El SCRATS: La defensa del regante
El Tribunal Supremo ha dado la razón a los regantes frente a la delimitación de las zonas de riego aprobada por el Gobierno
El presidente de Scrats, Lucas Jiménez, durante el acto institucional ‘Alcaldes por el trasvase Tajo-Segura. Foto: Edu Botella / Europa Press.
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Hace unos días conocíamos la sentencia del Tribunal Supremo sobre la demanda interpuesta por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). El alto tribunal daba la razón a los regantes frente a la delimitación de las zonas de riego aprobada por el Gobierno para determinar dónde podían cultivar los agricultores con agua del Trasvase Tajo-Segura, declarando nulo dicho acuerdo al no haberse tramitado conforme establece la Ley de Aguas.
Esa limitación de zonas regables se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el mismo que dio luz verde al incremento de los caudales ecológicos del Alto Tajo en detrimento del agua que debía llegar a las tierras levantinas a través del trasvase.
Es decir, aquel nefasto 24 de enero de 2023 no solo supuso una reducción del agua destinada a los agricultores alicantinos; también se restringió su derecho histórico al uso y cultivo de parte de sus tierras. Una consecuencia que quedó en segundo plano ante el agravio de dejarnos secos junto con el enorme impacto de los recortes hídricos, pero que no por ello resulta menos grave.
En Alicante, aquella decisión del Gobierno significó una reducción cercana a los 30 hm³ anuales del Tajo-Segura y la pérdida de 6.782 hectáreas de regadío con derechos históricos entre la Vega Baja y el Camp d’Elx, exactamente el 12,6 % de la superficie regable vinculada al trasvase Tajo Segura. Todo un agravio para el campo alicantino que ahora el Tribunal Supremo obliga a corregir.
La sentencia es clara: la superficie regable no puede fijarse mediante un acto unilateral de la Administración, sin participación de los regantes y sin respetar los derechos históricos reconocidos por la propia Ley de Aguas. En pocas palabras, el Estado se salta sus propias leyes y castiga a los agricultores con acuerdos y decisiones que hoy la Justicia declara nulas.
Durante este tiempo han sido muchos los agricultores sancionados injustamente y miles de hectáreas las condenadas al abandono. Ahora corresponde reparar el daño y compensar las pérdidas ocasionadas por el mismo organismo que los sancionó.
El SCRATS representa la unión y la defensa de los agricultores levantinos. Sin esa firmeza y sin la capacidad de respuesta que ofrece una institución cohesionada, esta injusticia habría quedado sin contestación y miles de agricultores habrían visto vulnerados sus derechos sin amparo alguno.
Dicen que la unidad hace la fuerza. Los hechos lo demuestran. Larga vida al Trasvase Tajo-Segura y a su Sindicato Central de Regantes.
