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Camarero reconoce «brechas por donde se cuela la mala fe» en las VPP y anuncia más control
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda ha clausurado el Valencia Business Forecast organizado por Economía Digital en The Terminal Hub
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, clausura el Foro organizado por Economia Digital ‘VALENCIA BUSINESS FORECAST’. (Foto: Kike Taberner)
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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha puesto en valor el refuerzo de «controles y transparencia» sobre la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP), pero ha reconocido que, pese a ello, «siguen existiendo lagunas o brechas por donde se puede colar la mala fe de algunas personas». Por esta razón, ha anunciado que van a «incrementar los mecanismos de control, para que no haya ni un resquicio, ni una persona, que pueda saltarse o bordear el sistema».
Así lo ha manifestado la titular de Vivienda en el Gobierno valenciano durante su discurso de clausura del Valencia Business Forecast, que ha organizado Economía Digital, y que ha reunido a grandes empresarios, destacados miembros de la sociedad civil y políticos de diversas administraciones en The Terminal Hub. Camarero se ha referido a este asunto a raíz de la polémica surgida por las adjudicaciones de VPP de la promoción Les Naus de San Juan de Alicante.
En su intervención, Camarero ha puesto en valor el Plan Vive, que «junto al resto de la política de vivienda de este Consell, está permitiendo incrementar la oferta, algo esencial si queremos reducir los precios insostenibles de la vivienda».
En este contexto ha reivindicado que ya en el Decreto de VPP de 2024 se reforzaron «los controles y la transparencia«, con medidas como requerir la solicitud de visado telemática y la autorización para la comprobación de datos, para «un control rápido y riguroso de ingresos en hacienda y de bienes en el registro»; exigir a los notarios la comprobación del visado previa a la escritura de compraventa, o reducir de seis meses a 10 días el plazo para solicitar el visado, una medida establecida para minimizar posibles cambios de situación de los compradores.
En transparencia, Camarero ha subrayado que mientras antes se limitaba a la publicación de las promociones en un registro, «que nunca se creó, entre otras cosas, porque no se construían viviendas», una vez se concediera la calificación definitiva, con la modificación, es la propia Conselleria la que da publicidad de las promociones desde el mismo momento en que se otorga la calificación provisional.
Pese a todo ello, ha reconocido estas «lagunas» y ha asegurado que van a incrementar los controles para que «no haya ni un resquicio, ni una persona, que pueda saltarse o bordear el sistema». «Lo haremos con una validación del visado por una comisión de valoración, un órgano colegiado que supervise la acción de un funcionario, porque una oveja negra no puede corromper el sistema; incrementando la publicidad y estableciendo un registro por promociones, además de otras medidas que redunden en esas garantías que todos buscamos en el desarrollo de la VPP», ha desarrollado.
Medidas en vivienda, fiscalidad y simplificación
En materia de vivienda, la vicepresidenta primera ha situado el acceso a un hogar asequible como una prioridad de gobierno. Ha destacado la puesta en marcha del Plan VIVE al inicio de la legislatura, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda protegida mediante colaboración público-privada.
El plan prevé alcanzar las 10.000 viviendas en cuatro años y, según ha señalado, ya hay más de 4.800 viviendas de protección pública en marcha en menos de tres años. Además, ha subrayado la implicación municipal, con 319 ayuntamientos adheridos que aportan suelo público para convertirlo en vivienda “real y accesible”.
En el ámbito económico y fiscal, ha defendido una estrategia basada en “menos impuestos, menos burocracia y más inversión” como condiciones para impulsar el crecimiento. Ha puesto en valor las deducciones en el IRPF para rentas medias, la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, especialmente para jóvenes en su primera vivienda.
También ha remarcado el apoyo a la empresa familiar y a las pymes, con 49,3 millones en ayudas dentro de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028 y la movilización de más de 200 millones a través del Instituto Valenciano de Finanzas en 2025.
En cuanto a simplificación administrativa, ha destacado la aprobación del Decreto Simplifica, que ha permitido revisar y reducir 1.300 artículos de 170 normas, con el objetivo de combatir la “hiperregulación” y agilizar trámites, especialmente para proyectos estratégicos de inversión. Según ha afirmado, se han establecido plazos máximos de tramitación para reforzar la seguridad jurídica y atraer capital.
Finalmente, ha apuntado a los datos de empleo como aval de las políticas del Ejecutivo valenciano, con ocho meses consecutivos por debajo de los 300.000 parados y una reducción interanual del desempleo de 27.000 personas, lo que supone una caída del 8,4%.
