Unicaja, a la Audiencia Nacional por un plan de carrera que afecta a más de 3.000 empleados
El sindicato Cesica ha presentado la demanda y Suma+T se ha unido al conflicto, mientras la entidad acumula ya varios litigios abiertos con sus trabajadores

El consejero delegado de Unicaja Banco, Isidro Rubiales. Jesús Hellín / Europa Press
Unicaja se enfrenta a un nuevo frente judicial en plena reestructuración de su plantilla, después de que el sindicato Cesica haya presentado este jueves una denuncia ante la Audiencia Nacional por la implantación unilateral de un plan de carrera profesional. La medida, según los sindicatos, afecta a más de la mitad de los casi 7.000 empleados.
El plan de carrera ya fue uno de los puntos debatidos en la negociación colectiva celebrada entre febrero y marzo de este año. Entonces, Unicaja intentó pactar su aplicación junto a otros asuntos como las salidas incentivadas, la homologación salarial o las aportaciones al plan de pensiones.
Sin embargo, el proceso concluyó sin acuerdo y la entidad optó meses después por implantarlo de manera unilateral, lo que ha desencadenado ahora la vía judicial.
Cesica ha denunciado, específicamente, que el banco «ha modificado condiciones y carreras profesionales centrados en sus intereses, sin concesiones y sin acuerdo con los sindicatos». Y ha acusado también a la dirección de aplicar normas sin contar con la representación legal, lo que a su juicio supone «un retroceso en los derechos de la plantilla».
Por su parte, Unicaja, tras la consulta de este periódico, ha declarado que lo que denomina ‘Plan de Desarrollo de Talento’ pertenece a su plan estratégico 2025-2027 y que tiene «el objetivo de favorecer el crecimiento profesional de su personal.» Además, ha defendido que «mejora las previsiones del convenio colectivo y en modo alguno recorta derechos a la plantilla».
Suma+T se suma al conflicto
Fuentes de Cesica han explicado que este mes agosto Unicaja ha implantado nuevos puestos de trabajo y funciones «para una inmensa mayoría de la plantilla». Y han añadido: «Consideramos que el cambio es sustancial, no trivial, y que no se ha hecho conforme a derecho, por lo cual no debería ser válido». La demanda colectiva se ha interpuesto en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Según los cálculos sindicales, la medida afecta a más de 2.000 empleados en los servicios centrales y a una parte significativa de la red comercial. «Estamos hablando de por encima del 50% de la plantilla, quedándonos muy cortos en la estimación», han asegurado esas mismas fuentes.
Pero la denuncia ya no se limita a Cesica, porque el grupo sindical Suma+T ha confirmado su adhesión al plan. En un comunicado hecho público este jueves, la organización ha asegurado que va a «plantar cara por modificación sustancial de condiciones de trabajo, presentando las primeras demandas en los juzgados».
Un conflicto con antecedentes
En la última negociación colectiva, la entidad buscó al mismo tiempo cerrar un plan de salidas, la homologación salarial y la integración de planes de pensiones, decidió avanzar unilateralmente en varios frentes tras el fracaso del diálogo.
El sindicato CSIF ya denunció entonces que la compañía había actuado de forma precipitada, incorporando propuestas de última hora de otros sindicatos que, desde su perspectiva, «en realidad perpetuaban diferencias salariales».
También desde Suma+T se criticó el endurecimiento de las condiciones para los trabajadores que se acogieran a las salidas voluntarias, al fijar indemnizaciones en el 73% del salario neto y limitar su cobertura a los 63 años.
Sucesión de litigios
La nueva denuncia se suma a otros procesos judiciales que Unicaja tiene abiertos con su plantilla. El pasado mes de abril, CSIF presentó una demanda ante la Inspección de Trabajo reclamando 17,5 millones de euros en aportaciones pendientes al plan de pensiones de los trabajadores procedentes de Liberbank.
La central sindical denunció que, tras más de una década de conflicto, el banco había incumplido compromisos de pago que afectan a unos 2.500 empleados. Aunque la entidad ofreció abonar la mitad del importe y rebajó las condiciones de rentabilidad exigidas, la propuesta fue rechazada al ser considerada «insuficiente».
El conflicto se originó, inicialmente, en el ámbito de Liberbank y previamente a su integración en Unicaja. El banco asturiano suspendió temporalmente las aportaciones al plan de pensiones de empleados, condicionando su restitución a un indicador financiero.
Este debía redefinirse mediante negociación, pero no se llegó a acuerdo antes de la fusión. Tras la integración, Unicaja inició nuevas negociaciones para establecer dicho indicador, pero ninguna de sus propuestas ha sido aceptada por la representación sindical desde entonces.