se vaya a aprobar, se tiene que eliminar otra. Si quieres aprobar una ley, tienes que eliminar una ley. Entonces, paramos ya de crecer y estamos planteando medidas para empezar a reducir.
Una de las cosas que también se regula en ese decreto ley es que vamos a revisar el ordenamiento jurídico con inteligencia artificial. Hemos visto ahora y derogado un decreto ley que regulaba el transporte escolar de 1984. Hemos tenido una gran inflación normativa en los últimos 20 años.
Somos la primera autonomía que implanta estas medidas contra la hiperregulación. Y somos los primeros por un impulso político de primer nivel. Y aquí yo creo que es justo agradecer al presidente de la Generalitat (Juanfran Pérez Llorca) ese impulso que le ha dado a la simplificación administrativa. El día de su discurso de investidura dijo que iba a haber una segunda ley de Simplificación Administrativa en 30 días y la ha habido. Ninguna de las cosas que hemos hablado durante esta hora habría sido real sin ese impulso al más alto nivel político.
Por otro lado, querría destacar que en octubre del 2025 aprobamos el modelo de Gobierno del Dato para toda la Generalitat Valenciana y su sector público instrumental. El gobierno del dato era uno de los proyectos estratégicos que se incluye en el Plan Simplifica y a partir de ahora vamos a trabajar en crear esos dominios de datos que puedan ser reutilizables tanto para nosotros internamente como para que el ciudadano no nos los tenga que volver a aportar.
