El PP pide la comparecencia urgente de Ximo Puig por la causa que investiga a su hermano

Ximo Puig se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su mandato

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Al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se le multiplican los frentes. A las malas noticias sobre los datos de la Covid-19 en la Comunitat Valenciana y su conflicto con Compromís por la gestión de la pandemia, ahora se le suma la polémica que ha surgido sobre su hermano, Francis Puig, quien, supuestamente, habría obtenido contratos en la televisión autonómica, À Punt, gracias a una de sus empleadas.

Desde la oposición, el PP ha pedido la comparecencia urgente de Ximo Puig por la causa que investiga a su hermano, Francis Puig.

La portavoz adjunta del Partido Popular (PP), Eva Ortiz, también ha pedido explicaciones a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana (CV) y de Castellón para saber si se ha iniciado una investigación sobre este asunto. De no ser así, Bonig ha declarado que el PPCV «se personará en la causa, y si no la hay, iniciará acciones judiciales porque entendemos que hay un posible tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación»

También ha señalado al presidente de la Generalitat Valenciana, argumentando que se está escondiendo detrás de la Covid y la borrasca Filomena para no hacer frente a esta «responsabilidad política». Lo sorprendente ha sido su agradecimiento a la Conselleria de Economía por su «disposición» y la «disposición» de À Punt por ser la primera en manifestar la incidencia.

¿Qué ha sucedido?

La productora, propiedad del hermano, ya no podrá acceder a las licitaciones de la televisión y ha sido sancionada con una multa de 16.801 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC). Organismo que ha concluido que se pactaba los precios con otras dos empresas del mismo sector, Canal Maetrat y Kriol Productions, para repartirse las ofertas que lanzaba la cadena.

Las otras dos productoras tendrán que pagar, 26.103 euros y 3.337 euros, respectivamente. Además, la CDC ha calificado este hecho como «muy grave» y ha instado a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo a que vigile el cumplimiento de la resolución.

La investigación se inició hace un año y las conclusiones se publicaron el pasado 24 de noviembre de 2020. Esta incluye algunos fragmentos de las conversaciones entre los empresarios en las que se demuestra que tenían acceso a las licencias, gracias a una trabajadora de la televisión, antes de ser compartidas a todo el público.

El total de los lotes repartidos entre las tres productoras suma 84.380 euros: el primero de 24.200 euros, el segundo de 36.300 y un tercero por 33.880 euros.