Sevilla reclama un régimen especial como gran capital que ya tienen Madrid o Barcelona

El alcalde de la capital andaluza, Antonio Muñoz, pide a Gobierno y Junta el impulso de la Ley de Capitalidad para disfrutar de más competencias, inversión y autonomía en los proyectos

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla.

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla.FOTO: Pepo Herrera www.pepoherrera.com INSTAGRAM: @pepo_herrera

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quiere para la capital de Andalucía, cuarta urbe de España en términos de población, un régimen especial como gran capital del que ya disfrutan Madrid, Barcelona, y otras ciudades de rango poblacional inferior como Pamplona, Mérida, Palma de Mallorca o Logroño. Zaragoza, desde 2017, es la última de las capitales de comunidad autónoma que disfruta de esta singularidad y Valencia tiene la aplicación de la Ley de Capitalidad. En Andalucía, ninguna ciudad disfruta de esta singularidad que, grosso modo, conlleva acceso a más financiación, competencias, capacidad de inversión y autonomía a la hora de impulsar proyectos en el marco estatal.

Es decir, con esta medida Sevilla contaría con ciertos privilegios o compensaciones presupuestarias por el hecho de acoger la sede administrativa de la Junta, como refleja el Estatuto de Autonomía de Andalucía. No en vano, desde su designación como alcalde de la ciudad, Muñoz busca liderar debates que eleven la posición de Sevilla en el marco nacional, caso de la reciente propuesta de implantación de la tasa turística en la capital o la aspiración de ser sede de la Agencia Espacial Española.

Este será el gran tema que llevará el Grupo Municipal Socialista este jueves al debate extraordinario sobre el estado de la ciudad que se celebrará mañana en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para el que el alcalde espera el respaldo del resto de grupos políticos, incluida el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Se da la circunstancia de que en la capital el líder del PP es José Luis Sanz, quien, hasta su designación como candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, venía de ser alcalde del municipio de Tomares, uno de los principales núcleos poblacionales de la corona metropolitana hispalense.

No en vano, la reclamación de la aplicación de la Ley de Capitalidad es una medida que puso encima de la mesa el PSOE en tiempos del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (1999-2011) y posteriormente el PP en el mandato de Juan Ignacio Zoido (2011-2015), que incluso le llegó a granjear enconados encontronazos con su compañero de filas Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. En su etapa como alcalde, Juan Espadas, hoy secretario general del PSOE de Andalucía, metió esta propuesta en el cajón que ha abierto ahora su sucesor en el cargo, Antonio Muñoz.

El argumento principal del Ayuntamiento es que, a día de hoy, lo que se ha venido a llamar como la Gran Sevilla, la suma de la población de Sevilla con su área metropolitana, cuenta con más de 1,5 millones de habitantes, repartidos entre un 45% en la capital andaluza y un 55% en la corona de municipios en torno a la capital, alcanzando uno de los mayores datos de metropolitanización en las áreas urbanas en nuestro país, por encima del 46% de Madrid, 49% de Valencia, 41% de Málaga y tan solo el 9% de Zaragoza.

Una vez que esta propuesta se apruebe en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde elevará esta petición al Gobierno de la Junta de Andalucía, y será, de hecho, uno de los temas prioritarios en la reunión que mantendrán a la vuelta del verano con el presidente Juanma Moreno. Asimismo, fuentes municipales avanzan que ya hay «contactos» con el Gobierno de España, concretamente con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para que agilice los trámites al respecto.

En este sentido, hay dos vías para la aplicación del régimen especial. La primera, con un proceso más dilatado en el tiempo, exige el impulso en la cámara autonómica de la Ley de Capitalidad, asunto que, a priori no está en la agenda legislativa que va a llevar el Gobierno andaluz al Parlamento el próximo curso. Fuentes municipales aseguran que, en aplicación de sus competencias, el Gobierno de España puede establecer la creación de un régimen especial para Sevilla que agilice la incorporación de la capital andaluza a la nómina de ciudades españolas que ya disfrutan de esta singularidad.

Pamplona marcó la senda hace más de 20 años

De hecho, hace ya más de 20 años la comunidad autónoma de Navarra inició dicha senda al aprobar la Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona en 1997, a la que siguieron Barcelona, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, en todos estos casos, gracias a textos legislativos aprobados en sus las correspondientes cámaras autonómicas.

Dichos textos legislativos van encaminados en tres aspectos: en primer lugar, el desarrollo pleno del artículo cuarto del Estatuto de Autonomía, que permite la configuración de una comisión bilateral que establece una relación específica entre la capital y la administración autonómica.

En segundo lugar, dotar a los municipios capitales de autonomía de una línea de financiación extraordinaria que contribuya a una mejor prestación de los servicios públicos.

Y en tercer lugar, permite transferir competencias y potestades autonómicas que tienen una incidencia netamente local al gobierno de la ciudad de Sevilla con objeto de ofrecer un mejor servicio al ciudadano. El argumento es que es necesario abordar la necesidad que tiene una ciudad como Sevilla, cuarta urbe de España, en estar implicada en la gestión de servicios hasta ahora de competencia estatal pero que tienen una clara incidencia local y metropolitana.

El argumento del grupo municipal socialista es que «por su tamaño, por las obligaciones derivadas de su condición de sede de las instituciones y por su posición como eje geográfico de la región, Sevilla necesita y merece un marco jurídico especial que le garantice una mayor capacidad para impulsar proyectos de envergadura y atraer talento«.

En este sentido, el texto de la propuesta de resolución que lleva mañana el PSOE al pleno es que «el hecho de que Sevilla carezca de un régimen jurídico diferenciado coloca a la ciudad en clara desventaja frente a otras ciudades cuyas comunidades autónomas han impulsado una normativa singular que les ha dotado de mayores niveles de autonomía, incrementos en la financiación que reciben, más elevados niveles de autogobierno, un sistema de organización más ágil o mecanismos reforzados de participación ciudadana, entre otras medidas».

El PP apoya la medida pero la califica de «estrategia electoral»

Sobre esta propuesta, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado, en una nota, que Zoido abanderó la Ley de Capitalidad desde el año 2007, siendo rechazada tanto por el PSOE municipal de Monteseirín como por la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas, “por lo que esta decisión huele más a estrategia electoral que a verdadero interés en conseguirla”.

En este sentido, Sanz defiende que en el PP “siempre hemos apostado por una Ley que no discrimine al resto de capitales de provincia de Andalucía, pero que reconozca a Sevilla como capital e incluya financiación para ejercer las competencias, así como un mínimo de inversiones en infraestructura. Desde el consenso y con respeto, queremos el mismo trato de capitalidad que a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Santiago de Compostela”

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