Los recursos por la adjudicación de las ambulancias catalanas apuntan infinidad de irregularidades

El concurso de transporte sanitario catalán ha embarrancado. El aluvión de recursos presentados el viernes contra la adjudicación, la más importante de la presente legislatura (está valorada en 2.000 millones de euros), muestra un sinfín de críticas por aspectos de lo más diverso. Modelos de vehículo no válidos; con exceso de carga permitida; y disponibilidad comprometida. Otros escritos apuntan a factores como la insolvencia económica de las virtuales ganadoras o el incumplimiento del convenio colectivo. Por encima de todos, destaca el incumplimiento de normativa europea en el transporte sanitario. 

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic debe resolver ahora los siete recursos que afectan a nueve lotes de trece en total. Mientras tanto, las críticas apuntan al CatSalut y al consejero del ramo, Boi Ruiz. Esta semana, en el pleno del Parlament, está previsto que se debata sobre esta licitación que desde el comienzo ha estado recubierta de sombras. Ni el compromiso de todos los partidos en el hemiciclo, un pacto firmado en comisión, ha evitado que se repitieran los problemas que ya aparecieron en 2006.

Dos meses de plazo 

Los recursos han sido presentados por empresas históricas del sector –Ambulancias Sanjuan, Centre d’Ambulàncies Baix Ebre, o Ambulàncies Reus, entre otras–, que desde hace meses, cuando apareció la primera valoración de las ofertas por parte del CatSalut, empezaron a afilar los cuchillos. El Tribunal de Contratos tiene ahora dos meses de plazo para enderezar el entuerto y evitar que el caso se convierta en un quebradero de cabeza como la privatización de ATLL.

Las críticas señalan a la principal ganadora, Transport Santari Català, ganadora de siete lotes (la mitad de ellos en colaboración con otras firmas mediante UTE). También se apunta a las otras dos ganadoras (Egara-Lafuente y Falck) e incluso a empresas que han quedado fuera de la adjudicación.

Críticas a TSC 

La compañía habría presentado en su oferta vehículos sobre los cuales en ese momento no tenía disponibilidad, puesto que ya estaban adscritos a otro servicio. En concreto, el de transporte sanitario terrestre no urgente de Aragón.

Otro aspecto donde podrían existir irregularidades es que los vehículos de algunas ofertas de TSC no disponen de la documentación válida –el informe ensayo– que demuestra que las ambulancias cumplen los requisitos. En este sentido, los recursos destacan que esos vehículos superan la masa de reserva (el peso de equipamiento adicional de la ambulancia,), con lo que se incumpliría normativa europea. Esta problemática ya se detectó en la última licitación y obligó a parar el proceso durante meses.

Críticas a Egara-Lafuente y Falck

Las críticas contra Egara-Lafuente, vencedora de tres lotes, también se refieren a elementos técnicos y de calado. No se ha acreditado la disponibilidad efectiva de los vehículos pero, lo que podría ser más grave, se han arrendado furgones para los que el contrato público suscrito no contempla la posibilidad de transformación. Los recursos también aseguran a que los vehículos de Egara-Lafuente también incumplirían la masa de reserva que fija la UE.

Sin embargo, hay otro tipo de quejas. Se centran en la supuesta insolvencia económica de la firma. Señalan que ambas empresas tienen un fondo de maniobra muy reducido, lo cual implca dificultades para financiar sus actividades a corto plazo, sin contar las posibles tensiones de tesorería. Eso no es un incumplimiento de los pliegos pero si se suma al hecho de que ninguna de las dos compañías ha sido auditada pese a que la Ley de Contratos del Sector Público lo exige, despierta dudas a sus competidores. 

En el caso de Falck, la multinacional danesa que en un principio se erigió como la gran ganadora de la licitación, sus debilidades son técnicas. En este sentido, se apunta a que sus vehículos no están matriculados en España y no disponen de fichas técnicas. Tampoco dispone de los informes de ensayo.