Moreno minimiza la advertencia de Bruselas y sigue adelante con los regadíos de Doñana
El comisario europeo avisa al Gobierno andaluz que "va en sentido contrario" aunque se abre a estudiar "la documentación" mientras que la vicepresidenta Ribera pide que el PP retire el texto
Sin intermediarios, ni cartas, ni administraciones interpuestas. La Comisión Europea ya ha escuchado directamente la postura del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla en relación a la propuesta de regularización de los regadíos del entorno de Doñana, es decir, otorgar derechos de riego a aquellas explotaciones agrícolas que llevan extrayendo agua del acuífero que alimenta los humedales de Doñana y también los cultivos de aquellas explotaciones que sí están reconocidas y autorizadas por las administraciones. Y, a grandes rasgos, su postura sigue siendo la misma: «va en sentido contrario».
A petición del Ejecutivo autonómico a través de su delegación en Bruselas, este lunes se han reunido el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. Cada interlocutor hace una lectura distinta del encuentro.
En un comunicado, extenso y contundente a decir de la opinión que para la prensa que cubre las instituciones europeas merece el texto compartido por el equipo de Sinkevicius, la Comisión insiste en que está «profundamente preocupada» por la legislación andaluza propuesta porque, si se aprueba como se ha propuesto, «podría degradar el humedal protegido de Doñana» aunque concede, de manera breve al final de su texto, que «evaluará cuidadosamente las aclaraciones proporcionadas en las cartas del gobierno español y del gobierno andaluz».
Por su parte, el Ejecutivo de Moreno sale de la reunión «satisfecho» y con la sensación de «haber rebajado la tensión» y sigue confiando en la aportación del resto de grupos o de agentes sociales en el trámite parlamentario de esta proposición de ley, en una cámara en la que tiene 58 diputados. Con todo, a decir de los mensajes que traslada el equipo del presidente Moreno, no tiene intención de retirar una propuesta legislativa que, a día de hoy, está nucleando la campaña electoral de este 28M.
Este domingo, el mensaje del Gobierno de España contra el plan del Gobierno andaluz ha llegado a Portugal. Desde Oporto, en el marco de la Internacional Socialista por el 50 aniversario del PSOE portugués, Pedro Sánchez ha criticado la «arrogancia de los que niegan el cambio climático».
El PSOE ha encontrado un argumento de campaña y, por su parte, el PP de Moreno, y por extensión el de Feijóo, considera que la causa Doñana es el mejor discurso para seducir el voto del campo, un electorado en el que Vox ha irrumpido con fuerza.
Sinkevicius: «Las medidas adoptadas por España no son suficientes»
Desde el registro el pasado 3 de marzo en el Parlamento andaluz de esta proposición de ley, que impulsa el PP con apoyo de Vox, la queja del Ejecutivo andaluz ha sido que el Gobierno de España, intermediario con la Comisión Europea, estaba «manipulando» y trasladando «fake news» a Bruselas sobre este proyecto de ordenación de las 700 hectáreas del entorno de Doñana que se quedaron fuera del plan de 2014. Este mismo lunes, un mensaje del equipo del consejero de Sostenibilidad comentaba que su objetivo era que «la Comisión Europea sepa la verdad sobre la proposición de ley».
Tras escuchar esta versión, Bruselas no ha matizado ni un milímetro las advertencias que venía haciendo este tiempo, acaso las ha enfatizado. En concreto, el comisario avisa que «si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000″.
En su comunicado, Bruselas ha recordado las sentencias europeas que se incumplen de manera reiterada para la protección de esta reserva de la biosfera. «La ejecución plena y oportuna de las sentencias del Tribunal de Justicia es una prioridad para la Comisión. Las medidas adoptadas hasta ahora por España, prosigue el comunicado, «no son suficientes, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en sentido contrario dirección, como se explica en nuestra carta a las autoridades españolas de 20 de marzo de 2023 (y una carta anterior de 31 de enero de 2022)».
Es decir, Bruselas, como ya viene advirtiendo la comunidad científica en su conjunto, ya avisa que aunque no entrara en vigor esta norma tal como está redactada en este momento, Doñana ya sufre severamente las consecuencias de una protección precaria, que achaca a la agricultura intensiva de la fresa y el avance urbanístico del núcleo de Matalascañas.
«Existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los estanques en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones. El proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados», expone el comunicado.
El cultivo de la fresa es el motor económico de la provincia de Huelva. Según los datos de Extenda, en 2022, se alcanzó una cifra récord de exportaciones de frutos rojos de Andalucía, con 1.300 millones vendidos al concentrar el 86% de la factura de España, con Huelva como responsable de 9 de cada 10 euros vendidos.
«Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana», sentencia el comunicado europeo.
Ribera: «No caben enmiendas, cabe la retirada»
El Gobierno andaluz, con todo, trata de minimizar el impacto de las palabras del comisario y celebra que ha explicado detalladamente todo los trabajos que está realizando en favor de la protección del parque, como las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana, tales como el cumplimiento en la construcción de importantes infraestructuras de depuración de aguas residuales, «que ya provocó una multa millonaria de la UE a España. Un problema heredado que encontramos al llegar al Gobierno y que hemos solucionado en cuatro años», expone el equipo del Gobierno autonómico.
El Gobierno de España también ha hecho su lectura de esta reunión y para Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica, «ya no hay excusas» por lo que pide al Ejecutivo de Moreno que «retire el texto». «Es imprescindible su retirada inmediata. No hay discusión ni interpretación. No caben enmiendas, cabe la retirada, no vamos a negociar ilegalidades», ha advertido la ministra, que ha recordado en sus declaraciones las multas a las que se podría enfrentar España por la propuesta impulsada por el equipo de Moreno.
Cabe recordar que este proyecto estaba en el programa electoral con el que el Partido Popular de Juanma Moreno se hizo con una inédita mayoría absoluta en las pasadas elecciones y con el que ganó, por primera vez, en la provincia de Huelva, donde Ayuntamiento y Diputación están en manos del PSOE.
La propia ilegalidad de estos pozos -que son pinchazos que se hacen en el suelo para extraer agua del acuífero- hace que sea complicado cuantificar el número real de extracciones que el Ejecutivo andaluz propone ahora estudiar uno a uno, pero podrían ser unas 700 hectáreas y más de mil pozos, y que se extienden en cinco municipios: Moguer, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado, en ninguno de ellos gobierna el Partido Popular.
